Cuantos Años Son Cadena Perpetua En Argentina 2023

Tal como señala el Código Penal en el artículo 13, la condena a reclusión o prisión perpetua equivale a 35.

¿Cuántos años de cárcel es la cadena perpetua?

Qué diferencia a la “cadena perpetua” de la “condena perpetua” – Carlos Robledo Puch, el mayor asesino en serie del país, fue condenado a reclusión perpetua por 11 homicidios. El Código Penal fue sancionado en 1921 mediante la Ley 11.179 y entró en vigor al año siguiente. Durante casi un siglo hubo 900 reformas parciales, o “parches”, y en los últimos años, los gobiernos formaron sucesivas comisiones para una reforma integral.

  1. La primera presentó un proyecto en 2014, que no superó el tratamiento legislativo.
  2. La segunda, que trabajó durante 500 días desde 2017, presentó su proyecto en marzo de 2019.
  3. El Código explica las penas en los artículos 5, 6 y 7.
  4. El primero de ellos dice: “Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación”.

El siguiente aclara que “la pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto”. Y el artículo 7, que “los hombres débiles o enfermos y los mayores de 60 años que merecieren reclusión sufrirán la condena en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine la dirección del establecimiento”. “Cadena perpetua” se trata de mantener en la cárcel a un condenado de por vida. Foto: Pexels. Aunque el término reclusión implica un mayor rigor que la prisión, en la práctica, es lo mismo ya que, como explica la Real Academia Española al referirse a ” cadena perpetua ” se trata de mantener en la cárcel a un condenado de por vida,

Sin embargo, en la Argentina, salvo contadas excepciones, tampoco la perpetua significa esto. El artículo 13 del Código establece que “el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena () podrá obtener la libertad por resolución judicial” bajo una serie de condiciones.

La más destacada: no cometer un nuevo delito. En otras palabras, una persona condenada a perpetua pasará un máximo de 35 años en la cárcel, Sin embargo, el artículo 52 habla de una excepción porque dice que “se impondrá reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple”.

¿Qué significa de 25 años a cadena perpetua?

La cadena perpetua es un tipo de condena que se establece contra un delito grave y consiste en la privación de la libertad por tiempo indefinido.

¿Qué significa 15 años a cadena perpetua?

Pena que supone el encerramiento de un condenado de por vida en una prisión.

¿Cuántos años de cárcel le dieron a Thomsen?

Qu dice la carta de Mximo Thomsen, desde la crcel? – Mximo Thomsen fue uno de los cinco rugbiers que recibieron la pena de prisin perpetua, Al conocer la sentencia, no solo se desmay en la sala de audiencias del tribunal de Dolores, sino que tambin present fuertes sntomas de depresin.

En la ltima semana, se conoci una carta que escribi desde el penal en la que aclaraba que “siente claustrofobia y que lo disculpen”, Esto se debi a las reiteradas patadas que el condenado le dio a la celda en donde se encuentra detenido. Recin logr calmarse cuando fue visitado por un pastor, quien le entreg una Biblia como material de lectura.

Por lo pronto, l permanece en Melchor Romero. No obstante, se estima que sea uno de los condenados que no seguir su condena en el penal de Campana, como anhela su familia y el resto de los rugbiers, sino que pase a una crcel de mxima seguridad.

¿Cuál es la pena máxima en Argentina?

Argentina – En Argentina, el Código Penal establece dos tipos de penas de encierro llamadas, reclusión y prisión, siendo las condiciones de encierro de la primera más rigurosas que la segunda. El Código contempla las penas de reclusión perpetua y prisión perpetua para los delitos de homicidio agravado (art.80), abuso sexual en el que resultara la muerte de la víctima (art.124), desaparición forzada de personas agravada (art.142 ter), torturas en las que se causara la muerte (art.144 ter) y traición a la patria (art.214).

  • La condena máxima en Argentina es de cincuenta (50) años.
  • El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años de condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad por resolución judicial bajo ciertas condiciones que establece la ley penal (art.13 CP).

Para obtener la libertad condicional uno de los requisitos es no ser reincidente (art.14 C.P.) y a partir de la reforma del 2017 no haber cometido los delitos gravísimos enumerados en el artículo 14 del Código Penal (homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privaciones de libertad, robos y torturas en los que resultare muerte, terrorismo, trata de personas, narcotráfico y delitos aduaneros más graves).

  1. Una vez revocada la libertad condicional, no se puede volver a obtenerla (art.17 C.P.).
  2. ​ Además de ello, existe en el Código Penal argentino la figura de “reclusión por tiempo indeterminado” en casos de reincidencia múltiple (art.52 C.P.), que deja al arbitrio de los jueces, conforme a los informes de prisión y evaluaciones periciales si el recluso está o no en condiciones de ser liberado.

Carlos Eduardo Robledo Puch es la persona que más tiempo ha estado y está en prisión. Se encuentra detenido desde 1972 y, actualmente, continúa preso.

¿Cuál es la cadena perpetua en Argentina?

El concepto de ‘cadena perpetua’, ya en desuso, hace referencia por un lado a la ‘perpetuidad’ de la pena, que según el diccionario refiere a algo ‘que dura siempre o mucho tiempo’.

¿Cuál es la pena máxima en Colombia 2023?

Para argumentar su decisión, el alto tribunal señaló que ese aumento “vulnera el derecho a la dignidad humana”. Colprensa/Álvaro Tavera. El 10 de febrero de 2023 se conoció que la Corte Constitucional tumbó la modificación al artículo 37 del Código Penal que hizo la Ley 2197 de 2022 para que en Colombia la pena máxima de cárcel fuera de 60 años.

  • Para argumentar su decisión, el alto tribunal señaló que ese aumento “vulnera el derecho a la dignidad humana”, advirtiéndole al Congreso de la República que se debe tener en cuenta, para este tipo de iniciativas, el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) del sistema carcelario en el país.
  • El Legislador no valoró elementos empíricos que dieran cuenta de la proporcionalidad y razonabilidad del referido aumento de cara a prevenir la comisión y la reincidencia en el delito”, se puede leer en la sentencia C-014 de 2023.

En la misma sentencia se dejó claro que 50 años es el “máximo de la pena de prisión en Colombia”. Esta decisión se tomó al estudiar una demanda contra la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, del gobierno de Iván Duque. Te puede interesar: Tribunal de Bogotá envió a niña abusada una conmovedora carta: “Tú no hiciste nada malo” En la decisión de la Corte Constitucional, que se tomó adoptando la ponencia de la magistrada Pola Meneses, se recuerda que en la sentencia C-383 de 2022, al determinarse el Estado de Cosas Inconstitucionales, quedó establecido que la imposición y ejecución de la sanción no pueden implicar el desconocimiento de la dignidad humana.

Ante esto”el Legislador debe tener en cuenta que la jurisprudencia ha declarado que existe una violación masiva y generalizada de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad perpetuada por el manejo histórico de la política criminal que desconoce su dignidad y les impide alcanzar el fin resocializador de la pena”.

Así mismo, en la sentencia se puede leer que al revisar el trámite de la ley que modificó el artículo 37 del Código Penal, “la Sala no encontró que en el debate democrático se haya tomado en consideración el marco de referencia que la jurisprudencia constitucional ha planteado frente al ECI en materia penitenciaria”.

Te puede interesar: Sigue el enfrentamiento entre la Procuradora y el Presidente: Margarita Cabello aseguró que Gustavo Petro “quiere incumplir una orden constitucional” Por lo que concluyó el alto tribunal que “lo más apropiado era retomar el tope previsto antes de la modificación introducida por la Ley 2197 de 2022″.

De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Justicia en la reforma de humanización de las cárceles, y que será discutida en el Congreso, la pena máxima de prisión en Colombia tiene que ser de 40 años, tal como era antes de 2004, cuando la Ley 890 la aumentó a 50 años.

Tope que el gobierno de Iván Duque aumentó a 60 años con la Ley 2197 de 2022 y que tuvo efectos hasta el 9 de febrero, cuando la Corte Constitucional tumbó esta modificación. Te puede interesar: Gobierno sigue sin oficializar la emergencia social y económica en La Guajira: cuándo emitirá los decretos En la exposición de motivos de la reforma, el Gobierno nacional plantea que estos incrementos en las penas han fallado en su propósito de disuadir la comisión del delito, ya que “se ha observado que no existe evidencia empírica que permita afirmar que tales incrementos punitivos han tenido un impacto en evitar la comisión de las conductas más graves”, argumentó el Ejecutivo.

Otro de los artículos que se cayó en la Corte Constitucional es el que tiene que ver con el avasallamiento; es decir, la ocupación de un inmueble por vía pacífica o violenta. Al respecto, esta ley estipulaba que quien impidiera el cumplimiento de alguna función pública debía cumplir una pena de entre 36 y 60 meses de cárcel.

  • El magistrado Jorge Ibáñez, sin embargo, hizo una precisión en este apartado, pues no estuvo de acuerdo con hundir este inciso al asegurar que la ocupación de bienes inmuebles configuran un acto de intimidación contra la ciudadanía.
  • Otro artículo de esta ley que tumbó el órgano judicial hacía mención a quienes cometan crímenes contra integrantes de la fuerza pública, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues establecía que para ellos habría la pena más alta contemplada en la legislación actual.

“La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de sesenta (60) años, excepto en los casos de concurso”, precisaba esa normativa. De igual manera, tumbó el apartado de la ley que manifestaba la penalización cuando sean empleadas máscaras o elementos similares que oculten el rostro o dificulten la identificación por parte de las autoridades.

Concretamente, la expresión “cuando la dificulten” se hundió, pues actualmente muchas personas usan tapabocas por ser época de pandemia y para prevenir otras enfermedades respiratorias. El alto tribunal también hundió el numeral 8 del artículo 21 de esta ley, el cual hacía énfasis en la agravante de las penas para quienes afecten la infraestructura destinada a la seguridad y justicia.

En total, fueron declarados inexequibles un total de diez incisos, establecidos como “cargos de inconstitucionalidad formulados en contra de varias disposiciones de la Ley 2197 de 2022 ‘por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones'”.

¿Cuántas cadenas perpetuas le dieron a Dahmer?

¿Cuál fue la sentencia de Jeffrey Dahmer? – Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas tras ser declarado culpable de 15 asesinatos, una pena equivalente a 941 años. Estuvo recluido en el centro penitenciario de Columbia, en Wisconsin, y cumplió tres años y cuatro meses de condena antes de ser asesinado.

¿Cuántos años tiene que estar en la cárcel Nahir Galarza?

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Caso Fernando Pastorizzo
Galarza en una entrevista en la cárcel para el programa El diario de Mariana en 2019.
Caso Expte. N° 31/18
Nombre completo Galarza, Nahir Mariana s/homicidio doblemente agravado
Fecha 29 de diciembre de 2017
Sentencia 3 de julio de 2018
Transcripción enlace sentencia
Jueces Maricio Derudi
Palabras clave
Homicidio, prisión perpetua

El Caso Nahir Galarza se refiere al proceso judicial argentino, caratulado en el expediente del mismo como: «Galarza, Nahir Mariana s/homicidio doblemente agravado», ​ en el que Nahir Mariana Galarza ( 11 de septiembre de 1998 ) fue encontrada culpable del asesinato de Fernando Gabriel Pastorizzo ( 3 de enero de 1997 ), ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, donde ambos residían.

¿Qué significa perpetua en la cárcel?

La prisión perpetua o, en coloquial, cadena perpetua es un castigo que obliga a la persona a estar en la cárcel toda su vida.

¿Qué diferencia hay entre reclusión y prisión?

Modo en que debe ser computado el tiempo de prisión preventiva cumplido por el recurrente con posterioridad a los dos primeros años de detención cautelar. “Para realizar el análisis del tema se partirá de las siguientes dos premisas: a) aunque el legislador no define en el Código Penal lo que entiende por reclusión y por prisión, lo que sí hace es diferenciarlas al momento de establecerlas como tipos sancionatorios, asignándoles consecuencias disímiles, por lo que cabe entender que para aquel se trata de instituciones distintas, pues no es propio de la rigurosidad de la ley escrita denominar a lo mismo con dos nombres diferentes, salvo que así se lo indique expresamente; y b) asumiendo que la diferencia entre reclusión y prisión fuera ontológica, no cabría igualarlas por factores coyunturales ajenos a la norma (tales como las condiciones concretas del alojamiento de los encausados o las limitaciones del sistema penitenciario), pues si se actuara de este modo se estaría subordinando la aplicación de la ley a la predisposición del poder administrador.

  1. Dicho de otro modo: si la reclusión es algo distinto de la prisión, habrá que analizar en qué consiste esa diferencia y, logrado esto, indagar si aquella institución encuentra sustento jurídico en el ordenamiento constitucional vigente”.”.
  2. Cuando un investigador intenta conceptualizar algo (objeto, acontecimiento, institución, etc.) que tiene un recorrido histórico suele apelar a dos métodos: i) o se remonta al origen de lo definible para indagar qué se entendía por tal en el momento augural, trayendo ese significado al presente; ii) o procura desentrañar el sentido que convencionalmente se le asigna a lo definido en la actualidad, considerándolo válido con prescindencia de todo origen histórico.

En el primer caso la etimología es la ciencia dominante, en el segundo es la ciencia a la que refiera lo conceptualizado la que impondrá su marca (en este caso la ciencia jurídica), en función del paradigma dominante en ella. A partir de estas precisiones, se analizará seguidamente a la reclusión desde una perspectiva etimológica (.) y desde una perspectiva jurídico-evolutiva,

  • Este abordaje bidimensional permitirá no solo desentrañar las raíces del término, así como los significados que ha ido asumiendo a lo largo de su derrotero histórico, sino también constatar si es compatible con nuestro ordenamiento constitucional”.A.
  • Análisis etimológico “.
  • Desde el punto de vista etimológico el término “recluir” se encuentra formado por el prefijo “re” (cabalmente, completamente) y “occludere” (cerrar, cerrar con llave); proviene del latín tardío “reclúdere” que significa “encerrar” (Corominas, Joan, “Breve diccionario etimológico de la lengua castellana”, Madrid, Editorial Gredos, 1961, págs.484 y 160).

La voz “reclusión” ha sido utilizada para referenciar a) la entrada de una persona “en una orden monástica, sujeta a clausura”; b) el “aislamiento o retiro”; c) el “internamiento en manicomio”; y d) la “condena a una larga pena privativa de libertad con tal denominación, la más larga y severa en su clase.” (Osorio, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, 34° Edición Actualizada, Editorial Heliasta, pág.808; ver, asimismo, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Diccionario enciclopédico de derecho usual”, Ed.

  1. Heliasta, 2008, 30° edición Tomo R-S, pág.42, y Victorica, Ricardo, “Tercer diccionario de jurisprudencia”, Buenos Aires: N.
  2. Rondinone, 1939, pág.362).
  3. De modo que, aclarado que la reclusión no solo involucra encerramiento por un mandato judicial, desde una perspectiva estrictamente jurídica “recluir” implica “encerrar a alguien en un sitio para privarle de libertad.”, así como “retener, forzar a alguien a estar en un sitio sin salir de él” (Moliner, María.

Diccionario de uso del español, Gredos: Madrid, 1994), remarcándose el carácter forzado (no voluntario) del encierro. Así entendida, la reclusión no solo sería una especie dentro del género de las penas privativas de la libertad ambulatoria, sino que sería la más grave de ellas, superior a la prisión y al arresto (Alonso, Martín.

Enciclopedia del Idioma. Diccionario Histórico y Moderno de la Lengua Española, Tomo III, Aguilar: Madrid, 1958)”. Así entendida, la reclusión no solo sería una especie dentro del género de las penas privativas de la libertad ambulatoria, sino que sería la más grave de ellas, superior a la prisión y al arresto (Alonso, Martín.

Enciclopedia del Idioma. Diccionario Histórico y Moderno de la Lengua Española, Tomo III, Aguilar: Madrid, 1958)”. El encierro como pena, y no como penitencia, aparece a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. “De esta época datan las casas de trabajo o casas de corrección, destinadas a alojar a los vagabundos, mendigos y mujeres de mal vivir, con el fin de hacer de ellos personas útiles a la sociedad, mediante una severa disciplina y el hábito del trabajo.

La pena de prisión tuvo originariamente como finalidad la prevención especial, mediante la corrección de los delincuentes, pero bien pronto se dejó de lado ese objetivo y se convirtió a las cárceles en verdaderos depósitos. en los que convivían hacinados, ociosos y en una promiscuidad corruptora, condenados, procesados, hombres, mujeres, menores, dementes, etcétera” (Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XXIII, Driskill SA: Buenos Aires, 1979, págs.160/161).

El sórdido cuadro de las prisiones de mediados del siglo XVIII, sin luz ni aire, con población enferma, deficientemente alimentada y maltratada, inspiró que -en forma gradual- se fueran impulsando reformas en materia de higiene, alimentación, trabajo, educación, disciplina e instalaciones diferenciadas para distintos tipos de internos.

Así, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comenzó a implementarse el modelo celular, basado en el encerramiento solitario. El aislamiento carcelario no nació con contenido sancionatorio, sino como parte de un nuevo régimen penitenciario que pretendía mejorar las condiciones de detención, en contraposición con el hacinamiento promiscuo que caracterizaba a la realidad penitenciaria de la época.

Desde el plano institucional, esta nueva forma de organizar las prisiones pretendía mejorar la gobernabilidad de las unidades penitenciarias, reduciendo la conflictividad interna (v.gr. el panóptico de Jeremy Bentham). Mientras que, en el plano individual, proponía un abordaje con resabios propios del encierro penitente, destinado a lograr el arrepentimiento.

  • En rigor, “(l)a idea disciplinaria era fragmentar la personalidad del encarcelado, para luego reconstruirlo a imagen y semejanza de un ser ´civilizado´” (Righi, Esteban.
  • Teoría de la Pena, Ed.
  • Hammurabi, Buenos Aires, 2001, pág.242).
  • De acuerdo con Michel Foucault, el encierro expresa “la ruptura de toda relación que no estuviera controlada por el poder” y, en ese marco, importa el “aislamiento del penado respecto del mundo exterior” y también el “aislamiento de los detenidos los unos respecto de los otros”.

Por un lado, el aislamiento contribuía a “sofocar las conjuras y los motines que puedan formarse, impedir que se urdan complicidades futuras o que nazcan posibilidades de chantaje., obstaculizar la inmoralidad de tantas ´asociaciones misteriosas´” y, por el otro, “la soledad debe ser instrumento positivo de reforma.

  • Por la reflexión que suscita, y el remordimiento que no puede dejar de sobrevenir: ´Sumido en la soledad, el recluso reflexiona.será en el aislamiento donde el remordimiento vendrá a asaltarlo´”.
  • Según el autor, el aislamiento aseguraba “el coloquio a solas entre el detenido y el poder que se ejerce sobre él” (Foucault, Michel.

Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo Veintiuno Editores SA, Buenos Aires, 1989, págs.239/240 y 242). Con la aparición de aquellos primeros modelos de aislamiento, surgió la discusión sobre distintos sistemas de encarcelamiento: “El modelo de Auburn prescribe la celda individual durante la noche, el trabajo y las comidas en común, pero bajo la regla del silencio absoluto, no pudiendo hablar los detenidos más que a los guardianes, con su permiso y en voz baja.

Referencia clara al modelo monástico; referencia también a la disciplina de taller.”. En contraposición “.en el aislamiento absoluto -como en Filadelfia-, la readaptación del delincuente. la relación del individuo con su propia conciencia.Solo en su celda, el detenido queda entregado a sí mismo; en el silencio de sus pasiones y del mundo que lo rodea, desciende a lo profundo de su conciencia.En la prisión pensilvana, las únicas operaciones de corrección son la conciencia y la muda arquitectura con la que se enfrenta.” (Foucault, Michel.

Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo Veintiuno Editores SA, Buenos Aires, 1989, págs.240/241). Finalmente, por distintos motivos que no es del caso analizar en esta instancia, aquellos modelos carcelarios también fueron abandonados”.”.

  1. En síntesis, el análisis etimológico de la noción de reclusión, juntamente con un breve repaso histórico de su genealogía, permiten concluir que la institución remite a una forma de sanción penal caracterizada por el encierro prolongado con el correspondiente aislamiento del recluso.
  2. Precisada etimológicamente, corresponde ahora analizar si la reclusión es compatible con los estándares constitucionales vigentes en materia de derechos humanos”.”.

en el texto constitucional de 1853/1860 se fijaron límites básicos al poder punitivo estatal (cfr. artículos 17 y 18, en materia de confiscación de bienes, pena de muerte por causas políticas, tormentos y azotes, entre otros). En lo que aquí interesa, el artículo 18 de la Constitución Nacional reguló la prohibición de “toda especie de tormento y los azotes”, garantía que se proyecta como límite a la sanción penal.

En esa orientación, y con específica referencia a las penas privativas de la libertad, la citada norma precisó: “(l)as cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

No cabe duda que mediante esta disposición quedó constitucionalmente reconocido el derecho a un trato digno y humano de las personas privadas de su libertad y, también, la tutela judicial efectiva que garantiza el cumplimiento de este derecho. Ahora bien, las citadas directrices constitucionales encuentran subrayado sustento en los documentos fundantes del derecho patrio argentino y en los proyectos constitucionales que sirvieron como antecedentes a la Constitución Nacional de 1853.

  1. En ellos, ya se prohibían las penas corporales y toda medida que conlleve una mortificación de los detenidos, extraña a la pena impuesta (cfr.
  2. Asamblea del Año XIII en Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Aires: desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de diciembre de 1840, Volumen 1, Imprenta del Estado, 1836, página 24; artículo 160 del proyecto de Constitución del 27 de enero de 1813; artículo 28 del proyecto de la Constitución de la Comisión Ad hoc; artículo 204 del proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica (1813); artículo 51 del proyecto de Constitución de carácter federal (1813); artículo XVII del Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado formado por la Junta de Observación nuevamente establecida en Buenos Aires el 5 de mayo de 1815, en: Tratados de los Estados del Río de la Plata y constituciones de las repúblicas sud-americanas Florencio Varela, 1848, página 351; artículo 1°, 14 del Estatuto Provisional de 1816, pág.367; artículo 11 del Reglamento de 1817 del 3 de diciembre de 1817, en: Archivo General de la Nación, Sección Documentos Escritos.

Colección Jorge A. Echayde, Sala VII, 7-8-14). En aquellos documentos y en los proyectos sucesivos, se estipuló que las cárceles no debían ser para castigo sino para seguridad de los reos y que correspondía sancionar a las autoridades que los mortificaren (cfr.

artículo 118 del proyecto de Constitución de 1818, en: Archivo General de la Nación, Sección Documentos Escritos, Congreso General Constituyente 1816-1819, Legajo 7, Documento 171; artículos CXVII y CXXXVIII de la Constitución de las Provincias Unidas de Sud-América, sancionada y mandada a publicar por el Soberano Congreso General Constituyente el 22 de abril de 1819, Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, 1819; artículo 170 de la Constitución de la República Argentina sancionada por el Congreso General Constituyente el 24 de diciembre de 1826.

Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1826; y el artículo 19 del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, en: Bases y Puntos de partida para la organización política de la República Argentina, 1852)”.”. las penas crueles, inhumanas, degradantes, infamantes o inusitadas quedaron definitivamente prohibidas por el bloque de constitucionalidad incorporado a partir de la reforma de 1994, conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (cfr.

artículo 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 5° incisos 2° in fine y 6° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 10 incisos 1° y 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 1° de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; entre otras disposiciones).

No obsta a esta conclusión la mención, en el artículo 69 de la Constitución Nacional, de sanciones infamantes o aflictivas al regular la inmunidad de arresto de los Diputados y los Senadores de la Nación. A los fines interpretativos, en la ponderación de las dos normas en juego -artículos 18 y 69 de la Constitución Nacional- deben prevalecer las pautas brindadas en la primera parte de la Ley Suprema, que se proyectan sobre el diseño de la estructura de poder diagramado por el constituyente.

En efecto, “los principios de la parte dogmática valen para la parte organizativa de la Constitución, pues no se admite discontinuidad o solución de continuidad alguna en la interpretación orgánica del texto, conforme a sanos principios del saber jurídico, o sea, la reconstrucción dogmática interpretativa proveedora de un sistema de decisiones lógicamente completo y no contradictorio” (Fallos: 328:566, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni)”.”.

a la luz de las directrices constitucionales reseñadas en los considerandos precedentes, cabe concluir que la reclusión, entendida -desde el punto de vista etimológico- como el encerramiento sine die del individuo en total aislamiento, sin que existan razones de salubridad o seguridad que -por propia protección y/o de terceros- lo justifiquen, resulta incompatible con el ordenamiento jurídico argentino.

Si todo encierro ya entraña, per se, para quien lo padece, un severo cercenamiento al contacto social, en tanto queda limitado al conjunto de personas que habitan, trabajan y/o visitan el acotado mundo carcelario; el aislamiento total e indefinido del recluso conlleva la clausura de la dimensión social que es constitutiva de todo ser humano”.

En tales condiciones, de conformidad con las pautas normativas expresadas en los considerandos precedentes, cabe concluir que la persona que -a los fines de ser sancionada penalmente- es recluida en aislamiento absoluto, vedada de todo contacto humano, por el tiempo que dure la pena impuesta o -sin llegar a ese extremo- por períodos inusitadamente prolongados, estaría siendo sometida a una condición incompatible con los estándares jurídicos de rango constitucional vigentes en nuestro país”.B.

  • Análisis jurídico evolutivo “.
  • Corresponde ahora analizar a la reclusión desde una perspectiva jurídica, entendiendo por tal a la forma en que el ordenamiento normativo argentino receptó y reguló a la institución de marras a través del tiempo.
  • El Código Penal argentino denomina con la misma expresión a tres institutos que difieren, entre sí, en su naturaleza y finalidad: a) la reclusión como una de las dos penas privativas de la libertad, siendo la otra la prisión (artículos 5 y 6 del Código Penal); b) la reclusión como encarcelamiento de inimputables que han cometido delitos (artículo 34 inciso 1°, párrafos segundo y tercero del Código Penal); y c) la reclusión por tiempo indeterminado como sanción accesoria de la última condena (artículo 52 del Código Penal).

A los fines del presente análisis, cabe subrayar que la cuestión planteada sub examine remite únicamente a la primera de las tres acepciones jurídicas de la reclusión, esto es, a la pena privativa de la libertad, por lo que sobre ella versará el análisis que sigue, con total exclusión de la reclusión de los inimputables y de la accesoria por tiempo indeterminado”.”.

A diferencia de lo que se desprende de la perspectiva etimológica, en la que la reclusión refería excluyentemente al aislamiento, en la panorámica jurídica esa vinculación no existe. Más aun; el aislamiento está previsto y regulado dentro del ámbito penitenciario, como una medida cautelar de seguridad, o disciplinaria por tiempo limitado (cfr.

artículos 82 y 87 incisos e y f de la ley 24.660), pero no como una pena codificada. Dicho de otro modo: ni la reclusión como pena establecida en el Código apareja aislamiento sine die, ni el aislamiento previsto legislativamente en el ámbito disciplinario penitenciario constituye una sanción penal”.”.

Para entender la evolución estrictamente jurídica de la institución de la reclusión, resulta conveniente formular una breve reseña de los antecedentes del actual Código Penal, que permitan entender el modo en el que quedó finalmente incorporada como sanción en el derecho vigente. Desde el proyecto de Carlos Tejedor y hasta la sanción del Código Penal en 1921 (ley 11.179), el proceso legislativo nacional en materia sancionatoria se caracterizó, en un principio, por una profusa diversidad de penas en general (v.gr.

destierro, inhabilitación, destitución, multa, deportación, entre otras) y de penas privativas de libertad ambulatoria en particular (v.gr. presidio, penitenciaría, arresto, prisión, entre otras). Durante este proceso previo a la sanción de la ley 11.179, bajo los mismos rótulos, las distintas penas fueron mutando sus implicancias punitivas, atemperando su severidad y -por vía de supresión o subsunción- menguando y simplificando el catálogo de sanciones.

El Código de Carlos Tejedor (1865/68) concebía cuatro penas privativas de la libertad: presidio, penitenciaría, prisión y arresto. Entre ellas, mientras el presidio era entendido como una pena ejemplar y de escarnio, por la incorregibilidad del condenado (“los sentenciados a presidio trabajarán públicamente en beneficio del Estado, llevarán una cadena al pie, pendiente de la cintura, o asida a la de otro penado, serán empleados en trabajos exteriores duros y penosos, como construcciones de canales, obras de fortificación, caminos y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento.”), la penitenciaría asumía una función reformadora (“los sentenciados a esta pena la sufrirán en las penitenciarías donde las hubiese, o en establecimientos distintos de los presidios, con sujeción a trabajos forzosos dentro de ellos mismos, y sin cadenas, exceptuando el caso de temerse seriamente la evasión.”) (citados por Neuman, Elías, “Artículos 5°/11”, en: Baigún, David.

Zaffaroni, Eugenio (dir.). Terragni, Marco (coord.), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi: Buenos Aires, 1997, Tomo I, pág.117; ver artículos 90, 96 y 104 del Código Penal de la Provincia de Buenos Aires sancionado en 1877 en: Digesto de Codificación Penal Argentina, Tomo 1, Buenos Aires: A-Z, 1985).

El Código de Carlos Tejedor (1865/68) concebía cuatro penas privativas de la libertad: presidio, penitenciaría, prisión y arresto. Entre ellas, mientras el presidio era entendido como una pena ejemplar y de escarnio, por la incorregibilidad del condenado (“los sentenciados a presidio trabajarán públicamente en beneficio del Estado, llevarán una cadena al pie, pendiente de la cintura, o asida a la de otro penado, serán empleados en trabajos exteriores duros y penosos, como construcciones de canales, obras de fortificación, caminos y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento.”), la penitenciaría asumía una función reformadora (“los sentenciados a esta pena la sufrirán en las penitenciarías donde las hubiese, o en establecimientos distintos de los presidios, con sujeción a trabajos forzosos dentro de ellos mismos, y sin cadenas, exceptuando el caso de temerse seriamente la evasión.”) (citados por Neuman, Elías, “Artículos 5°/11”, en: Baigún, David.

Zaffaroni, Eugenio (dir.). Terragni, Marco (coord.), Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi: Buenos Aires, 1997, Tomo I, pág.117; ver artículos 90, 96 y 104 del Código Penal de la Provincia de Buenos Aires sancionado en 1877 en: Digesto de Codificación Penal Argentina, Tomo 1, Buenos Aires: A-Z, 1985).

A diferencia de la prisión, las penas de presidio y penitenciaría constituían -en este esquema- penas severas e infamantes cuyo cumplimiento importaba realizar trabajos rudos y -en el caso del presidio- la exhibición pública, destinada a exponer la infamia de quien había cometido un delito. Las cuatro penas concebidas en el Código Tejedor fueron recogidas, mayormente, por los proyectos posteriores, aunque no sin variaciones (cfr.

artículo 54 del proyecto de Villegas, Ugarriza y García de 1881; artículo 54 del Código Penal de 1886; artículo 9 del proyecto de Piñero, Rivarola y Matienzo de 1891; artículo 44 del proyecto de Segovia de 1895 y artículo 4° del proyecto de Código Penal de 1906).

Desaparecerían los trabajos forzados y, a partir del proyecto de 1891, la nómina había quedado reducida a las penas de presidio y penitenciaría, con la sola excepción del proyecto de 1906, que llamaría prisión a la penitenciaría y reinstauraría -fugazmente- la pena de arresto (ver: De la Rúa, Jorge.

Código Penal Argentino. Parte General, Depalma, Buenos Aires, 1997, págs.98/105, 121/164; Righi, Esteban, Derecho Penal Parte General, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2008, págs.20/23; Zaffaroni, E.R., ob. cit., págs.896/897; Neuman, E., ob. cit., págs.115/118)”.”.

  1. El Código Penal de 1921 no incluye al presidio ni a la penitenciaría reduciéndose las penas privativas de libertad ambulatoria a la reclusión y la prisión (artículo 5°) y estipulándose que la primera sea más gravosa que la segunda (artículo 57).”.
  2. El Código Penal de 1921 no incluye al presidio ni a la penitenciaría reduciéndose las penas privativas de libertad ambulatoria a la reclusión y la prisión (artículo 5°) y estipulándose que la primera sea más gravosa que la segunda (artículo 57).

De acuerdo con esas disposiciones, la diferencia entre ambas penas consiste en que los reclusos pueden ser empleados en toda clase de trabajos públicos, mientras que los condenados a prisión solo pueden realizar labores dentro del establecimiento carcelario.

Esta diferencia, que quedó plasmada en el texto del Código Penal vigente, se corresponde con la distinción que existía entre la pena de presidio y de penitenciaría en el Código de Carlos Tejedor, por el carácter público del trabajo penitenciario. En igual sentido, la doctrina ha identificado a la actual pena de reclusión con la antigua pena de presidio y a la actual pena de prisión con aspectos de las antiguas penas de penitenciaría, prisión, arresto y detención (cfr.

De la Rúa, págs.123/124 y Neuman, pág.118). Sin embargo, desde otra óptica y con la mirada puesta en el carácter infamante de las antiguas penas, el legislador de 1921 estipuló expresamente la siguiente correspondencia: “Las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales no derogadas por este código, quedan reemplazadas por las de reclusión y las de prisión y arresto por la de prisión” (cfr.

Artículo 305 del Código Penal de 1921, actualmente renumerado como artículo 316)”.”. a pocos meses de entrar el vigor el Código Penal actual, se intentó infructuosamente implementar la ejecución diferenciada de la reclusión y la prisión. El 29 de noviembre de 1922, se dispuso por decreto del Poder Ejecutivo que la pena de reclusión se cumpliría en la cárcel de Ushuaia, en tanto que la pena de prisión se cumpliría en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, ubicada en la calle Las Heras.

Al poco tiempo, el 10 de octubre de 1924, otro decreto daba cuenta de la imposibilidad de cumplimiento de estas pautas: “La aplicación estricta del Código Penal es imposible sin caer en la injusticia o contradicción con los fines elevados que la informan” (Neuman, Elías, ob.

Cit., págs.119/120). Así, más allá de cualquier diferenciación legislativa, presos y reclusos quedaron alojados en los mismos establecimientos carcelarios, bajo un mismo régimen de ejecución penal penitenciaria. Esta realidad carcelaria fue legislativamente reconocida en 1958, con la sanción de la “Ley Penitenciaria Nacional” (decreto-ley 412/58 ratificado por la ley 14.467), en la cual se estableció un régimen indiferenciado de ejecución penitenciaria para ambas penas, el cual se mantuvo en la actual “Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad” (ley 24.660), que rige desde 1996.

Al respecto, conviene remarcar que ambas normas penitenciarias constituyen ley posterior respecto del propio Código Penal (ley 11.179). De hecho, la actual legislación penitenciaria no alude a los sujetos sometidos al régimen carcelario como “reclusos” o “presos”, sino que se refiere a ellos, indistintamente, como “condenados” o “internos” (cfr.

  1. Artículos 2°, 5°, 7°, 12, 57, 61, entre otros, de la ley 24.660).
  2. Bajo esta normativa, el trabajo de los internos ha sido expresamente reconocido como un derecho y un deber, que importa remuneración, no puede ser impuesto como castigo, ni puede ser aflictivo, denigrante, infamante o forzado (cfr.
  3. Artículos 106 y 107 incisos a, b y f, de la ley 24.660).

De modo que la realidad carcelaria argentina y los desarrollos legislativos a partir de la sanción del actual Código Penal, permiten concluir que en su dimensión penitenciaria ambas penas privativas de libertad se ejecutan en los mismos establecimientos, bajo iguales condiciones de alojamiento e idéntico régimen carcelario.

En otras palabras, las personas condenadas a pena de reclusión no tienen un régimen carcelario propio, ni establecimientos reservados para ellos, ni están sujetos a condiciones de detención distintas, que aquellas personas condenadas a pena de prisión. En la constatación antedicha se basó la decisión de la Corte que, por mayoría, consideró virtualmente derogada la pena de reclusión (“Nancy Noemí Méndez”, en Fallos: 328:137).

De hecho, bajo la particular óptica de aquel fallo, si se atiende a la realidad histórica carcelaria y a la legislación penitenciaria argentina posterior a 1921, la derogación tácita pudo haber ocurrido antes de la sanción de la ley 24.660 (1996), que es lo que afirma el precedente de cita, incluso con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.

Ya sea que se considere que operó una derogación implícita con la anterior ley penitenciaria o con la actual, ya sea que se entienda que el carácter infamante de la reclusión se perdió con aquella reglamentación en 1958 o por las disposiciones contenidas en la ley adoptada en 1996, ya sea que la cuestión se explique con fundamento en la falta de previsiones administrativas o incluso legales; lo cierto es que en la actualidad la pena de reclusión se ejecuta de igual manera que la pena de prisión”.

CFP 4423/2015/RH1 “Miranda, Guillermo s/recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley”, fallado el 26 de diciembre de 2019, con Elena I. Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, Considerandos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.”.

asumiendo que la pena de la reclusión, ya sea entendida como encierro con aislamiento (perspectiva etimológica) ya sea entendida como encierro con régimen de trabajos obligatorios dentro o fuera del establecimiento carcelario (perspectiva jurídico-evolutiva), no se encuentra vigente en la Argentina, se impone abordar el tema planteado ante este Tribunal, que consiste en determinar el modo en que debe ser computado el tiempo de prisión preventiva cumplido por el recurrente con posterioridad a los dos primeros años de detención cautelar, en virtud de lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.390″.”.

el cómputo diferenciado de la prisión preventiva, conforme fuera concebido por el codificador en 1921 (artículo 24), respondía directamente a la diferencia que existía en la ejecución penitenciaria entre ambas penas privativas de libertad. Mediante la fórmula incorporada en el citado artículo, se reconocía que un día de prisión preventiva se correspondía a un día de cumplimiento de pena de prisión, por tratarse del mismo régimen penitenciario, pero exigía dos días de prisión preventiva para dar por cumplido un día de pena de reclusión, en función a la mayor severidad que el Código Penal había previsto para la ejecución penitenciaria de la reclusión.

En otras palabras, dado que en prisión preventiva no se cumpliría con la severidad del régimen penitenciario previsto para la reclusión, el Código Penal estipuló una compensación tendiente a equiparar esa circunstancia: se exigió dos días de encierro preventivo –cumplido bajo el régimen penitenciario menos severo, propio de la pena de prisión- para tener por cumplido un día de pena de reclusión, porque esto último importaba estar sometido a un régimen penitenciario más severo que aquel cumplido en forma cautelar.

En suma, la racionalidad detrás del cómputo diferenciado del tiempo cumplido en prisión preventiva respondía a las diferencias que se habían previsto para la ejecución de cada pena, es decir, a la mayor rigurosidad del régimen penitenciario de la reclusión”.”.dado que en la actualidad no se distingue legalmente el encierro del recluso del encierro del preso, pierde toda razón de ser la diferencia prevista para computar el tiempo cumplido en prisión preventiva por los penados a reclusión, y ello incluye las diferencias pautadas en el cómputo privilegiado del artículo 7° de la ley 24.390″.

¿Cuántos años es la cadena perpetua en Uruguay?

La prisión perpetua no existe en Uruguay.

¿Quién es máximo Thomsen en Argentina?

Procesados – Finalmente, fueron ocho individuos de sexo masculino los que quedaron en situación de « procesados » con prisión preventiva, siendo sospechosos con semiplena prueba de ser responsables del crimen:

  • Máximo Thomsen es señalado como quien le propinó a Fernando golpes de puño y patadas en la cabeza, por lo menos dos, cuando este estaba ya tirado en el suelo. ​Es considerado como el líder de facto debido a que se ve filmado golpeando y huyendo de la escena del crimen, erráticamente, según testigos. El informe del estudio escopométrico reveló que la impronta de una zapatilla en la cara de la víctima la dejó Thomsen, confirmando que la sangre era la de Fernando. Esta fue encontrada en la casa por agentes policiales. ​Posteriormente se encontraría sangre en su camisa y la propia mano derecha de Thomsen.
  • A Ciro Pertossi se lo observa atacando a Fernando por la espalda en la filmación tomada por Lucas Pertossi, dándole golpes de puños, además de ser quien lo derriba. Se halló sangre de la víctima en su ropa.
  • Enzo Comelli fue también apreciado en el video de Lucas Pertossi. Es uno de los primeros atacantes junto a Ciro. Luego se lo sitúa golpeando a los compañeros de Fernando.
  • Blas Cinalli aparece en los vídeos y se lo puede observar golpeando a Tomás con golpes de puño y patadas. Tenía un rol secundario hasta que el resultado de la pericia lo ubicó como agresor del asesinado. Se encontró material genético de Blas en una de las uñas de Fernando. ​
  • A Matías Benicelli se lo responsabiliza por arengar en el medio de la golpiza a Fernando y Tomás. En un peritaje de ADN se encontró sangre de la víctima en su camisa y zapatilla. ​
  • Luciano Pertossi participó en la pelea adentro del boliche, sus prendas se encontraban dañadas. Él y Alejo fueron expulsados por una puerta distinta al resto de los imputados. Llegó tarde al ataque y se lo puede observar en los vídeos dándole golpes a un amigo de Fernando, Tomás D’Alessandro, hasta dejarlo tirado sobre el capó de un auto. La fiscal lo ubica golpeando a los amigos, aunque luego se halló sangre de la víctima en su camisa, confirmando su participación en el asesinato.
  • Lucas Pertossi filmaba los ataques del grupo cada vez que tomaban lugar. ​ Filmó el comienzo del ataque para luego sumarse al mismo y se lo coloca como agresor de Tomás.
  • Ayrton Viollaz es el único que al momento de la detención no tenía celular, ya que lo habría vendido para poder viajar con sus amigos. Su rol es, al igual que en el caso de Matías Benicelli, de «arengador». No se lo sitúa golpeando a Fernando ni tampoco a sus amigos. A pesar de esto, estaba muy cerca de Thomsen al momento de la golpiza.

¿Cómo se llama la novia de Máximo Thomsen?

Melisa López Marengo, quien fue apuntada como la supuesta novia de Máximo Thomsen, habló de nuevo y defendió a los condenados tras conocerse el veredicto: ‘Después de pegarle una trompada en el estómago a Máximo, después de haber tumbado al seguridad al suelo, Fernando salió y se tomó un helado en la puerta del lugar

¿Qué grito la madre de Thomsen?

La condena a los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cinco de ellos a prisión perpetua, generó la reacción de los padres de los jóvenes, que acusaron al periodismo por la cobertura del caso. “Tres años bancándonos a estos hijos de puta, ya no me importa nada”, gritó uno de ellos.

Tras el desmayo de Máximo Thomsen durante la lectura del veredicto, su mamá, Rosalía Zárate, no pudo contener la situación, según relataron varios periodistas que se encontraban presentes en la sala de audiencias de los Tribunales de Dolores. “Máximo Thomsen se descompensó en la sala. Su madre, Rosalía, lo llamaba: ‘Machu, Machu’.

Pedía estar con él mientras leían la sentencia. Reclamó al Tribunal que (nos) saquen a los periodistas que estamos acreditados en la cobertura del juicio”, escribió en sus redes sociales la periodista Victoria De Masi. Perpetua, “justicia débil” y desmayo: el día que condenaron a los asesinos de Fernando Báez Sosa El tweet de la periodista Victoria De Masi. Luego, informó la cronista, expresó: “Tres años bancándonos a estos hijos de puta, ya no me importa nada”. “Nos sacaron a nosotros, y a familiares y amigos de Báez Sosa, Ahora las y los periodistas estamos en el hall de Tribunales viendo los abrazos y las palmadas en la espalda”, agregó.

En la misma línea va la información que consignó La Nación. De acuerdo al medio, Rosalía Zárate exclamó: “Esto es todo una mentira, saquen a todos los periodistas, la puta que los parió. Tres años torturándolo, no me importa más nada”. También el periodista de policiales, Mauro Szeta, compartió las declaraciones de la madre de Thomsen durante el veredicto y aseguró que gritó : “Todo es culpa de ustedes”, en referencia a los comunicadores.

La transformación de Máximo Thomsen: de “líder de la manada” al desmayo

¿Qué penas existen en Argentina?

CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA LEY 11.179 (T.O.1984 actualizado) Indice Temtico LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I APLICACION DE LA LEY PENAL Arts.1 a 4
TITULO II DE LAS PENAS Arts.5 a 25
TITULO III CONDENACION CONDICIONAL Arts.26 a 29
TITULO IV REPARACION DE PERJUICIOS Arts.30 a 33
TITULO V IMPUTABILIDAD Arts.34 a 41
TITULO VI TENTATIVA Arts.42 a 44
TITULO VII PARTICIPACION CRIMINAL Arts.45 a 49
TITULO VIII REINCIDENCIA Arts.50 a 53
TITULO IX CONCURSO DE DELITOS Arts.54 a 58
TITULO X EXTINCION DE ACCIONES Y DE PENAS Arts.59 a 70
TITULO XI DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES Arts.71 a 76
TITULO XII DE LA SUSPENSIN DEL JUICIO A PRUEBA Arts.76 bis a 76 quater
TITULO XIII SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO Arts.77 a 78 bis

LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS

TITULO I DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Arts.79 a 108
TITULO II DELITOS CONTRA EL HONOR Arts.109 a 117 bis
TITULO III DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Arts.118 a 133
TITULO IV DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL Arts.134 a 139 bis
TITULO V DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Arts.140 a 161
TITULO VI DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Arts.162 a 185
TITULO VII DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA Arts.186 a 208
TITULO VIII DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO Arts.209 a 213 bis
TITULO IX DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION Arts.214 a 225
TITULO X DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL Arts.226 a 236
TITULO XI DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Arts.237 a 281 bis
TITULO XII DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA Arts.282 a 302
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Arts.303 a 305

LEY 11.179 (T.O.1984 actualizado) CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA Ver Antecedentes Normativos LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES TITULO I APLICACION DE LA LEY PENAL ARTICULO 1.- Este cdigo se aplicar: 1.- Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nacin Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdiccin; 2.- Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeo de su cargo.

  1. ARTICULO 2.- Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicar siempre la ms benigna.
  2. Si durante la condena se dictare una ley ms benigna, la pena se limitar a la establecida por esa ley.
  3. En todos los casos del presente artculo, los efectos de la nueva ley se operarn de pleno derecho.

ARTICULO 3.- En el cmputo de la prisin preventiva se observar separadamente la ley ms favorable al procesado. ARTICULO 4.- Las disposiciones generales del presente cdigo se aplicarn a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto stas no dispusieran lo contrario.

TITULO II DE LAS PENAS ARTICULO 5.- Las penas que este Cdigo establece son las siguientes: reclusin, prisin, multa e inhabilitacin. ARTICULO 6.- La pena de reclusin, perpetua o temporal, se cumplir con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los recluidos podrn ser empleados en obras pblicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares.

ARTICULO 7.- Los hombres dbiles o enfermos y los mayores de sesenta aos que merecieren reclusin, sufrirn la condena en prisin, no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine la direccin del establecimiento. ARTICULO 8.- Los menores de edad y las mujeres sufrirn las condenas en establecimientos especiales.

  1. ARTICULO 9.- La pena de prisin, perpetua o temporal, se cumplir con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los recluidos.
  2. ARTICULO 10.- Podrn, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusin o prisin en detencin domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privacin de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad incurable en perodo terminal; c) El interno dscapacitado cuando la privacin de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condicin implicndole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) aos; e) La mujer embarazada; f) La madre de un nio menor de cinco (5) aos o de una persona con discapacidad a su cargo.

(Artculo sustituido por art.4 de la Ley N 26.472, B.O.20/1/2009) ARTICULO 11.- El producto del trabajo del condenado a reclusin o prisin se aplicar simultneamente: 1. A indemnizar los daos y perjuicios causados por el delito que no satisfaciera con otros recursos; 2.

  1. A la prestacin de alimentos segn el Cdigo Civil; 3.
  2. A costear los gastos que causare en el establecimiento; 4.
  3. A formar un fondo propio, que se le entregar a su salida.
  4. ARTICULO 12.- La reclusin y la prisin por ms de tres aos llevan como inherente la inhabilitacin absoluta, por el tiempo de la condena, la que podr durar hasta tres aos ms, si as lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la ndole del delito.

Importan adems la privacin, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administracin de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedar sujeto a la curatela establecida por el Cdigo Civil para los incapaces.

ARTICULO 13.- El condenado a reclusin o prisin perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) aos de condena, el condenado a reclusin o a prisin por ms de tres (3) aos que hubiere cumplido los dos tercios, y el condenado a reclusin o prisin, por tres (3) aos o menos, que hubiere cumplido un (1) ao de reclusin u ocho (8) meses de prisin, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrn obtener la libertad por resolucin judicial, previo informe de la direccin del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinsercin social, bajo las siguientes condiciones: 1.- Residir en el lugar que determine el auto de soltura; 2.- Observar las reglas de inspeccin que fije el mismo auto, especialmente la obligacin de abstenerse de consumir bebidas alcohlicas o utilizar sustancias estupefacientes; 3.- Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesin, si no tuviere medios propios de subsistencia; 4.- No cometer nuevos delitos; 5.- Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes; 6.- Someterse a tratamiento mdico, psiquitrico o psicolgico, que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos.

Estas condiciones, a las que el juez podr aadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artculo 27 bis, regirn hasta el vencimiento de los trminos de las penas temporales y hasta diez (10) aos ms en las perpetuas, a contar desde el da del otorgamiento de la libertad condicional.

  1. Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 25.892 B.O.26/5/2004) ARTICULO 14 La libertad condicional no se conceder a los reincidentes.
  2. Tampoco se conceder en los casos previstos en los artculos 80 inciso 7, 124, 142 bis, anteltimo prrafo, 165 y 170, anteltimo prrafo.
  3. Artculo sustituido por art.2 de la Ley N 25.892 B.O.26/5/2004) ARTICULO 15.- La libertad condicional ser revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligacin de residencia.

En estos casos no se computar, en el trmino de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 2, 3, 5 y 6 del artculo 13, el Tribunal podr disponer que no se compute en el trmino de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliese con lo dispuesto en dichos incisos.

(Prrafo sustituido por art.3 de la Ley N 25.892 B.O.26/5/2004) ARTICULO 16.- Transcurrido el trmino de la condena, o el plazo de cinco aos sealado en el artculo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedar extinguida, lo mismo que la inhabilitacin absoluta del artculo 12. ARTICULO 17.- Ningn penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podr obtenerla nuevamente.

ARTICULO 18.- Los condenados por tribunales provinciales a reclusin o prisin por ms de cinco aos sern admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias podrn mandarlos siempre que no tuvieren establecimientos adecuados. ARTICULO 19.- La inhabilitacin absoluta importa: 1.

La privacin del empleo o cargo pblico que ejerca el penado aunque provenga de eleccin popular; 2. La privacin del derecho electoral; 3. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones pblicas; 4. La suspensin del goce de toda jubilacin, pensin o retiro, civil o militar, cuyo importe ser percibido por los parientes que tengan derecho a pensin.

El tribunal podr disponer, por razones de carcter asistencial, que la vctima o los deudos que estaban a su cargo concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban en su totalidad, cuando el penado no tuviere parientes con derecho a pensin, en ambos casos hasta integrar el monto de las indemnizaciones fijadas.

  • ARTICULO 20.- La inhabilitacin especial producir la privacin del empleo, cargo, profesin o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo gnero durante la condena.
  • La inhabilitacin especial para derechos polticos producir la incapacidad de ejercer durante la condena aquellos sobre que recayere.

ARTICULO 20 bis.- Podr imponerse inhabilitacin especial de seis meses a diez aos, aunque esa pena no est expresamente prevista, cuando el delito cometido importe: 1. Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo pblico; 2. Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopcin, tutela o curatela; 3.

  • Incompetencia o abuso en el desempeo de una profesin o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorizacin, licencia o habilitacin del poder pblico.
  • ARTICULO 20 ter.- El condenado a inhabilitacin absoluta puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aqulla, o durante diez aos cuando la pena fuera perpetua, y ha reparado los daos en la medida de lo posible.

El condenado a inhabilitacin especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de ella, o cinco aos cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, adems, ha reparado los daos en la medida de lo posible.

  1. Cuando la inhabilitacin import la prdida de un cargo pblico o de una tutela o curatela, la rehabilitacin no comportar la reposicin en los mismos cargos.
  2. Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitacin no se computar el tiempo en que el inhabilitado haya estado prfugo, internado o privado de su libertad.

ARTICULO 21.- La multa obligar al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta adems de las causas generales del artculo 40, la situacin econmica del penado. Si el reo no pagare la multa en el trmino que fije la sentencia, sufrir prisin que no exceder de ao y medio.

  1. El tribunal, antes de transformar la multa en la prisin correspondiente, procurar la satisfaccin de la primera, hacindola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado.
  2. Podr autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasin para ello.

Tambin se podr autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijar el monto y la fecha de los pagos, segn la condicin econmica del condenado. ARTICULO 22.- En cualquier tiempo que se satisfaciera la multa, el reo quedar en libertad. Del importe se descontar, de acuerdo con las reglas establecidas para el cmputo de la prisin preventiva, la parte proporcional al tiempo de detencin que hubiere sufrido.

  • ARTICULO 22 bis.- Si el hecho ha sido cometido con nimo de lucro, podr agregarse a la pena privativa de libertad una multa, aun cuando no est especialmente prevista o lo est slo en forma alternativa con aqulla.
  • Cuando no est prevista, la multa no podr exceder de noventa mil pesos.
  • Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 23.- En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Cdigo o en leyes penales especiales, la misma decidir el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitucin o indemnizacin del damnificado y de terceros.

Si las cosas son peligrosas para la seguridad comn, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de stos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados. Cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos.

Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a ttulo gratuito, el comiso se pronunciar contra ste. Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algn establecimiento oficial o de bien pblico, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podr disponer su entrega a esas entidades.

Si as no fuere y tuviera valor comercial, aqulla dispondr su enajenacin. Si no tuviera valor lcito alguno, se lo destruir. En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artculos 142 bis o 170 de este Cdigo, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la vctima privada de su libertad.

Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, segn los trminos del presente artculo, y el producido de las multas que se impongan, sern afectados a programas de asistencia a la vctima. El juez podr adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depsitos, transportes, elementos informticos, tcnicos y de comunicacin, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.

El mismo alcance podrn tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisin del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obtaculizar la impunidad de sus partcipes. En todos los casos se deber dejar a salvo los derechos de restitucin o indemnizacin del damnificado y de terceros (Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 25.815 B.O.1/12/2003) ARTICULO 24.- La prisin preventiva se computar as: por dos das de prisin preventiva, uno de reclusin; por un da de prisin preventiva, uno de prisin o dos de inhabilitacin o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre pesos treinta y cinco y pesos ciento setenta y cinco.

  1. Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 25.- Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de la locura se computar para el cumplimiento de la pena, sin que ello obste a lo dispuesto en el apartado tercero del inciso 1 del artculo 34.
  2. TITULO III CONDENACION CONDICIONAL ARTICULO 26.- En los casos de primera condena a pena de prisin que no exceda de tres aos, ser facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena.

Esta decisin deber ser fundada, bajo sancin de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las dems circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privacin de libertad.

El tribunal requerir las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar tambin la prueba til a tal efecto. Igual facultad tendrn los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese los tres aos de prisin. No proceder la condenacin condicional respecto de las penas de multa o inhabilitacin.

ARTICULO 27.- La condenacin se tendr como no pronunciada si dentro del trmino de cuatro aos, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrir la pena impuesta en la primera condenacin y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulacin de penas.

La suspensin podr ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido despus de haber transcurrido ocho aos a partir de la fecha de la primera condena firme. Este plazo se elevar a diez aos, si ambos delitos fueran dolosos. En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carcter condicional de la condena, los plazos se computarn desde la fecha del pronunciamiento originario.

ARTICULO 27 bis. – Al suspender condicionalmente la ejecucin de la pena, el Tribunal deber disponer que, durante un plazo que fijar entre dos y cuatro aos segn la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisin de nuevos delitos: 1.

Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas.3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohlicas.4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.5. Realizar estudios o prcticas necesarios para su capacitacin laboral o profesional.6.

Someterse a un tratamiento mdico o psicolgico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia.7. Adoptar oficio, arte, industria o profesin, adecuado a su capacidad.8. Realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien pblico, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

  • Las reglas podrn ser modificadas por el Tribunal segn resulte conveniente al caso.
  • Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podr disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento.
  • Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podr revocar la condicionalidad de la condena.

El condenado deber entonces cumplir la totalidad de la pena de prisin impuesta en la sentencia. (Artculo incorporado por art.1 de la Ley N 24.316 B.O.19/5/1994) ARTICULO 28.- La suspensin de la pena no comprender la reparacin de los daos causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.

  • TITULO IV REPARACION DE PERJUICIOS ARTICULO 29.- La sentencia condenatoria podr ordenar: 1.
  • La reposicin al estado anterior a la comisin del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y dems medidas necesarias.2.
  • La indemnizacin del dao material y moral causado a la vctima, a su familia o a un tercero, fijndose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.3.

El pago de las costas. (Artculo sustituido por art.27 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999.) ARTICULO 30.- La obligacin de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable despus de cometido el delito, a la ejecucin de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa.

  • Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, stas se satisfarn en el orden siguiente: 1.
  • La indemnizacin de los daos y perjuicios.2.
  • El resarcimiento de los gastos del juicio.3.
  • El decomiso del producto o el provecho del delito.4.
  • El pago de la multa.

(Artculo sustituido por art.28 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999.) ARTICULO 31.- La obligacin de reparar el dao es solidaria entre todos los responsables del delito. ARTICULO 32.- El que por ttulo lucrativo participare de los efectos de un delito, estar obligado a la reparacin hasta la cuanta en que hubiere participado.

ARTICULO 33.- En caso de insolvencia total o parcial, se observarn las reglas siguientes: 1. Tratndose de condenados a reclusin o prisin, la reparacin se har en la forma determinada en el artculo 11; 2. Tratndose de condenados a otras penas, el tribunal sealar la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar peridicamente hasta el pago total.

TITULO V IMPUTABILIDAD ARTICULO 34.- No son punibles: 1. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

  1. En caso de enajenacin, el tribunal podr ordenar la reclusin del agente en un manicomio, del que no saldr sino por resolucin judicial, con audiencia del ministerio pblico y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dae a s mismo o a los dems.
  2. En los dems casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenar la reclusin del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparicin de las condiciones que le hicieren peligroso; 2.

El que obrare violentado por fuerza fsica irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente; 3. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extrao; 4. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legtimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; 5.

El que obrare en virtud de obediencia debida; 6. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) Agresin ilegtima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocacin suficiente por parte del que se defiende.

Se entender que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el dao ocasionado al agresor.

Igualmente respecto de aqul que encontrare a un extrao dentro de su hogar, siempre que haya resistencia; 7. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocacin suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

ARTICULO 35.- El que hubiere excedido los lmites impuestos por la Ley, por la autoridad o por la necesidad, ser castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. ARTICULO 36.- Derogado. ARTICULO 37.- Derogado. ARTICULO 38.- Derogado. ARTICULO 39.- Derogado.

  1. ARTICULO 40.- En las penas divisibles por razn de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarn la condenacin de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artculo siguiente.
  2. ARTICULO 41.- A los efectos del artculo anterior, se tendr en cuenta: 1.

La naturaleza de la accin y de los medios empleados para ejecutarla y la extensin del dao y del peligro causados; 2. La edad, la educacin, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participacin que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los dems antecedentes y condiciones personales, as como los vnculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasin que demuestren su mayor o menor peligrosidad.

El juez deber tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la vctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. ARTICULO 41 bis Cuando alguno de los delitos previstos en este Cdigo se cometiera con violencia o intimidacin contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego la escala penal prevista para el delito de que se trate se elevar en un tercio en su mnimo y en su mximo, sin que sta pueda exceder el mximo legal de la especie de pena que corresponda.

Este agravante no ser aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate. (Artculo incorporado por art.1 de la Ley N 25.297 B.O.22/9/2000) ARTICULO 41 ter Las escalas penales previstas en los artculos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Cdigo podrn reducirse en un tercio del mximo y en la mitad del mnimo respecto de los partcipes o encubridores que, durante la sustanciacin del proceso o antes de su iniciacin, proporcionen informacin que permita conocer el lugar donde la vctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partcipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.

  1. En caso de corresponder prisin o reclusin perpetua, podr aplicarse prisin o reclusin de OCHO (8) a QUINCE (15) aos.
  2. Slo podrn gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen.
  3. Artculo sustituido por art.12 de la Ley N 26.364, B.O.30/4/2008) ARTICULO 41 quater Cuando alguno de los delitos previstos en este Cdigo sea cometido con la intervencin de menores de dieciocho aos de edad, la escala penal correspondiente se incrementar en un tercio del mnimo y del mximo, respecto de los mayores que hubieren participado en el mismo.

(Artculo incorporado por art.1 de la Ley N 25.767 B.O.1/9/2003) TITULO VI TENTATIVA ARTICULO 42.- El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecucin, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrir las penas determinadas en el artculo 44.

  1. ARTICULO 43.- El autor de tentativa no estar sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito.
  2. ARTICULO 44.- La pena que correspondera al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuir de un tercio a la mitad.
  3. Si la pena fuere de reclusin perpetua, la pena de la tentativa ser reclusin de quince a veinte aos.

Si la pena fuese de prisin perpetua, la de tentativa ser prisin de diez a quince aos. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuir en la mitad y podr reducrsela al mnimo legal o eximirse de ella, segn el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.

  1. TITULO VII PARTICIPACION CRIMINAL ARTICULO 45.- Los que tomasen parte en la ejecucin del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperacin sin los cuales no habra podido cometerse, tendrn la pena establecida para el delito.
  2. En la misma pena incurrirn los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.

ARTICULO 46.- Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecucin del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, sern reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusin perpetua, se aplicar reclusin de quince a veinte aos y si fuere de prisin perpetua, se aplicar prisin de diez a quince aos.

ARTICULO 47.- Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena ser aplicada al cmplice solamente en razn del hecho que prometi ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cmplice se determinar conforme a los preceptos de este artculo y a los del ttulo de la tentativa.

ARTICULO 48.- Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrn influencia sino respecto al autor o cmplice a quienes correspondan. Tampoco tendrn influencia aqullas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partcipe.

  • ARTICULO 49.- No se considerarn partcipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperacin material necesaria para su publicacin, difusin o venta.
  • TITULO VIII REINCIDENCIA ARTICULO 50.- Habr reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del pas cometiere un nuevo delito punible tambin con esa clase de pena.

La condena sufrida en el extranjero se tendr en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razn de un delito que pueda, segn la ley argentina, dar lugar a extradicin. No dar lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos polticos, los previstos exclusivamente en el Cdigo de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de dieciocho aos de edad.

La pena sufrida no se tendr en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiera transcurrido un trmino igual a aqul por la que fuera impuesta, que nunca exceder de diez ni ser inferior a cinco aos. ARTICULO 51.- Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendr de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria.

En ningn caso se informar la existencia de detenciones que no provengan de la formacin de causa, salvo que los informes se requieran para resolver un hbeas corpus o en causas por delitos de que haya sido vctima el detenido. El registro de las sentencias condenatorias caducar a todos sus efectos: 1.

Despus de transcurridos diez aos desde la sentencia (art.27) para las condenas condicionales; 2. Despus de transcurridos diez aos desde su extincin para las dems condenas a penas privativas de la libertad; 3. Despus de transcurridos cinco aos desde su extincin para las condenas a pena de multa o inhabilitacin.

En todos los casos se deber brindar la informacin cuando mediare expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los jueces podrn requerir la informacin, excepcionalmente, por resolucin que slo podr fundarse en la necesidad concreta del antecedente como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.

  1. Los tribunales debern comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad: 1.
  2. Cuando se extingan las penas perpetuas; 2.
  3. Cuando se lleve a cabo el cmputo de las penas temporales, sean condicionales o de cumplimiento efectivo; 3.
  4. Cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de su sustitucin por prisin (art.21, prr.2), al efectuar el cmputo de la prisin impuesta; 4.

Cuando declaren la extincin de las penas en los casos previstos por los artculos 65, 68 y 69. La violacin de la prohibicin de informar ser considerada como violacin de secreto en los trminos del artculo 157, si el hecho no constituyere un delito ms severamente penado.

  • ARTICULO 52.- Se impondr reclusin por tiempo indeterminado como accesoria de la ltima condena, cuando la reincidencia fuere mltiple en forma tal que mediaren las siguientes penas anteriores: 1.
  • Cuatro penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor de tres aos; 2.
  • Cinco penas privativas de libertad, de tres aos o menores.

Los tribunales podrn, por una nica vez, dejar en suspenso la aplicacin de esta medida accesoria, fundando expresamente su decisin en la forma prevista en el artculo 26. ARTICULO 53.- En los casos del artculo anterior, transcurridos cinco aos del cumplimiento de la reclusin accesoria, el tribunal que hubiera dictado la ltima condena o impuesto la pena nica estar facultado para otorgarle la libertad condicional, previo informe de la autoridad penitenciaria, en las condiciones compromisorias previstas en el artculo 13, y siempre que el condenado hubiera mantenido buena conducta, demostrando aptitud y hbito para el trabajo, y dems actitudes que permitan suponer verosmilmente que no constituir un peligro para la sociedad.

Transcurridos cinco aos de obtenida la libertad condicional el condenado podr solicitar su libertad definitiva al tribunal que la concedi, el que decidir segn sea el resultado obtenido en el perodo de prueba y previo informe del patronato, institucin o persona digna de confianza, a cuyo cargo haya estado el control de la actividad del liberado.

Los condenados con la reclusin accesoria por tiempo indeterminado debern cumplirla en establecimientos federales. La violacin por parte del liberado de cualquiera de las condiciones establecidas en el artculo 13 podr determinar la revocatoria del beneficio acordado y su reintegro al rgimen carcelario anterior.

  1. Despus de transcurridos cinco aos de su reintegro al rgimen carcelario podr en los casos de los incisos 1, 2, 3 y 5 del artculo 13, solicitar nuevamente su libertad condicional.
  2. TITULO IX CONCURSO DE DELITOS ARTICULO 54.- Cuando un hecho cayere bajo ms de una sancin penal, se aplicar solamente la que fijare pena mayor.

ARTICULO 55.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendr como mnimo, el mnimo mayor y como mximo, la suma aritmtica de las penas mximas correspondientes a los diversos hechos.

Sin embargo, esta suma no podr exceder de (50) cincuenta aos de reclusin o prisin. (Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 25.928 B.O.10/9/2004) ARTICULO 56.- Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de reclusin o prisin se aplicar la pena ms grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor.

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicar sta nicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisin perpetua y la de reclusin temporal, en que se aplicar reclusin perpetua. La inhabilitacin y la multa se aplicarn siempre, sin sujecin a lo dispuesto en el prrafo primero.

  1. ARTICULO 57.- A los efectos del artculo anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza se determinar por el orden en que se hallan enumeradas en el artculo 5.
  2. ARTICULO 58.- Las reglas precedentes se aplicarn tambin en el caso en que despus de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que est cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o ms sentencias firmes con violacin de dichas reglas.

Corresponder al juez que haya aplicado la pena mayor dictar, a pedido de parte, su nica sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras. Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo har la justicia ordinaria nacional o provincial que conoci de la infraccin penal, segn sea el caso.

  1. TITULO X EXTINCION DE ACCIONES Y DE PENAS ARTICULO 59.- La accin penal se extinguir: 1.
  2. Por la muerte del imputado.2.
  3. Por la amnista.3.
  4. Por la prescripcin.4.
  5. Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de accin privada.
  6. ARTICULO 60.- La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la accin penal slo perjudicar al renunciante y a sus herederos.
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ARTICULO 61.- La amnista extinguir la accin penal y har cesar la condena y todos sus efectos, con excepcin de las indemnizaciones debidas a particulares. ARTICULO 62.- La accin penal se prescribir durante el tiempo fijado a continuacin: 1. A los quince aos, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusin o prisin perpetua; 2.

  • Despus de transcurrido el mximo de duracin de la pena sealada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusin o prisin, no pudiendo, en ningn caso, el trmino de la prescripcin exceder de doce aos ni bajar de dos aos; 3.
  • A los cinco aos, cuando se tratare de un hecho reprimido nicamente con inhabilitacin perpetua; 4.

Al ao, cuando se tratare de un hecho reprimido nicamente con inhabilitacin temporal; 5. A los dos aos, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. ARTICULO 63.- La prescripcin de la accin empezar a correr desde la medianoche del da en que se cometi el delito o, si ste fuese continuo, en que ces de cometerse.

ARTICULO 64.- La accin penal por delito reprimido con multa se extinguir en cualquier estado de la instruccin y mientras no se haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del mnimo de la multa correspondiente y la reparacin de los daos causados por el delito. Si se hubiese iniciado el juicio deber pagarse el mximo de la multa correspondiente, adems de repararse los daos causados por el delito.

En ambos casos el imputado deber abandonar en favor del estado, los objetos que presumiblemente resultaran decomisados en caso que recayera condena. El modo de extincin de la accin penal previsto en este artculo podr ser admitido por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido despus de haber transcurrido ocho aos a partir de la fecha de la resolucin que hubiese declarado la extincin de la accin penal en la causa anterior.

  1. Artculo sustituido por art.6 de la Ley N 24.316 B.O.19/5/1994) ARTICULO 65.- Las penas se prescriben en los trminos siguientes: 1.
  2. La de reclusin perpetua, a los veinte aos; 2.
  3. La de prisin perpetua, a los veinte aos; 3.
  4. La de reclusin o prisin temporal, en un tiempo igual al de la condena; 4.
  5. La de multa, a los dos aos.

ARTICULO 66.- La prescripcin de la pena empezar a correr desde la medianoche del da en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si sta hubiese empezado a cumplirse. ARTICULO 67.- La prescripcin se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolucin de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio.

  • Terminada la causa de la suspensin, la prescripcin sigue su curso.
  • La prescripcin tambin se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la funcin pblica, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeando un cargo pblico.
  • El curso de la prescripcin de la accin penal correspondiente a los delitos previstos en los artculos 226 y 227 bis, se suspender hasta el restablecimiento del orden constitucional.

La prescripcin se interrumpe solamente por: a) La comisin de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaracin indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevacin a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislacin procesal correspondiente; d) El auto de citacin a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.

(Prrafo sustituido por art.1 de la Ley N 25.990 B.O.11/1/2005). La prescripcin corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partcipes, con la excepcin prevista en el segundo prrafo de este artculo. (Prrafo sustituido por art.1 de la Ley N 25.990 B.O.11/1/2005).

(Artculo sustituido por art.29 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999. Vigencia: a partir de los ocho das desde su publicacin.) ARTICULO 68.- El indulto del reo extinguir la pena y sus efectos, con excepcin de las indemnizaciones debidas a particulares. ARTICULO 69.- El perdn de la parte ofendida extinguir la pena impuesta por delito de los enumerados en el artculo 73.

Si hubiere varios partcipes, el perdn en favor de uno de ellos aprovechar a los dems. ARTICULO 70.- Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrn hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aun despus de muerto. TITULO XI DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES ARTICULO 71.- Debern iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepcin de las siguientes: 1.

Las que dependieren de instancia privada; 2. Las acciones privadas. ARTICULO 72.- Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 1) Los previstos en los artculos 119, 120 y 130 del Cdigo Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artculo 91.2) Lesiones leves, sean dolosas o culposas.

  1. Sin embargo, en los casos de este inciso se proceder de oficio cuando mediaren razones de seguridad o inters pblico.3) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes.
  2. En los casos de este artculo, no se proceder a formar causa sino por acusacin o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales.

Sin embargo, se proceder de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de stos y el menor, el Fiscal podr actuar de oficio cuando as resultare ms conveniente para el inters superior de aqul.

  • Artculo sustituido por art.14 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 73.- Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 1.
  • Calumnias e injurias; 2.
  • Violacin de secretos, salvo en los casos de los artculos 154 y 157; 3.
  • Concurrencia desleal, prevista en el artculo 159; 4.
  • Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la vctima fuere el cnyuge.

(Artculo sustituido por art.1 de la Ley N24.453 B.O.7/3/1995) ARTICULO 74.-, (Artculo derogado por art.2 de la Ley N24.453 B.O.7/3/1995) ARTICULO 75.- La accin por calumnia o injuria podr ser ejercitada slo por el ofendido y despus de su muerte por el cnyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

  1. ARTICULO 76.- En los dems casos del artculo 73, se proceder nicamente por querella o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales.
  2. TITULO XII (Ttulo incorporado por art.3 de la Ley N24.316 B.O.19/5/1994) De la suspensin del juicio a prueba ARTICULO 76 bis,- El imputado de un delito de accin pblica reprimido con pena de reclusin o prisin cuyo mximo no exceda de tres aos, podr solicitar la suspensin del juicio a prueba.

En casos de concurso de delitos, el imputado tambin podr solicitar la suspensin del juicio a prueba si el mximo de la pena de reclusin o prisin aplicable no excediese de tres aos. Al presentar la solicitud, el imputado deber ofrecer hacerse cargo de la reparacin del dao en la medida de lo posible, sin que ello implique confesin ni reconcimiento de la responsabilidad civil correspondiente.

  1. El juez decidir sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolucin fundada.
  2. La parte damnificada podr aceptar o no la reparacin ofrecida, y en este ltimo caso, si la realizacin del juicio se suspendiere, tendr habilitada la accin civil correspondiente.
  3. Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podr suspender la realizacin del juicio.

Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisin, ser condicin, adems, que se pague el mnimo de la multa correspondiente. El imputado deber abandonar en favor del estado, los bienes que presumiblemente resultaran decomisados en caso que recayera condena.

No proceder la suspensin del juicio cuando un funcionario pblico, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito. Tampoco proceder la suspensin del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitacin. (Artculo incorporado por art.3 de la Ley N 24.316 B.O.19/5/1994) ARTICULO 76 ter,- El tiempo de la suspensin del juicio ser fijado por el Tribunal entre uno y tres aos, segn la gravedad del delito.

El Tribunal establecer las reglas de conducta que deber cumplir el imputado, conforme las previsiones del artculo 27 Bis. Durante ese tiempo se suspender la prescripcin de la accin penal. La suspensin del juicio ser dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el mximo de la pena aplicable o la estimacin acerca de la condicionalidad de la ejecucin de la posible condena.

  • Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un delito, repara los daos en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguir la accin penal.
  • En caso contrario, se llevar a cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto se le devolvern los bienes abandonados en favor del estado y la multa pagada, pero no podr pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas.

La suspensin de un juicio a prueba podr ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido despus de haber transcurrido ocho aos a partir de la fecha de expiracin del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior.

  1. No se admitir una nueva suspensin de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensin anterior.
  2. Artculo incorporado por art.4 de la Ley N 24.316 B.O.19/5/1994) ARTICULO 76 quater.
  3. La suspensin del juicio a prueba har inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los artculos 1101 y 1102 del Cdigo Civil, y no obstar a la aplicacin de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder.

(Artculo incorporado por art.5 de la Ley N 24.316 B.O.19/5/1994) TITULO XIII (Numeracin del captulo sustituida por art.2 de la Ley N 24.316 B.O.19/5/1994) SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO ARTICULO 77.- Para la inteligencia del texto de este cdigo, se tendr presente las siguientes reglas: Los plazos a que este cdigo se refiere sern contados con arreglo a las disposiciones del Cdigo Civil.

Sin embargo, la liberacin de los condenados a penas privativas de libertad se efectuar al medioda del da correspondiente. La expresin “reglamentos” u “ordenanzas”, comprende todas las disposiciones de carcter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten. Por los trminos “funcionario pblico” y “empleado pblico”, usados en este cdigo, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones pblicas, sea por eleccin popular o por nombramiento de autoridad competente.

Por el trmino militar se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme la ley orgnica para el personal militar. Los funcionarios pblicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relacin a los delitos que cometan en su carcter de tales, cuando produzcan actos o impartan rdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las mismas implican comisin de delito o participacin en el mismo.

(Prrafo incorporado por art.1 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) Con la palabra “mercadera”, se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El trmino “capitn”, comprende a todo comandante de embarcacin o al que le sustituye. El trmino “tripulacin”, comprende a todos los que se hallan a bordo como oficiales o marineros. El trmino “estupefacientes”, comprende los estupefacientes, psicotrpicos y dems substancias susceptibles de producir dependencia fsica o psquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen peridicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Prrafo sustituido por art.40 de la Ley N 23.737 B.O.11/10/1989) El trmino “establecimiento rural” comprende todo inmueble que se destine a la cra, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.

(Prrafo incorporado por art.1 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) El trmino “documento” comprende toda representacin de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijacin, almacenamiento, archivo o transmisin. (Prrafo incorporado por art.1 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) Los trminos “firma” y “suscripcin” comprenden la firma digital, la creacin de una firma digital o firmar digitalmente.

  1. Prrafo incorporado por art.1 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) Los trminos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital firmado digitalmente.
  2. Prrafo incorporado por art.1 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 78.- Queda comprendido en el concepto de “violencia”, el uso de medios hipnticos o narcticos.

ARTICULO 78 bis. (Artculo derogado por art.14 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS TITULO I DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Captulo I Delitos contra la vida ARTICULO 79. – Se aplicar reclusin o prisin de ocho a veinticinco aos, al que matare a otro siempre que en este cdigo no se estableciere otra pena.

ARTICULO 80. – Se impondr reclusin perpetua o prisin perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artculo 52, al que matare: 1 A su ascendiente, descendiente o cnyuge, sabiendo que lo son.2 Con ensaamiento, alevosa, veneno u otro procedimiento insidioso.3 Por precio o promesa remuneratoria.4 Por placer, codicia, odio racial o religioso.5 Por un medio idneo para crear un peligro comn.6 Con el concurso premeditado de dos o ms personas.7 Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para s o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.8 A un miembro de las fuerzas de seguridad pblica, policiales o penitenciarias, por su funcin, cargo o condicin.

( Inciso incorporado por art.1 de la Ley N 25.601 B.O.11/6/2002) 9 Abusando de su funcin o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (Inciso incorporado por art.1 de la Ley N 25.816 B.O.9/12/2003) 10 A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.

Inciso incorporado por art.2 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) Cuando en el caso del inciso primero de este artculo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuacin, el juez podr aplicar prisin o reclusin de ocho a veinticinco aos.

ARTICULO 81. – 1 Se impondr reclusin de tres a seis aos, o prisin de uno a tres aos: a) Al que matare a otro, encontrndose en un estado de emocin violenta y que las circunstancias hicieren excusable. b) Al que, con el propsito de causar un dao en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no deba razonablemente ocasionar la muerte.2 (Inciso derogado por art.1 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 82.

Cuando en el caso del inciso 1 del artculo 80 concurriese alguna de las circunstancias del inciso 1 del artculo anterior, la pena ser de reclusin o prisin de diez a veinticinco aos. ARTICULO 83. – Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.

ARTICULO 84. – Ser reprimido con prisin de seis meses a cinco aos e inhabilitacin especial, en su caso, por cinco a diez aos el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesin o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.

El mnimo de la pena se elevar a dos aos si fueren ms de una las vctimas fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conduccin imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehculo automotor. (Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 25.189 28/10/1999) ARTICULO 85. – El que causare un aborto ser reprimido: 1 Con reclusin o prisin de tres a diez aos, si obrare sin consentimiento de la mujer.

Esta pena podr elevarse hasta quince aos, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.2 Con reclusin o prisin de uno a cuatro aos, si obrare con consentimiento de la mujer. El mximum de la pena se elevar a seis aos, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

ARTICULO 86. – Incurrirn en las penas establecidas en el artculo anterior y sufrirn, adems, inhabilitacin especial por doble tiempo que el de la condena, los mdicos, cirujanos, parteras o farmacuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un mdico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1 Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.2 Si el embarazo proviene de una violacin o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

En este caso, el consentimiento de su representante legal deber ser requerido para el aborto. ARTICULO 87. – Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propsito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.

ARTICULO 88. – Ser reprimida con prisin de uno a cuatro aos, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. Captulo II Lesiones ARTICULO 89. – Se impondr prisin de un mes a un ao, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un dao que no est previsto en otra disposicin de este cdigo.

ARTICULO 90. – Se impondr reclusin o prisin de uno a seis aos, si la lesin produjere una debilitacin permanente de la salud, de un sentido, de un rgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por ms de un mes o le hubiere causado una deformacin permanente del rostro.

  1. ARTICULO 91.
  2. Se impondr reclusin o prisin de tres a diez aos, si la lesin produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la prdida de un sentido, de un rgano, de un miembro, del uso de un rgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir.

ARTICULO 92. – Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artculo 80, la pena ser: en el caso del artculo 89, de seis meses a dos aos; en el caso del artculo 90, de tres a diez aos; y en el caso del artculo 91, de tres a quince aos. ARTICULO 93.

– Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1 letra a) del artculo 81, la pena ser: en el caso del artculo 89, de quince das a seis meses; en el caso del artculo 90, de seis meses a tres aos; y en el caso del artculo 91, de uno a cuatro aos. ARTICULO 94. – Se impondr prisin de un mes a tres aos o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitacin especial por uno a cuatro aos, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesin, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un dao en el cuerpo o en la salud.

Si las lesiones fueran de las descritas en los artculos 90 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo prrafo del artculo 84, el mnimo de la pena prevista en el primer prrafo, ser de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitacin especial por dieciocho meses.

  • Artculo sustituido por art.2 de la Ley N 25.189 28/10/1999) (Multa actualizada por la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993.) Captulo III Homicidio o lesiones en ria ARTICULO 95.
  • Cuando en ria o agresin en que tomaren parte ms de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artculos 90 y 91, sin que constare quines las causaron, se tendr por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicar reclusin o prisin de dos a seis aos en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesin.

ARTICULO 96. – Si las lesiones fueren las previstas en el artculo 89, la pena aplicable ser de cuatro a ciento veinte das de prisin. Captulo IV Duelo ARTICULO 97. – Los que se batieren en duelo, con intervencin de dos o ms padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las dems condiciones del desafo, sern reprimidos: 1 Con prisin de uno a seis meses, al que no infiriere lesin a su adversario o slo le causare una lesin de las determinadas en el artculo 89.2 Con prisin de uno a cuatro aos, al que causare la muerte de su adversario o le infiriere lesin de las determinadas en los artculos 90 y 91.

ARTICULO 98. – Los que se batieren, sin la intervencin de padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las dems condiciones del desafo, sern reprimidos: 1 El que matare a su adversario, con la pena sealada para el homicida; 2 El que causare lesiones, con la pena sealada para el autor de lesiones; 3 El que no causare lesiones, con prisin de un mes a un ao.

ARTICULO 99. – El que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo y el que desacreditare pblicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafo, sern reprimidos: 1 Con multa de pesos mil a pesos quince mil si el duelo no se realizare o si realizndose, no se produjere muerte ni lesiones o slo lesiones de las comprendidas en el artculo 89.

  • Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) 2 Con prisin de uno a cuatro aos, si se causare muerte o lesiones de las mencionadas en los artculos 90 y 91.
  • ARTICULO 100.
  • El que provocare o diere causa a un desafo, proponindose un inters pecuniario u otro objeto inmoral, ser reprimido: 1 Con prisin de uno a cuatro aos, si el duelo no se verificare o si efectundose, no resultare muerte ni lesiones.2 Con reclusin o prisin de tres a diez aos, si el duelo se realizare y resultaren lesiones; 3 Con reclusin o prisin de diez a veinticinco aos, si se produjere la muerte.

ARTICULO 101. – El combatiente que faltare, en dao de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, ser reprimido: 1 Con reclusin o prisin de tres a diez aos, si causare lesiones a su adversario.2 Con reclusin o prisin de diez a veinticinco aos, si le causare la muerte.

  • ARTICULO 102.
  • Los padrinos de un duelo que usaren cualquier gnero de alevosa en la ejecucin del mismo, sern reprimidos con las penas sealadas en el artculo anterior, segn fueren las consecuencias que resultaren.
  • ARTICULO 103.
  • Cuando los padrinos concertaren un duelo a muerte o en condiciones tales que de ellas debiere resultar la muerte, sern reprimidos con reclusin o prisin de uno a cuatro aos, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes.

Si no se verificare la muerte de alguno de ellos, la pena ser de multa de pesos mil a pesos quince mil. ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N24.286 B.O.29/12/1993) Captulo V Abuso de armas ARTICULO 104. – Ser reprimido con uno a tres aos de prisin, el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla.

Esta pena se aplicar aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito ms grave. Ser reprimida con prisin de quince das a seis meses, la agresin con toda arma, aunque no se causare herida. ARTICULO 105. – Si concurriera alguna de las circunstancias previstas en los artculos 80 y 81, inciso 1, letra a), la pena se aumentar o disminuir en un tercio respectivamente.

Captulo VI Abandono de personas ARTICULO 106.- El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocndolo en situacin de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, ser reprimido con prisin de 2 a 6 aos.

  • La pena ser de reclusin o prisin de 3 a 10 aos, si a consecuencia del abandono resultare grave dao en el cuerpo o en la salud de la vctima.
  • Si ocurriere la muerte, la pena ser de 5 a 15 aos de reclusin o prisin.
  • Artculo sustituido por art.2 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 107.- El mximum y el mnimum de las penas establecidas en el artculo precedente, sern aumentados en un tercio cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por stos contra aqullos o por el cnyuge.

(Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 108. – Ser reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez aos o a una persona herida o invlida o amenazada de un peligro cualquiera; omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.

( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) TITULO II DELITOS CONTRA EL HONOR ARTICULO 109. – La calumnia o falsa imputacin de un delito que d lugar a la accin pblica, ser reprimida con prisin de uno a tres aos. ARTICULO 110. – El que deshonrare o desacreditare a otro, ser reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisin de un mes a un ao.

( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 111. – El acusado de injuria slo podr probar la verdad de la imputacin en los casos siguientes: 1 Si la imputacin hubiere tenido por objeto defender o garantizar un inters pblico actual.2 Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal.3 Si el querellante pidiere la prueba de la imputacin dirigida contra l.

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedar exento de pena. ARTICULO 112. – El reo de calumnia o injuria equvoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrir del mnimum a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.

ARTICULO 113. – El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, ser reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate. ARTICULO 114. – Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarn sometidos a las sanciones del presente cdigo y el juez o tribunal ordenar, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o peridicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfaccin.

  1. ARTICULO 115.
  2. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarn sujetas nicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.
  3. ARTICULO 116.
  4. Cuando las injurias fueren recprocas, el tribunal podr, segn las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.

ARTICULO 117. – El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociacin, quedar exento de pena, si se retractare pblicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. ARTICULO 117 bis.1. (Inciso derogado por art.14 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) 2.

La pena ser de seis meses a tres aos, al que proporcionara a un tercero a sabiendas informacin falsa contenida en un archivo de datos personales.3. La escala penal se aumentar en la mitad del mnimo y del mximo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.4. Cuando el autor o responsable del ilcito sea funcionario pblico en ejercicio de sus funciones, se le aplicar la accesoria de inhabilitacin para el desempeo de cargos pblicos por el doble del tiempo que el de la condena.

(Artculo incorporado por art.32 de la Ley N 25.326 B.O.2/11/2000) TITULO III DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL (rbrica del ttulo sustituida por art.1 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ( Nota Infoleg: Captulo I y su rbrica: Adulterio, derogados por art.3 de la Ley N 24.453 B.O.7/3/1995) ARTICULO 118.- (Artculo derogado por art.4 de la Ley N24.453 B.O.7/3/1995) Captulo II ARTICULO 119.

– Ser reprimido con reclusin o prisin de seis meses a cuatro aos el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, sta fuera menor de trece aos o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relacin de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechndose de que la vctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la accin.

La pena ser de cuatro a diez aos de reclusin o prisin cuando el abuso por su duracin o circunstancias de su realizacin, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la vctima. La pena ser de seis a quince aos de reclusin o prisin cuando mediando las circunstancias del primer prrafo hubiere acceso carnal por cualquier va.

En los supuestos de los dos prrafos anteriores, la pena ser de ocho a veinte aos de reclusin o prisin si: a) Resultare un grave dao en la salud fsica o mental de la vctima; b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afn en lnea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algn culto reconocido o no, encargado de la educacin o de la guarda; c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisin sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; d) El hecho fuere cometido por dos o ms personas, o con armas; e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasin de sus funciones; f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho aos, aprovechando la situacin de convivencia preexistente con el mismo.

En el supuesto del primer prrafo, la pena ser de tres a diez aos de reclusin o prisin si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).” (Artculo sustituido por art.2 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 120 Ser reprimido con prisin o reclusin de tres a seis aos el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer prrafo del artculo 119 con una persona menor de diecisis aos, aprovechndose de su inmadurez sexual, en razn de la mayora de edad del autor, su relacin de preeminencia respecto de la vctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito ms severamente penado.

  1. La pena ser de prisin o reclusin de seis a diez aos si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto prrafo del artculo 119 (Artculo sustituido por art.3 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 121.-.
  2. Artculo derogado por art.4 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 122.

– (Artculo derogado por art.4 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 123. – (Artculo derogado por art.4 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 124. – Se impondr reclusin o prisin perpetua, cuando en los casos de los artculos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.

(Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 25.893 B.O.26/5/2004) Captulo III ARTICULO 125. – El que promoviere o facilitare la corrupcin de menores de dieciocho aos, aunque mediare el consentimiento de la vctima ser reprimido con reclusin o prisin de tres a diez aos. La pena ser de seis a quince aos de reclusin o prisin cuando la vctima fuera menor de trece aos.

Cualquiera que fuese la edad de la vctima, la pena ser de reclusin o prisin de diez a quince aos, cuando mediare engao, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidacin o coercin, como tambin si el autor fuera ascendiente, cnyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educacin o guarda.

Artculo sustituido por art.5 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 125 bis El que promoviere o facilitare la prostitucin de menores de dieciocho aos, aunque mediare el consentimiento de la vctima ser reprimido con reclusin o prisin de cuatro a diez aos. La pena ser de seis a quince aos de reclusin o prisin cuando la vctima fuera menor de trece aos.

Cualquiera que fuese la edad de la vctima, la pena ser de reclusin o prisin de diez a quince aos, cuando mediare engao, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidacin o coercin, como tambin, si el autor fuera ascendiente, cnyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educacin o guarda.

(Artculo incorporado por art.6 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 126 Ser reprimido con reclusin o prisin de cuatro a diez aos, el que con nimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitucin de mayores de dieciocho aos de edad mediando engao, abuso de una relacin de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidacin o coercin.” (Artculo sustituido por art.7 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 127 Ser reprimido con prisin de tres a seis aos, el que explotare econmicamente el ejercicio de la prostitucin de una persona, mediando engao, abuso coactivo o intimidatorio de una relacin de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidacin o coercin.

(Artculo sustituido por art.8 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 127 bis. – (Artculo derogado por art.17 de la Ley N 26.364, B.O.30/4/2008) ARTICULO 127 ter. – (Artculo derogado por art.17 de la Ley N 26.364, B.O.30/4/2008) ARTICULO 128 Ser reprimido con prisin de seis (6) meses a cuatro (4) aos el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representacin de un menor de dieciocho (18) aos dedicado a actividades sexuales explcitas o toda representacin de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectculos en vivo de representaciones sexuales explcitas en que participaren dichos menores.

  • Ser reprimido con prisin de cuatro (4) meses a dos (2) aos el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el prrafo anterior con fines inequvocos de distribucin o comercializacin.
  • Ser reprimido con prisin de un (1) mes a tres (3) aos el que facilitare el acceso a espectculos pornogrficos o suministrare material pornogrfico a menores de catorce (14) aos.

(Artculo sustituido por art.2 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 129 Ser reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.

Si los afectados fueren menores de dieciocho aos la pena ser de prisin de seis meses a cuatro aos. Lo mismo valdr, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece aos. (Artculo sustituido por art.10 de la Ley N 25.087, B.O.14/5/1999) ( Nota Infoleg: multa actualizada anteriormente por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) Captulo IV ARTICULO 130 Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidacin o fraude, con la intencin de menoscabar su integridad sexual.

La pena ser de seis meses a dos aos, si se tratare de una persona menor de diecisis aos, con su consentimiento. La pena ser de dos a seis aos si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidacin o fraude a una persona menor de trece aos, con el mismo fin.

(Artculo sustituido por art.11 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 131. – (Artculo derogado por art.12 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) Captulo V ARTICULO 132. – En los delitos previstos en los artculos 119: 1, 2, 3 prrafos, 120: 1 prrafo y 130 la vctima podr instar el ejercicio de la accin penal pblica con el asesoramiento o representacin de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de proteccin o ayuda a las vctimas.

Si ella fuere mayor de diecisis aos podr proponer un avenimiento con el imputado. El Tribunal podr excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideracin a la especial y comprobada relacin afectiva preexistente, considere que es un modo ms equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del inters de la vctima.

En tal caso la accin penal quedar extinguida; o en el mismo supuesto tambin podr disponer la aplicacin al caso de lo dispuesto por los artculos 76 ter y 76 quter del Cdigo Penal. (Artculo sustituido por art.15 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ARTICULO 133. – Los ascendientes, descendientes, cnyuges, convivientes, afines en lnea recta, hermanos, tutores, curadores y cualesquiera persona que, con abuso de una relacin de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetracin de los delitos comprendidos en este ttulo sern reprimidos con la pena de los autores.

(Artculo sustituido por art.13 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) ( Nota Infoleg: rbricas de los captulos II, III, IV y V derogadas por art.1 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999) TITULO IV DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL Captulo I Matrimonios ilegales ARTICULO 134.

Sern reprimidos con prisin de uno a cuatro aos, los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta. ARTICULO 135. – Sern reprimidos con prisin de dos a seis aos: 1. El que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente; 2.

El que engaando a una persona, simulare matrimonio con ella. ARTICULO 136. – El oficial pblico que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artculos anteriores, sufrir, en su caso, la pena que en ellos se determina. Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebracin del matrimonio, la pena ser de multa de setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitacin especial por seis meses a dos aos.

  • Sufrir multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos el oficial pblico que, fuera de los dems casos de este artculo, procediere a la celebracin de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.
  • Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 137.

– En la misma pena incurrir el representante legtimo de un menor impber que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo. Captulo II Supresin y suposicin del estado civil y de la Identidad ARTICULO 138.- Se aplicar prisin de 1 a 4 aos al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro.

Artculo sustituido por art.5 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 139.- Se impondr prisin de 2 a 6 aos: 1. A la mujer que fingiere preez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan.2. Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 aos, y el que lo retuviere u ocultare.

(Artculo sustituido por art.6 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 139 bis – Ser reprimido con reclusin o prisin de 3 a 10 aos, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetracin de los delitos comprendidos en este Captulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad.

  • Incurrirn en las penas establecidas en el prrafo anterior y sufrirn, adems, inhabilitacin especial por doble tiempo que el de la condena, el funcionario pblico o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en este Captulo.
  • Artculo incorporado por art.7 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Captulo I Delitos contra la libertad individual ARTICULO 140.

– Sern reprimidos con reclusin o prisin de tres a quince aos, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condicin anloga y el que la recibiere en tal condicin para mantenerla en ella. ARTICULO 141. – Ser reprimido con prisin o reclusin de seis meses a tres aos; el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.

  • ARTICULO 142.
  • Se aplicar prisin o reclusin de dos a seis aos, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.
  • Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza; 2.
  • Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cnyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular; 3.

Si resultare grave dao a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor; 4. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pblica u orden de autoridad pblica; 5. Si la privacin de la libertad durare ms de un mes.

ARTICULO 142 bis. – Se impondr prisin o reclusin de cinco (5) a quince (15) aos, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la vctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propsito, el mnimo de la pena se elevar a ocho (8) aos.

La pena ser de diez (10) a veinticinco (25) aos de prisin o reclusin: 1. Si la vctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) aos de edad; o un mayor de setenta (70) aos de edad.2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cnyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular.3.

  • Si se causare a la vctima lesiones graves o gravsimas.4.
  • Cuando la vctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por s misma.5.
  • Cuando el agente sea funcionario o empleado pblico o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisin del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.

(Inciso sustituido por art.3 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) 6.

Cuando participaran en el hecho tres (3) o ms personas. La pena ser de quince (15) a veinticinco (25) aos de prisin a reclusin si del hecho resultara la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor. La pena ser de prisin o reclusin perpetua si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida.

La pena del partcipe que, desvinculndose de los otros, se esforzare de modo que la vctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del propsito del autor, se reducir de un tercio a la mitad. (Artculo sustituido por art.3 de la Ley N 25.742 B.O.20/6/2003) ARTICULO 143.

Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a tres aos e inhabilitacin especial por doble tiempo: 1. El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar; 2. El funcionario que prolongare indebidamente la detencin de una persona, sin ponerla a disposicin del juez competente; 3.

El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido; 4. El jefe de prisin u otro establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiera algn reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena o lo colocare en lugares del establecimiento que no sean los sealados al efecto; 5.

  • El alcaide o empleado de las crceles de detenidos y seguridad que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito; 6.
  • El funcionario competente que teniendo noticias de una detencin ilegal omitiere, retardare o rehusare hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.

ARTICULO 144. – Cuando en los casos del artculo anterior concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artculo 142, el mximo de la pena privativa de la libertad se elevar a cinco aos. ARTICULO 144 bis, – Ser reprimido con prisin o reclusin de uno a cinco aos e inhabilitacin especial por doble tiempo: 1.

  1. El funcionario pblico que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal; 2.
  2. El funcionario que desempeando un acto de servicio cometiera cualquier vejacin contra las personas o les aplicare apremios ilegales; 3.
  3. El funcionario pblico que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales.

Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artculo 142, la pena privativa de la libertad ser de reclusin o prisin de dos a seis aos. ARTICULO 144 ter,- 1. Ser reprimido con reclusin o prisin de ocho a veinticinco aos e inhabilitacin absoluta y perpetua el funcionario pblico que impusiere a personas, legtima o ilegtimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura.

Es indiferente que la vctima se encuentre jurdicamente a cargo del funcionario, bastando que ste tenga sobre aqulla poder de hecho. Igual pena se impondr a particulares que ejecutaren los hechos descritos.2. Si con motivo u ocasin de la tortura resultare la muerte de la vctima, la pena privativa de libertad ser de reclusin o prisin perpetua.

Si se causare alguna de las lesiones previstas en el artculo 91, la pena privativa de libertad ser de reclusin o prisin de diez a veinticinco aos.3. Por tortura se entender no solamente los tormentos fsicos, sino tambin la imposicin de sufrimientos psquicos, cuando stos tengan gravedad suficiente.

ARTICULO 144 quater. – 1. Se impondr prisin de tres a diez aos al funcionario que omitiese evitar la comisin de alguno de los hechos del artculo anterior, cuando tuviese competencia para ello.2. La pena ser de uno a cinco aos de prisin para el funcionario que en razn de sus funciones tomase conocimiento de la comisin de alguno de los hechos del artculo anterior y, careciendo de la competencia a que alude el inciso precedente, omitiese denunciar dentro de las veinticuatro horas el hecho ante el funcionario, ministerio pblico o juez competente.

Si el funcionario fuera mdico se le impondr, adems, inhabilitacin especial para el ejercicio de su profesin por doble tiempo de la pena de prisin.3. Sufrir la pena prevista en el inciso 1 de este artculo el juez que, tomando conocimiento en razn de su funcin de alguno de los hechos a que se refiere el artculo anterior, no instruyere sumario o no denunciare el hecho al juez competente dentro de las veinticuatro horas.4.

En los casos previstos en este artculo, se impondr, adems, inhabilitacin especial perpetua para desempearse en cargos pblicos. La inhabilitacin comprender la de tener o portar armas de todo tipo. ARTICULO 144 quinto.- Si se ejecutase el hecho previsto en el artculo 144 tercero, se impondr prisin de seis meses a dos aos e inhabilitacin especial de tres a seis aos al funcionario a cargo de la reparticin, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo, si las circunstancias del caso permiten establecer que el hecho no se hubiese cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios por dicho funcionario.

ARTICULO 145, – Ser reprimido con prisin de dos a seis aos, el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la Repblica, con el propsito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejrcito extranjero. ARTICULO 145 bis, – El que captare, transportare o trasladare, dentro del pas o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho aos de edad, cuando mediare engao, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidacin o coercin, abuso de autoridad o de una situacin de vulnerabilidad, concesin o recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la vctima, con fines de explotacin, ser reprimido con prisin de TRES (3) a SEIS (6) aos.

La pena ser de CUATRO (4) a DIEZ (10) aos de prisin cuando: 1. El autor fuere ascendiente, cnyuge, afn en lnea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educacin o guarda, ministro de algn culto reconocido o no, o funcionario pblico; 2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o ms personas en forma organizada; 3.

Las vctimas fueren TRES (3) o ms. (Artculo incorporado por art.10 de la Ley N 26.364, B.O.30/4/2008) ARTICULO 145 ter, – El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del pas o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de DIECIOCHO (18) aos de edad, con fines de explotacin, ser reprimido con prisin de CUATRO (4) a DIEZ (10) aos.

La pena ser de SEIS (6) a QUINCE (15) aos de prisin cuando la vctima fuere menor de TRECE (13) aos. En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena ser de DIEZ (10) a QUINCE (15) aos de prisin, cuando: 1. Mediare engao, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidacin o coercin, abuso de autoridad o de una situacin de vulnerabilidad, concesin o recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la vctima; 2.

El autor fuere ascendiente, cnyuge, afn en lnea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educacin o guarda, ministro de algn culto reconocido o no, o funcionario pblico; 3. El hecho fuere cometido por TRES (3) o ms personas en forma organizada; 4.

Las vctimas fueren TRES (3) o ms. (Artculo incorporado por art.11 de la Ley N 26.364, B.O.30/4/2008) ARTICULO 146.- Ser reprimido con prisin o reclusin de 5 a 15 aos, el que sustrajere a un menor de 10 aos del poder de sus padres, tutor o persona encargada de l, y el que lo retuviere u ocultare. (Artculo sustituido por art.8 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 147.

– En la misma pena incurrir el que, hallndose encargado de la persona de un menor de diez aos, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no diere razn satisfactoria de su desaparicin. ARTICULO 148. – Ser reprimido con prisin de un mes a un ao, el que indujere a un mayor de diez aos y menor de quince, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona.

ARTICULO 149. – Ser reprimido con prisin de un mes a un ao, el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la polica, a un menor de quince aos que se hubiere substrado a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido. La pena ser de seis meses a dos aos, si el menor no tuviera diez aos.

ARTICULO 149 bis. – Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o ms personas. En este caso la pena ser de uno a tres aos de prisin si se emplearen armas o si las amenazas fueren annimas.

  • Ser reprimido con prisin o reclusin de dos a cuatro aos el que hiciere uso de amenazas con el propsito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
  • ARTICULO 149 ter.
  • En el caso del ltimo apartado del artculo anterior, la pena ser: 1) De tres a seis aos de prisin o reclusin si se emplearen armas o si las amenazas fueren annimas; 2) De cinco a diez aos de prisin o reclusin en los siguientes casos: a) Si las amenazas tuvieren como propsito la obtencin de alguna medida o concesin por parte de cualquier miembro de los poderes pblicos; b) Si las amenazas tuvieren como propsito el de compeler a una persona a hacer abandono del pas, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.

Captulo II Violacin de domicilio ARTICULO 150. – Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, si no resultare otro delito ms severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

ARTICULO 151. – Se impondr la misma pena e inhabilitacin especial de seis meses a dos aos, al funcionario pblico o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina. ARTICULO 152. – Las disposiciones de los artculos anteriores no se aplicarn al que entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave a s mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia.

Captulo III Violacin de Secretos y de la Privacidad (Epgrafe sustituido por art.3 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 153. – Ser reprimido con prisin de quince (15) das a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicacin electrnica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegrfico, telefnico o de otra naturaleza, que no le est dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicacin electrnica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no est cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicacin electrnica que no le est dirigida.

En la misma pena incurrir el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrnicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carcter privado o de acceso restringido. La pena ser de prisin de un (1) mes a un (1) ao, si el autor adems comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicacin electrnica.

Si el hecho lo cometiere un funcionario pblico que abusare de sus funciones, sufrir adems, inhabilitacin especial por el doble del tiempo de la condena. (Artculo sustituido por art.4 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 153 BIS. – Ser reprimido con prisin de quince (15) das a seis (6) meses, si no resultare un delito ms severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorizacin o excediendo la que posea, a un sistema o dato informtico de acceso restringido.

  1. La pena ser de un (1) mes a un (1) ao de prisin cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informtico de un organismo pblico estatal o de un proveedor de servicios pblicos o de servicios financieros.
  2. Artculo incorporado por art.5 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 154.
  3. Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos, el empleado de correos o telgrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.

ARTICULO 155. – Ser reprimido con multa de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil ($ 100.000), el que hallndose en posesin de una correspondencia, una comunicacin electrnica, un pliego cerrado, un despacho telegrfico, telefnico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.

Est exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propsito inequvoco de proteger un inters pblico. (Artculo sustituido por art.6 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 156. – Ser reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitacin especial, en su caso, por seis meses a tres aos, el que teniendo noticia, por razn de su estado, oficio, empleo, profesin o arte, de un secreto cuya divulgacin pueda causar dao, lo revelare sin justa causa.

( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 157. – Ser reprimido con prisin de un (1) mes a dos (2) aos e inhabilitacin especial de un (1) a cuatro (4) aos, el funcionario pblico que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

Artculo sustituido por art.7 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 157 bis. -Ser reprimido con la pena de prisin de un (1) mes a dos (2) aos el que: 1. A sabiendas e ilegtimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; 2.

Ilegtimamente proporcionare o revelare a otro informacin registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposicin de la ley.3. Ilegtimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales.

Cuando el autor sea funcionario pblico sufrir, adems, pena de inhabilitacin especial de un (1) a cuatro (4) aos. (Artculo sustituido por art.8 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) Captulo IV Delitos contra la libertad de trabajo y asociacin ARTICULO 158. – Ser reprimido con prisin de un mes a un ao; el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boycott.

La misma pena sufrir el patrn, empresario o empleado que, por s o por cuenta de alguien, ejerciere coaccin para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada. ARTICULO 159. – Ser reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malvolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) Captulo V Delitos contra la libertad de reunin ARTICULO 160. – Ser reprimido con prisin de quince das a tres meses, el que impidiere materialmente o turbare una reunin lcita, con insultos o amenazas al orador o a la institucin organizadora del acto.

Captulo VI Delitos contra la libertad de prensa ARTICULO 161. – Sufrir prisin de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulacin de un libro o peridico. TITULO VI DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Captulo I Hurto ARTICULO 162. – Ser reprimido con prisin de un mes a dos aos, el que se apoderare ilegtimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.- ARTICULO 163.

Se aplicar prisin de uno a seis aos en los casos siguientes: 1 Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de mquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroqumicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos. (Inciso sustituido por art.2 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) 2 Cuando el hurto se cometiere con ocasin de un incendio, explosin, inundacin, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motn o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmocin pblica o de un infortunio particular del damnificado; 3 Cuando se hiciere uso de ganza, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiere sido substrada, hallada o retenida; (Inciso sustituido por art.1 de la Ley N 24.721 B.O.18/11/1996) 4 Cuando se perpetrare con escalamiento.5 Cuando el hurto fuese de mercaderas u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren.

(Inciso incorporado por art.1 de la Ley N 23.468 B.O.26/1/1987) 6 Cuando el hurto fuere de vehculos dejados en la va pblica o en lugares de acceso pblico. (Inciso incorporado por art.1 de la Ley N 24.721 B.O.18/11/1996) ARTICULO 163 bis En los casos enunciados en el presente Captulo, la pena se aumentar en un tercio en su mnimo y en su mximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.

Artculo incorporado por art.2 de la Ley N 25.816 B.O.9/12/2003) Captulo II Robo ARTICULO 164. – Ser reprimido con prisin de un mes a seis aos, el que se apoderare ilegtimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia fsica en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o despus de cometido para procurar su impunidad.

ARTICULO 165. – Se impondr reclusin o prisin de diez a veinticinco aos, si con motivo u ocasin del robo resultare un homicidio. ARTICULO 166. -Se aplicar reclusin o prisin de CINCO a QUINCE aos: 1. Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artculos 90 y 91.2.

Si el robo se cometiere con armas, o en despoblado y en banda. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevar en un tercio en su mnimo y en su mximo. Si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningn modo por acreditada, o con un arma de utilera, la pena ser de TRES a DIEZ aos de reclusin o prisin.

(Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 25.882 B.O.26/4/2004) ARTICULO 167. – Se aplicar reclusin o prisin de tres a diez aos: 1. Si se cometiere el robo en despoblado; 2. Si se cometiere en lugares poblados y en banda; 3. Si se perpetrare el robo con perforacin o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas; 4.

Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artculo 163. ARTICULO 167 bis En los casos enunciados en el presente Captulo, la pena se aumentar en un tercio en su mnimo y en su mximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.

(Artculo incorporado por art.3 de la Ley N 25.816 B.O.9/12/2003) Captulo 2 bis: Abigeato (Captulo incorporado por art.3 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) ARTICULO 167 ter.- Ser reprimido con prisin de DOS (2) a SEIS (6) aos el que se apoderare ilegtimamente de UNA (1) o ms cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o, en ocasin de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto.

  1. La pena ser de TRES (3) a OCHO (8) aos de prisin si el abigeato fuere de CINCO (5) o ms cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte.
  2. Artculo incorporado por art.3 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) ARTICULO 167 quater.- Se aplicar reclusin o prisin de CUATRO (4) a DIEZ (10) aos cuando en el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 1.- El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artculo 164.2.- Se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o seales utilizadas para la identificacin del animal.3.- Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisicin, guas de trnsito, boletos de marca o seal, o documentacin equivalente, falsos.4.- Participare en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboracin, comercializacin o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal.5.- Participare en el hecho un funcionario pblico quien, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisin.6.- Participaren en el hecho TRES (3) o ms personas.

(Artculo incorporado por art.3 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) ARTICULO 167 quinque.- En caso de condena por un delito previsto en este Captulo, el culpable, si fuere funcionario pblico o reuniere las condiciones personales descriptas en el artculo 167 quater inciso 4, sufrir, adems, inhabilitacin especial por el doble del tiempo de la condena.

En todos los casos antes previstos tambin se impondr conjuntamente una multa equivalente de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor del ganado sustrado”. (Artculo incorporado por art.3 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) Captulo III Extorsin ARTICULO 168. – Ser reprimido con reclusin o prisin de cinco a diez aos, el que con intimidacin o simulando autoridad pblica o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposicin o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurdicos.

Incurrir en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligacin o de crdito. ARTICULO 169. – Ser reprimido con prisin o reclusin de tres a ocho aos, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violacin de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artculo precedente.

ARTICULO 170. – Se impondr reclusin o prisin de cinco (5) a quince (15) aos, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propsito, el mnimo de la pena se elevar a ocho (8) aos. La pena ser de diez (10) a veinticinco (25) aos de prisin o reclusin: 1. Si la vctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) aos de edad o un mayor de setenta (70) aos de edad.2.

Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cnyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular.3. Si se causare a la vctima lesiones graves o gravsimas.4. Cuando la vctima sea una persona discapacitada; enferma; o que no pueda valerse por s misma.5.

Cuando el agente sea funcionario o empleado pblico; o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.6. Cuando participaran en el hecho tres (3) o ms personas. La pena ser de quince (15) a veinticinco (25) aos de prisin o reclusin si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.

La pena ser de prisin o reclusin perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. La pena del partcipe que, desvinculndose de los otros, se esforzare de modo que la vctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del pago del precio de la libertad, se reducir de un tercio a la mitad.

  • Artculo sustituido por art.4 de la Ley N 25.742 B.O.20/6/2003) ARTICULO 171.
  • Sufrir prisin de dos a seis aos, el que substrajere un cadver para hacerse pagar su devolucin.
  • Captulo IV Estafas y otras defraudaciones ARTICULO 172.
  • Ser reprimido con prisin de un mes a seis aos, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos ttulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crdito, comisin, empresa o negociacin o valindose de cualquier otro ardid o engao.

ARTICULO 173.- Sin perjuicio de la disposicin general del artculo precedente, se considerarn casos especiales de defraudacin y sufrirn la pena que l establece: 1. El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un ttulo obligatorio; 2.

El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depsito, comisin, administracin u otro ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver; 3. El que defraudare, haciendo suscribir con engao algn documento; 4.

El que cometiere alguna defraudacin abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algn documento en perjuicio del mismo que la dio o de tercero; 5. El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de tercero; 6.

El que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibidos; 7. El que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para s o para un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos; 8.

El que cometiere defraudacin, substituyendo, ocultando o mutilando algn proceso, expediente, documento u otro papel importante; 9. El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos; 10.

El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneracin a los jueces u otros empleados pblicos; 11. El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligacin referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurdico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenacin, sea removindolo, retenindolo, ocultndolo o dandolo, siempre que el derecho o la obligacin hubieran sido acordados a otro por un precio o como garanta; 12.

El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversin o el dador de un contrado de leasing, que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los cocontratantes; (Inciso incorporado por art.82 de la Ley N 24.441 B.O.16/1/1995) 13.

El que encontrndose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo ejecutara en perjuicio del deudor, a sabiendas de que el mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial; (Inciso incorporado por art.82 de la Ley N 24.441 B.O.16/1/1995) 14.

El tenedor de letras hipotecarias que en perjuicio del deudor o de terceros omitiera consignar en el ttulo los pagos recibidos. (Inciso incorporado por art.82 de la Ley N 24.441 B.O.16/1/1995) 15. El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crdito o dbito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legtimo emisor mediante ardid o engao, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operacin automtica.

Inciso incorporado por art.1 de la Ley N 25.930 B.O.21/9/2004) 16. El que defraudare a otro mediante cualquier tcnica de manipulacin informtica que altere el normal funcionamiento de un sistema informtico o la transmisin de datos. (Inciso incorporado por art.9 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 174.

– Sufrir prisin de dos a seis aos: 1. El que para procurarse a s mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador o de un dador de prstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flete estn asegurados o sobre la cual se haya efectuado un prstamo a la gruesa; 2 El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurdico, en dao de l o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo; 3.

El que defraudare usando de pesas o medidas falsas; 4. El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construccin que cometiere, en la ejecucin de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado; 5.

El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administracin pblica.- 6,- El que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotacin comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestacin de servicios; destruyere, daare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, mquinas, equipos u otros bienes de capital.

  • Inciso incorporado por art.2 de la Ley N 25.602 B.O.20/6/2002) En los casos de los tres incisos precedentes, el culpable, si fuere funcionario o empleado pblico, sufrir adems inhabilitacin especial perpetua.
  • Prrafo sustituido por art.3 de la Ley N 25.602 B.O.20/6/2002) ( Nota Infoleg: Por art.4 de la Ley N 25.602 B.O.20/6/2002 se incorpor el art.174 bis pero fue vetado por Decreto N 1059/2002 B.O.20/6/2002) ARTICULO 175.

– Ser reprimido con multa de Ser reprimido con multa de mil pesos a quince mil pesos: 1. El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del Cdigo Civil; 2.

El que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito; 3. El que vendiere la prenda sobre que prest dinero o se la apropiare o dispusiere de ella, sin las formalidades legales; 4. El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a ttulo de documento, crdito o garanta por una obligacin no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.- ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) Captulo IV bis Usura ARTICULO 175 bis.

– El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para s o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestacin, u otorgar recaudos o garantas de carcter extorsivo, ser reprimido con prisin de uno a tres aos y con multa de pesos tres mil a pesos treinta mil.

La misma pena ser aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crdito usurario. La pena de prisin ser de tres a seis aos, y la multa de pesos quince mil a pesos ciento cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual. ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) Captulo V Quebrados y otros deudores punibles ARTICULO 176.

– Ser reprimido, como quebrado fraudulento, con prisin de dos a seis aos e inhabilitacin especial de tres a diez aos, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes: 1 Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o prdidas; 2 No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa; 3 Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

  1. ARTICULO 177.
  2. Ser reprimido, como quebrado culpable, con prisin de un mes a un ao e inhabilitacin especial de dos a cinco aos, el comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relacin al capital y al nmero de personas de su familia, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta.

ARTICULO 178. – Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad comercial o de una persona jurdica que ejerza el comercio, o se hubiere abierto el procedimiento de liquidacin sin quiebra de un banco u otra entidad financiera, todo director, sndico, administrador, miembro de la comisin fiscalizadora o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o del banco o entidad financiera en liquidacin sin quiebra, o contador o tenedor de libros de los mismos, que hubiere cooperado a la ejecucin de alguno de los actos a que se refieren los artculos anteriores, ser reprimido con la pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en su caso.

Con la misma pena ser reprimido el miembro del consejo de administracin o directivo, sndico, miembro de la junta fiscalizadora o de vigilancia, o gerente, tratndose de una sociedad cooperativa o mutual. ARTICULO 179. – Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos, el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiere alguno de los actos mencionados en el artculo 176.

Ser reprimido con prisin de seis meses a tres aos, el que durante el curso de un proceso o despus de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, daare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles.

ARTICULO 180. – Ser reprimido con prisin de un mes a un ao, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transaccin judicial, en virtud de una connivencia con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptacin del concordato, convenio o transaccin.

La misma pena sufrir, en su caso, todo deudor o director, gerente o administrador de una sociedad annima o cooperativa o de una persona jurdica de otra ndole, en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes, que concluyere un convenio de este gnero.

Captulo VI Usurpacin ARTICULO 181.- Ser reprimido con prisin de seis meses a tres aos: 1 el que por violencia, amenazas, engaos, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesin o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre l, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, mantenindose en l o expulsando a los ocupantes; 2 el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los trminos o lmites del mismo; 3 el que, con violencias o amenazas, turbare la posesin o tenencia de un inmueble.

(Artculo sustituido por art.2 Ley N 24.454 B.O.7/3/1995) ARTICULO 182. – Ser reprimido con prisin de quince das a un ao: 1 El que ilcitamente y con el propsito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depsitos, ros, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; 2 El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas; 3 El que ilcitamente y con el propsito de causar perjuicio a otro represare, desviare o detuviere las aguas de los ros, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

  • La pena se aumentar hasta dos aos, si para cometer los delitos expresados en los nmeros anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en los ros, arroyos, fuentes, depsitos, canales o acueductos.
  • Captulo VII Daos ARTICULO 183.
  • Ser reprimido con prisin de quince das a un ao, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo daare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito ms severamente penado.

En la misma pena incurrir el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informtico, cualquier programa destinado a causar daos. (Prrafo incorporado por art.10 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) ARTICULO 184.

La pena ser de tres (3) meses a cuatro (4) aos de prisin, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones; 2. Producir infeccin o contagio en aves u otros animales domsticos; 3.

Emplear substancias venenosas o corrosivas; 4. Cometer el delito en despoblado y en banda; 5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso pblico; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares pblicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informticos pblicos; 6.

  1. Ejecutarlo en sistemas informticos destinados a la prestacin de servicios de salud, de comunicaciones, de provisin o transporte de energa, de medios de transporte u otro servicio pblico.
  2. Artculo sustituido por art.11 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) Captulo VIII Disposiciones generales ARTICULO 185.

– Estn exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daos que recprocamente se causaren: 1. Los cnyuges, ascendientes, descendientes y afines en la lnea recta; 2. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cnyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; 3.

  1. Los hermanos y cuados, si viviesen juntos.
  2. La excepcin establecida en el prrafo anterior, no es aplicable a los extraos que participen del delito.
  3. TITULO VII DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA Captulo I Incendios y otros estragos ARTICULO 186.
  4. El que causare incendio, explosin o inundacin, ser reprimido: 1 Con reclusin o prisin de tres a diez aos, si hubiere peligro comn para los bienes; 2 Con reclusin o prisin de tres a diez aos el que causare incendio o destruccin por cualquier otro medio: a) De cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todava no cosechados; b) De bosques, vias, olivares, caaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantacin de rboles o arbustos en explotacin, ya sea con sus frutos en pie o cosechados; c) De ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados; d) De la lea o carbn de lea, apilados o amontonados en los campos de su explotacin y destinados al comercio; e) De alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados; f) De los mismos productos mencionados en los prrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento; 3 Con reclusin o prisin de tres a quince aos, si hubiere peligro para un archivo pblico, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fbrica de plvora o de pirotecnia militar o parque de artillera; 4 Con reclusin o prisin de tres a quince aos, si hubiere peligro de muerte para alguna persona; 5 Con reclusin o prisin de ocho a veinte aos, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

ARTICULO 187. – Incurrir, segn los casos, en las penas sealadas en el artculo precedente, el que causare estrago por medio de sumersin o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundacin, de una mina o cualquier otro medio poderoso de destruccin.

  1. ARTICULO 188.
  2. Ser reprimido con prisin de uno a seis aos el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa comn contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que stos se produzcan.
  3. La misma pena se aplicar al que, para impedir la extincin de un incendio o las obras de defensa contra una inundacin, sumersin, naufragio u otro desastre, substrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extincin o a la defensa referida.
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ARTICULO 189. – Ser reprimido con prisin de un mes a un ao, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesin o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Si el hecho u omisin culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el mximo de la pena podr elevarse hasta cinco aos.

Artculo sustituido por art.3 de la Ley N 25.189 B.O.28/10/1999) ARTICULO 189 bis, – (1) El que, con el fin de contribuir a la comisin de delitos contra la seguridad comn o causar daos en las mquinas o en la elaboracin de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energa nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares, o sus desechos, istopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, txicos o biolgicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparacin, ser reprimido con reclusin o prisin de CINCO (5) a QUINCE (15) aos.

La misma pena se impondr al que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisin de delitos contra la seguridad comn o destinados a causar daos en las mquinas o en la elaboracin de productos, diere instrucciones para la preparacin de sustancias o materiales mencionados en el prrafo anterior.

La simple tenencia de los materiales a los que se refiere el prrafo que antecede, sin la debida autorizacin legal, o que no pudiere justificarse por razones de su uso domstico o industrial, ser reprimida con prisin de TRES (3) a SEIS (6) aos. (2) La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorizacin legal, ser reprimida con prisin de 6 (SEIS) meses a 2 (DOS) aos y multa de MIL PESOS ($ 1.000.-) a DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-).

Si las armas fueren de guerra, la pena ser de DOS (2) a SEIS (6) aos de prisin. La portacin de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorizacin legal, ser reprimida con prisin de UN (1) ao a CUATRO (4) aos. Si las armas fueren de guerra, la pena ser de TRES (3) aos y SEIS (6) meses a OCHO (8) aos y SEIS (6) meses de reclusin o prisin.

Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos prrafos que anteceden, fuere tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducir en un tercio del mnimo y del mximo. La misma reduccin prevista en el prrafo anterior podr practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intencin de utilizar las armas portadas con fines ilcitos.

En los dos casos precedentes, se impondr, adems, inhabilitacin especial por el doble del tiempo de la condena. El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelacin o exencin de prisin anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre, ser reprimido con prisin de CUATRO (4) a DIEZ (10) aos.

( Nota Infoleg: Por art.4 de la Ley N 25.886 B.O.5/5/2004, se establece que el primer prrafo del punto 2 del artculo 189 bis entrar en vigencia a partir del trmino del plazo establecido de SEIS MESES, en el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispondr, las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil o uso civil condicionado.

Asimismo, en el mismo trmino, se arbitrarn en todo el territorio de la Nacin, con contralor de la mxima autoridad judicial que en cada jurisdiccin se designe, los medios para recepcionar de parte de la poblacin, la entrega voluntaria de toda arma de fuego que su propietario o tenedor decida realizar.) (3) El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de stas, o la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida autorizacin, ser reprimido con reclusin o prisin de CUATRO (4) a DIEZ (10) aos.

El que hiciere de la fabricacin ilegal de armas de fuego una actividad habitual ser reprimido con reclusin o prisin de CINCO (5) a DIEZ (10) aos. (4) Ser reprimido con prisin de UN (1) ao a SEIS (6) aos el que entregare un arma de fuego, por cualquier ttulo, a quien no acreditare su condicin de legtimo usuario.

La pena ser de TRES (3) aos y SEIS (6) meses a DIEZ (10) aos de prisin si el arma fuera entregada a un menor de DIECIOCHO (18) aos. Si el autor hiciere de la provisin ilegal de armas de fuego una actividad habitual, la pena ser de CUATRO (4) a QUINCE (15) aos de reclusin o prisin.

  • Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres prrafos anteriores contare con autorizacin para la venta de armas de fuego, se le impondr, adems, inhabilitacin especial absoluta y perpetua, y multa de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-).
  • 5) Ser reprimido con prisin de TRES (3) a OCHO (8) aos e inhabilitacin especial por el doble del tiempo de la condena el que, contando con la debida autorizacin legal para fabricar armas, omitiere su nmero o grabado conforme a la normativa vigente, o asignare a DOS (2) o ms armas idnticos nmeros o grabados.

En la misma pena incurrir el que adulterare o suprimiere el nmero o el grabado de un arma de fuego. (Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 25.886 B.O.5/5/2004.) ARTICULO 189 ter,- (Artculo derogado por art.2 de la Ley N 25.886 B.O.5/5/2004.) Captulo II Delitos contra la seguridad del trnsito y de los medios de transporte y de comunicacin (Denominacin sustituida por art.1 de la Ley N 26.362, B.O.16/4/2008) ARTICULO 190.

  • Ser reprimido con prisin de dos a ocho aos, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construccin flotante o aeronave.
  • Si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre areo, la pena ser de seis a quince aos de reclusin o prisin.
  • Si el hecho causare lesin a alguna persona, la pena ser de seis a quince aos de reclusin o prisin, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco aos de reclusin o prisin.

Las disposiciones precedentes se aplicarn aunque la accin recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad comn. ARTICULO 191. – El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar, ser reprimido: 1 Con prisin de seis meses a tres aos, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente; 2 Con prisin de dos a seis aos, si se produjere descarrilamiento u otro accidente; 3 Con reclusin o prisin de tres a diez aos, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona; 4 Con reclusin o prisin de diez a veinticinco aos, si resultare la muerte de alguna persona.

  • ARTICULO 192.
  • Ser reprimido con las penas establecidas en el artculo anterior en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telgrafo o telfono destinado al servicio de un ferrocarril.
  • ARTICULO 193.
  • Ser reprimido con prisin de un mes a un ao, si el hecho no importare un delito ms severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranva en marcha.

ARTICULO 193 BIS, – Ser reprimido con prisin de SEIS (6) meses a TRES (3) aos e inhabilitacin especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situacin de peligro para la vida o la integridad fsica de las personas, mediante la participacin en una prueba de velocidad o de destreza con un vehculo automotor, realizada sin la debida autorizacin de la autoridad competente.

  • La misma pena se aplicar a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artculo, y a quien posibilitare su realizacin por un tercero mediante la entrega de un vehculo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que ser utilizado para ese fin.
  • Artculo incorporado por art.2 de la Ley N 26.362, B.O.16/4/2008) ARTICULO 194.

– El que, sin crear una situacin de peligro comn, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios pblicos de comunicacin, de provisin de agua, de electricidad o de sustancias energticas, ser reprimido con prisin de tres meses a dos aos.

ARTICULO 195. – Sern reprimidos con prisin de un mes a un ao, si el hecho no importare un delito ms severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecnicos y dems empleados de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al trmino del viaje ferroviario.

ARTICULO 196. – Ser reprimido con prisin de seis meses a tres aos el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesin o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este captulo.

  1. Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondr prisin de uno a cinco aos.
  2. Artculo sustituido por art.4 de la Ley N 25.189 28/10/1999) ARTICULO 197.
  3. Ser reprimido con prisin de seis (6) meses a dos (2) aos, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicacin telegrfica, telefnica o de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicacin interrumpida.

(Artculo sustituido por art.12 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) Captulo III Piratera ARTICULO 198. – Ser reprimido con reclusin o prisin de tres a quince aos: 1 El que practicare en el mar o en ros navegables, algn acto de depredacin o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en l se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los lmites de una autorizacin legtimamente concedida; 2 El que practicare algn acto de depredacin o violencia contra una aeronave en vuelo o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, o contra personas o cosas que en ellas se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los lmites de una autorizacin legtimamente concedida; 3 El que mediante violencia, intimidacin o engao, usurpare la autoridad de un buque o aeronave, con el fin de apoderarse de l o de disponer de las cosas o de las personas que lleva; 4 El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque o aeronave, su carga o lo que perteneciere a su pasaje o tripulacin; 5 El que, con amenazas o violencia, se opusiere a que el comandante o la tripulacin defiendan el buque o aeronave atacado por piratas; 6 El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados a la piratera; 7 El que, desde el territorio de la Repblica, a sabiendas traficare con piratas o les suministrare auxilio.

ARTICULO 199. – Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artculo anterior, fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque o aeronave atacados, la pena ser de diez a veinticinco aos de reclusin o prisin. Captulo IV Delitos contra la salud pblica. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas ARTICULO 200.

– Ser reprimido con reclusin o prisin de tres a diez aos, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o substancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso pblico o al consumo de una colectividad de personas.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena ser de diez a veinticinco aos de reclusin o prisin. ARTICULO 201. – Las penas del artculo precedente, sern aplicadas al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderas peligrosas para la salud, disimulando su carcter nocivo.

ARTICULO 202. – Ser reprimido con reclusin o prisin de tres a quince aos, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. ARTICULO 203. – Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artculos anteriores fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesin o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondr multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona y prisin de seis meses a cinco aos si resultare enfermedad o muerte.

(Artculo sustituido por art.5 de la Ley N 25.189 28/10/1999) ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 204.- Ser reprimido con prisin de seis meses a tres aos el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta mdica o diversa de la declarada o convenida, o sin la presentacin y archivo de la receta de aquellos productos que segn las reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.

(Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 23.737, B.O.11/10/1989) ARTICULO 204 bis,- Cuando el delito previsto en el artculo anterior se cometiere por negligencia, la pena ser de multa de mil a quince mil pesos. (Artculo incorporado por Ley N 23.737 B.O.11/10/1989) ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 204 ter.- Ser reprimido con multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos el que teniendo a su cargo la direccin, administracin, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio de medicamentos, omitiere cumplir con los deberes a su cargo posibilitando la comisin de alguno de los hechos previstos en el artculo 204.

(Artculo incorporado por Ley N23.737 B.O.11/10/1989) ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 204 quater.- Ser reprimido con prisin de seis meses a tres aos el que sin autorizacin vendiere sustancias medicinales que requieran receta mdica para su comercializacin.

(Artculo incorporado por Ley N 23.737 B.O.11/10/1989) ARTICULO 205. – Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introduccin o propagacin de una epidemia. ARTICULO 206.

Ser reprimido con prisin de UNO (1) a SEIS (6) meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de polica sanitaria animal. (Artculo sustituido por art.4 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) ARTICULO 207. – En el caso de condenacin por un delito previsto en este Captulo, el culpable, si fuere funcionario pblico o ejerciere alguna profesin o arte, sufrir, adems, inhabilitacin especial por doble tiempo del de la condena.

Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitacin especial durar de un mes a un ao. ARTICULO 208. – Ser reprimido con prisin de quince das a un ao: 1 El que, sin ttulo ni autorizacin para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los lmites de su autorizacin, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a ttulo gratuito; 2 El que, con ttulo o autorizacin para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la curacin de enfermedades a trmino fijo o por medios secretos o infalibles; 3 El que, con ttulo o autorizacin para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere ttulo o autorizacin, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 1 de este artculo.

  1. TITULO VIII DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO Captulo I Instigacin a cometer delitos ARTICULO 209.
  2. El que pblicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institucin, ser reprimido, por la sola instigacin, con prisin de dos a seis aos, segn la gravedad del delito y las dems circunstancias establecidas en el artculo 41.

ARTICULO 209 bis – En igual pena incurrir quien en tiempo de conflicto armado incite pblicamente a la sustraccin al servicio militar legalmente impuesto o asumido. Si el autor fuese un militar, el mximo de la pena se elevar a diez (10) aos. (Artculo incorporado por art.4 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008.

Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) Captulo II Asociacin ilcita ARTICULO 210. – Ser reprimido con prisin o reclusin de tres a diez aos, el que tomare parte en una asociacin o banda de tres o ms personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociacin.

Para los jefes u organizadores de la asociacin el mnimo de la pena ser de cinco aos de prisin o reclusin. ARTICULO 210 bis. – Se impondr reclusin o prisin de cinco a veinte aos al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formacin o al mantenimiento de una asociacin ilcita destinada a cometer delitos cuando la accin contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitucin Nacional, siempre que ella rena por lo menos dos de las siguientes caractersticas: a) Estar integrada por diez o ms individuos; b) Poseer una organizacin militar o de tipo militar; c) Tener estructura celular; d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo; e) Operar en ms de una de las jurisdicciones polticas del pas; f) Estar compuesta por uno o ms oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad; g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el pas o en el exterior; h) Recibir algn apoyo, ayuda o direccin de funcionarios pblicos.

Captulo III Intimidacin pblica ARTICULO 211. – Ser reprimido con prisin de dos a seis aos, el que, para infundir un temor pblico o suscitar tumultos o desrdenes, hiciere seales, diere voces de alarma, amenazare con la comisin de un delito de peligro comn, o empleare otros medios materiales normalmente idneos para producir tales efectos.

Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos qumicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pblica, la pena ser de prisin de tres a diez aos. ARTICULO 212. – Ser reprimido con prisin de tres a seis aos el que pblicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitacin.

Captulo IV Apologa del crimen ARTICULO 213. – Ser reprimido con prisin de un mes a un ao, el que hiciere pblicamente y por cualquier medio la apologa de un delito o de un condenado por delito. Captulo V Otros atentados contra el orden pblico ARTICULO 213 bis. – Ser reprimido con reclusin o prisin de tres a ocho aos el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artculo 210 de este cdigo, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociacin.

Captulo VI. Asociaciones ilcitas terroristas y financiacin del terrorismo (Captulo incorporado por art.1 de la Ley N 26.268 B.O.5/7/2007) Artculo 213 ter.- Se impondr reclusin o prisin de CINCO (5) a VEINTE (20) aos al que tomare parte de una asociacin ilcita cuyo propsito sea, mediante la comisin de delitos, aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella rena las siguientes caractersticas: a) Tener un plan de accin destinado a la propagacin del odio tnico, religioso o poltico; b) Estar organizada en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes qumicos o bacteriolgicos o cualquier otro medio idneo para poner en peligro la vida o la integridad de un nmero indeterminado de personas.

  • Para los fundadores o jefes de la asociacin el mnimo de la pena ser de DIEZ (10) aos de reclusin o prisin.
  • Artculo incorporado por art.2 de la Ley N 26.268 B.O.5/7/2007) Artculo 213 quter,- Ser reprimido con reclusin o prisin de CINCO (5) a QUINCE (15) aos, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicacin de las reglas de los artculos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que sern utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociacin ilcita terrorista de las descriptas en el artculo 213 ter, o a un miembro de stas para la comisin de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento.

(Artculo incorporado por art.3 de la Ley N 26.268 B.O.5/7/2007) TITULO IX DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION Captulo I Traicin ARTICULO 214. – Ser reprimido con reclusin o prisin de diez a veinticinco aos o reclusin o prisin perpetua y en uno u otro caso, inhabilitacin absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposicin de este cdigo, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nacin por razn de su empleo o funcin pblica, que tomare las armas contra sta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro.

ARTICULO 215. – Ser reprimido con reclusin o prisin perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artculo precedente, en los casos siguientes: 1 Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nacin al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad; 2 Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la Repblica.3 Si perteneciere a las fuerzas armadas.

(Inciso incorporado por art.5 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 216.

  1. Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a ocho aos, el que tomare parte en una conspiracin de dos o ms personas, para cometer el delito de traicin, en cualquiera de los casos comprendidos en los artculos precedentes, si la conspiracin fuere descubierta antes de empezar su ejecucin.
  2. ARTICULO 217.

– Quedar eximido de pena el que revelare la conspiracin a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento. ARTICULO 218. – Las penas establecidas en los artculos anteriores se aplicarn, tambin, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la Repblica, en guerra contra un enemigo comn.

Se aplicarn asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios diplomticos y de los nacionales de los pases en conflicto. En este caso se aplicar la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artculo 44.

Captulo II Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nacin ARTICULO 219. – Ser reprimido con prisin de uno a seis aos, el que por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaracin de guerra contra la Nacin, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero.

Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena ser de tres a quince aos de reclusin o prisin. Cuando los actos precedentes fuesen cometidos por un militar, los mnimos de las penas previstas en este artculo se elevarn a tres (3) y diez (10) aos respectivamente. Asimismo, los mximos de las penas previstas en este artculo se elevarn respectivamente a diez (10) y veinte (20) aos.

(Prrafo incorporado por art.6 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 220.

  • Se impondr prisin de seis (6) meses a dos (2) aos, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la Repblica y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos.
  • Si el hecho fuese cometido por un militar el mnimo de la pena se elevar a un (1) ao y el mximo de la pena se elevar a cinco (5) aos.

(Artculo sustituido por art.7 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 221.

– Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, el que violare las inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera. ARTICULO 222. – Ser reprimido con reclusin o prisin de uno (1) a seis (6) aos, el que revelare secretos polticos, industriales, tecnolgicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nacin.

(Prrafo sustituido por art.8 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) En la misma pena incurrir el que obtuviere la revelacin del secreto.

Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos el que pblicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nacin o los emblemas de una provincia argentina. Si la revelacin u obtencin fuese cometida por un militar, en el ejercicio de sus funciones el mnimo de la pena se elevar a tres (3) aos y el mximo de la pena se elevar a diez (10) aos.

(Prrafo incorporado por art.9 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 223.

– Ser reprimido con prisin de un mes a un ao e inhabilitacin especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artculo precedente, de los que se hallare en posesin en virtud de su empleo u oficio. ARTICULO 224. – Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, el que indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vas u otras obras militares o se introdujere con tal fin, clandestina o engaosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al pblico.

ARTICULO 225. – Ser reprimido con reclusin o prisin de tres a diez aos, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociacin con un estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la Nacin, apartndose de sus instrucciones. DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL Captulo I Atentados al orden constitucional y a la vida democrtica ARTICULO 226.

– Sern reprimidos con prisin de cinco a quince aos los que se alzaren en armas para cambiar la Constitucin, deponer alguno de los poderes pblicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesin o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formacin o renovacin en los trminos y formas legales.

Si el hecho descripto en el prrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrtico de gobierno, suprimir la organizacin federal, eliminar la divisin de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia econmica de la Nacin, la pena ser de ocho a veinticinco aos de prisin.

  • Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilacin militar, el mnimo de las penas se incrementar en un tercio.
  • ARTICULO 226 bis.
  • El que amenazare pblica e idneamente con la comisin de alguna de las conductas previstas en el artculo 226, ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos.

ARTICULO 227. – Sern reprimidos con las penas establecidas en el artculo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder pblico o sumisiones o supremacas, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algn gobierno o de alguna persona (artculo 29 de la Constitucin Nacional).

  1. ARTICULO 227 bis.
  2. Sern reprimidos con las penas establecidas en el artculo 215 para los traidores a la patria, con la disminucin del artculo 46, los miembros de alguno de los tres poderes del Estado nacional o de las provincias que consintieran la consumacin de los hechos descriptos en el artculo 226, continuando en sus funciones o asumindolas luego de modificada por la fuerza la Constitucin o depuesto alguno de los poderes pblicos, o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes.

Se aplicar de uno a ocho aos de prisin o reclusin e inhabilitacin absoluta por el doble de la condena, a quienes, en los casos previstos en el prrafo anterior, aceptaren colaborar continuando en funciones o asumindolas, con las autoridades de facto, en algunos de los siguientes cargos: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o nacionales o de jerarqua equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, presidente, vicepresidente, vocales o miembros de directorios de organismos descentralizados o autrquicos o de bancos oficiales o de empresas del Estado; sociedades del Estado, sociedades de economa mixta, o de sociedades annimas con participacin estatal mayoritaria, o de entes pblicos equivalentes a los enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores o decanos de universidades nacionales o provinciales, miembros de las fuerzas armadas o de polica o de organismos de seguridad en grados de jefes o equivalentes, intendentes municipales, o miembros del ministerio pblico fiscal de cualquier jerarqua o fuero, personal jerrquico del Parlamento Nacional y de las legislaturas provinciales.

Si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquas administrativas o cambiaren las denominaciones de las funciones sealadas en el prrafo anterior, la pena se aplicar a quienes las desempeen, atendiendo a la anloga naturaleza y contenido de los cargos con relacin a los actuales. ARTICULO 227 ter.

– El mximo de la pena establecida para cualquier delito ser aumentado en un medio, cuando la accin contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitucin Nacional. Esta disposicin no ser aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se encuentren contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.

ARTICULO 228. – Se impondr prisin de seis meses a dos aos al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su cumplimiento, necesiten del pase del gobierno, sin haberlo obtenido; y de uno a seis aos de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado dicho pase.

Captulo II Sedicin ARTICULO 229. – Sern reprimidos con prisin de uno a seis aos, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitucin local, deponer alguno de los poderes pblicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesin o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formacin o renovacin en los trminos y formas establecidas en la ley.

ARTICULO 230. – Sern reprimidos con prisin de uno a cuatro aos: 1. Los individuos de una fuerza armada o reunin de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de ste (art.22 de la Constitucin Nacional); 2. Los que se alzaren pblicamente para impedir la ejecucin de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios pblicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito ms severamente penado por este cdigo.

Captulo III Disposiciones comunes a los Captulos precedentes ARTICULO 231. – Luego que se manifieste la rebelin o sedicin, la autoridad nacional ms prxima intimar hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimacin el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente despus de la segunda intimacin, la autoridad har uso de la fuerza para disolverlos. No sern necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimacin, desde que los sublevados hicieren uso de las armas. ARTICULO 232. – En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbacin momentnea del orden, slo sern enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimir con la mitad de la pena sealada para el delito.

ARTICULO 233. – El que tomare parte como promotor o director, en una conspiracin de dos o ms personas para cometer los delitos de rebelin o sedicin, ser reprimido, si la conspiracin fuere descubierta antes de ponerse en ejecucin, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.

ARTICULO 234. – El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia o retuviere ilegalmente un mando poltico o militar para cometer una rebelin o una sedicin, ser reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar.

Si llegare a tener efecto la rebelin o la sedicin, la pena ser la establecida para los autores de la rebelin o de la sedicin en los casos respectivos. ARTICULO 235. – Los funcionarios pblicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este Ttulo, sufrirn adems inhabilitacin especial por un tiempo doble del de la condena.- Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelin o sedicin por todos los medios a su alcance, sufrirn inhabilitacin especial de uno a seis aos.- Aumntase al doble el mximo de la pena establecida para los delitos previstos en este Ttulo, para los jefes y agentes de la fuerza pblica que incurran en ellos usando u ostentando las armas y dems materiales ofensivos que se les hayan confiado en tal calidad.

ARTICULO 236. – Cuando al ejecutar los delitos previstos en este Ttulo, el culpable cometiere algn otro, se observarn las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles. TITULO XI DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Captulo I Atentado y resistencia contra la autoridad ARTICULO 237. – Ser reprimido con prisin de un mes a un ao, el que empleare intimidacin o fuerza contra un funcionario pblico o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aqul o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecucin u omisin de un acto propio de sus funciones.

ARTICULO 238. – La prisin ser de seis meses a dos aos: 1 Si el hecho se cometiere a mano armada; 2 Si el hecho se cometiere por una reunin de ms de tres personas; 3 Si el culpable fuere funcionario pblico; 4 Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.

En el caso de ser funcionario pblico, el reo sufrir adems inhabilitacin especial por doble tiempo del de la condena. ARTICULO 238 bis – El militar que pusiere manos en el superior, sin lesionarlo o causndole lesiones leves, ser penado con prisin de uno (1) a tres (3) aos. Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas, o si se cometiere en nmero de seis (6) o ms, el mximo de la pena ser de seis (6) aos.

(Artculo incorporado por art.10 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 238 ter – El militar que resistiere o desobedeciere una orden de servicio legalmente impartida por el superior, frente al enemigo o en situacin de peligro inminente de naufragio, incendio u otro estrago, ser penado con prisin de uno (1) a cinco (5) aos.

  1. La misma pena se impondr si resistiere a una patrulla que proceda en cumplimiento de una consigna en zona de conflicto armado u operaciones o de catstrofe.
  2. Si en razn de la resistencia o de la desobediencia se sufrieren prdidas militares o se impidiese o dificultase la salvacin de vidas en supuesto de catstrofe el mnimo de la pena se elevar a cuatro (4) aos y el mximo de la pena se elevar a doce (12) aos.

En cualquier caso se impondrn las penas aqu previstas siempre que no resultare un delito ms severamente penado. (Artculo incorporado por art.11 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin.

  1. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 239.
  2. Ser reprimido con prisin de quince das a un ao, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario pblico en el ejercicio legtimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aqul o en virtud de una obligacin legal.

ARTICULO 240. – Para los efectos de los dos artculos precedentes, se reputar funcionario pblico al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito. ARTICULO 240 bis – El que violare las normas instrucciones a la poblacin emitidas por la autoridad militar competente en tiempo de conflicto armado para las zonas de combate, ser penado con prisin de uno (1) a cuatro (4) aos si no resultare un delito ms severamente penado.

  1. Artculo incorporado por art.12 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008.
  2. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin.
  3. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 241.
  4. Ser reprimido con prisin de quince das a seis meses: 1 El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad est ejerciendo sus funciones; 2 El que sin estar comprendido en el artculo 237, impidiere o estorbare a un funcionario pblico cumplir un acto propio de sus funciones.

ARTICULO 241 bis – Se impondr prisin de tres (3) a diez (10) aos a los militares que: 1. Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representacin de una fuerza armada.2. Tomaren armas o hicieren uso de stas, de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas armadas de sus asientos naturales, contra las rdenes de sus superiores.3.

  1. Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mando contra sus superiores u omitieren resistir o contener a stas, estando en condiciones de hacerlo.4.
  2. Ser penado con prisin de uno (1) a cinco (5) aos la conspiracin para cometer los delitos de este artculo.
  3. No ser penado por conspiracin quien la denunciare en tiempo para evitar la comisin del hecho.5.

Si en razn de los hechos previstos en este artculo resultare la muerte de una o ms personas, se sufrieren prdidas militares o se impidiere o dificultare la salvacin de vidas en supuesto de catstrofe, el mximo de la pena se elevar a veinticinco (25) aos.

  1. En cualquier caso se impondrn las penas aqu previstas siempre que no resultare un delito ms severamente penado.
  2. Artculo incorporado por art.12 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008.
  3. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin.
  4. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 242.

– Ser reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos diez mil e inhabilitacin especial de uno a cinco aos, el funcionario pblico que, en el arresto o formacin de causa contra un miembro de los poderes pblicos nacionales o provinciales, de una convencin constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas.

  • Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 243.
  • Ser reprimido con prisin de quince das a un mes, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intrprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaracin o exposicin respectiva.
  • En el caso del perito o intrprete, se impondr, adems, al reo, inhabilitacin especial de un mes a un ao.

Captulo II Falsa Denuncia ARTICULO 244. – (Artculo derogado por art.2 de la Ley N 24.198 B.O.3/6/1993), ARTICULO 245. – Se impondr prisin de dos meses a un ao o multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.

  • Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) Captulo III Usurpacin de autoridad, ttulos u honores ARTICULO 246.
  • Ser reprimido con prisin de un mes a un ao e inhabilitacin especial por doble tiempo: 1 El que asumiere o ejerciere funciones pblicas, sin ttulo o nombramiento expedido por autoridad competente; 2 El que despus de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeo de un cargo pblico o despus de haber recibido de la autoridad competente comunicacin oficial de la resolucin que orden la cesanta o suspensin de sus funciones, continuare ejercindolas; 3 El funcionario pblico que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.

El militar que ejerciere o retuviere un mando sin autorizacin ser penado con prisin de uno (1) a cuatro (4) aos y, en tiempo de conflicto armado de dos (2) a seis (6) aos, siempre que no resultare un delito ms severamente penado. (Prrafo incorporado por art.14 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008.

  1. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin.
  2. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 247.
  3. Ser reprimido con prisin de quince das a un ao el que ejerciere actos propios de una profesin para la que se requiere una habilitacin especial, sin poseer el ttulo o la autorizacin correspondiente.

Ser reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que pblicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados acadmicos, ttulos profesionales u honores que no le correspondieren. ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) (Artculo sustituido por Ley N 24.527 B.O.8/9/1995) Captulo IV Abuso de autoridad y violacin de los deberes de los funcionarios pblicos ARTICULO 248.

Ser reprimido con prisin de un mes a dos aos e inhabilitacin especial por doble tiempo, el funcionario pblico que dictare resoluciones u rdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las rdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

ARTICULO 248 bis.- Ser reprimido con inhabilitacin absoluta de SEIS (6) meses a DOS (2) aos el funcionario pblico que, debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de comercializacin de ganado, productos y subproductos de origen animal, omitiere inspeccionar conforme los reglamentos a su cargo, establecimientos tales como mercados de hacienda, ferias y remates de animales, mataderos, frigorficos, saladeros, barracas, graseras, tambos u otros establecimientos o locales afines con la elaboracin, manipulacin, transformacin o comercializacin de productos de origen animal y vehculos de transporte de hacienda, productos o subproductos de ese origen.

Artculo incorporado por art.5 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) ARTICULO 249. – Ser reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitacin especial de un mes a un ao, el funcionario pblico que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algn acto de su oficio.

( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 249 bis – El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, ser penado con prisin de seis (6) meses a dos (2) aos, si no resultare un delito ms severamente penado.

Artculo incorporado por art.15 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 250. – Ser reprimido con prisin de un mes a dos aos e inhabilitacin especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pblica, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestacin de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

ARTICULO 250 bis – Ser penado con prisin de cuatro (4) a diez (10) aos, siempre que no resultare otro delito ms severamente penado, el militar que en tiempo de conflicto armado: 1. Abandonare sus funciones de control, vigilancia, comunicaciones o la atencin de los instrumentos que tuviese a su cargo para esos fines, las descuidase o se incapacitase para su cumplimiento.2.

  1. Observare cualquier dato significativo para la defensa y no lo informase o tomase las medidas del caso.
  2. Artculo incorporado por art.16 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008.
  3. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin.
  4. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 251.

– Ser reprimido con prisin de un mes a cuatro aos e inhabilitacin especial por doble tiempo, el funcionario pblico que requiriere la asistencia de la fuerza pblica contra la ejecucin de disposiciones u rdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales.

ARTICULO 252. – Ser reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitacin especial de un mes a un ao, el funcionario pblico que, sin habrsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con dao del servicio pblico. El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catstrofe, ser penado con prisin de uno (1) a seis (6) aos.

Si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o ms personas, se sufrieren prdidas militares o se impidiese o dificultase la salvacin de vidas en supuesto de catstrofe, el mximo de la pena se elevar a doce (12) aos. En cualquier caso se impondrn las penas aqu previstas siempre que no resultare un delito con pena ms grave.

  • Prrafo incorporado por art.17 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008.
  • Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin.
  • Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 253.

– Ser reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitacin especial de seis meses a dos aos, el funcionario pblico que propusiere o nombrare para cargo pblico, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

  1. En la misma pena incurrir el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.
  2. Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 253 bis – El militar que sin orden ni necesidad emprendiere una operacin militar, o en sus funciones usare armas sin las formalidades y requerimientos del caso, sometiere a la poblacin civil a restricciones arbitrarias u ordenare o ejerciere cualquier tipo de violencia innecesaria contra cualquier persona, ser penado con prisin de uno (1) a cuatro (4) aos si no resultare un delito ms severamente penado.

(Artculo incorporado por art.18 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) ARTICULO 253 ter – Ser penado con prisin de dos (2) a ocho (8) aos el militar que por imprudencia o negligencia, impericia en el arte militar o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el curso de conflicto armado o de asistencia o salvacin en situacin de catstrofe, causare o no impidiere, la muerte de una o ms personas o prdidas militares, si no resultare un delito ms severamente penado.

(Artculo incorporado por art.19 del Anexo I de la Ley N 26.394 B.O.29/8/2008. Vigencia: comenzar a regir a los SEIS (6) meses de su promulgacin. Durante dicho perodo se llevar a cabo en las reas pertinentes un programa de divulgacin y capacitacin sobre su contenido y aplicacin) Captulo V Violacin de sellos y documentos ARTICULO 254.

– Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservacin o la identidad de una cosa. Si el culpable fuere funcionario pblico y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrir adems inhabilitacin especial por doble tiempo.

Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario pblico, la pena ser de multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos. ( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 255. – Ser reprimido con prisin de un (1) mes a cuatro (4) aos, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario pblico o de otra persona en el inters del servicio pblico.

Si el autor fuere el mismo depositario, sufrir adems inhabilitacin especial por doble tiempo. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, ste ser reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500).

(Artculo sustituido por art.13 de la Ley N 26.388, B.O.25/6/2008) Captulo VI Cohecho y trfico de influencias (Ttulo del captulo sustituido por art.30 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999. Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) ARTICULO 256. – Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a seis aos e inhabilitacin especial perpetua, el funcionario pblico que por s o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra ddiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones (Artculo sustituido por art.31 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999.

Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) ARTICULO 256 bis Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a seis aos e inhabilitacin especial perpetua para ejercer la funcin pblica, el que por s o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra ddiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario pblico, a fin de que ste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Pblico, a fin de obtener la emisin, dictado, demora u omisin de un dictamen, resolucin o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el mximo de la pena de prisin o reclusin se elevar a doce aos.

(Artculo incorporado por art.32 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999. Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) ARTICULO 257. – Ser reprimido con prisin o reclusin de cuatro a doce aos e inhabilitacin especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Pblico que por s o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra ddiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolucin, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia (Artculo sustituido por art.33 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999.

  • Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) ARTICULO 258.
  • Ser reprimido con prisin de uno a seis aos, el que directa o indirectamente diere u ofreciere ddivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artculos 256 y 256 bis, primer prrafo.
  • Si la ddiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artculos 256 bis, segundo prrafo y 257, la pena ser de reclusin o prisin de dos a seis aos.

Si el culpable fuere funcionario pblico, sufrir adems inhabilitacin especial de dos a seis aos en el primer caso y de tres a diez aos en el segundo. (Artculo sustituido por art.34 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999. Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) ARTICULO 258 bis Ser reprimido con reclusin de uno (1) a seis (6) aos e inhabilitacin especial perpetua para ejercer la funcin pblica el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario pblico de otro Estado o de una organizacin pblica internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones pblicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transaccin de naturaleza econmica, financiera o comercial.

  • Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 25.825 B.O.11/12/2003) ARTICULO 259.
  • Ser reprimido con prisin de un mes a dos aos e inhabilitacin absoluta de uno a seis aos, el funcionario pblico que admitiere ddivas, que fueran entregadas en consideracin a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

El que presentare u ofreciere la ddiva ser reprimido con prisin de un mes a un ao. Captulo VII Malversacin de caudales pblicos ARTICULO 260. – Ser reprimido con inhabilitacin especial de un mes a tres aos, el funcionario pblico que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicacin diferente de aquella a que estuvieren destinados.

  • Si de ello resultare dao o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondr adems al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distrada.
  • ARTICULO 261.
  • Ser reprimido con reclusin o prisin de dos a diez aos e inhabilitacin absoluta perpetua, el funcionario pblico que sustrajere caudales o efectos cuya administracin, percepcin o custodia le haya sido confiada por razn de su cargo.

Ser reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administracin pblica. ARTICULO 262. – Ser reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substrado, el funcionario pblico que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasin a que se efectuare por otra persona la substraccin de caudales o efectos de que se trata en el artculo anterior.

  • ARTICULO 263.
  • Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instruccin pblica o de beneficencia, as como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

ARTICULO 264. – Ser reprimido con inhabilitacin especial por uno a seis meses, el funcionario pblico que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrir el funcionario pblico que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administracin.

Captulo VIII Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones pblicas ARTICULO 265. – Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a seis aos e inhabilitacin especial perpetua, el funcionario pblico que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operacin en que intervenga en razn de su cargo.

Esta disposicin ser aplicable a los rbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, sndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carcter de tales. (Artculo sustituido por art.35 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999.

Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) Captulo IX Exacciones ilegales ARTICULO 266. – Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos e inhabilitacin especial de uno a cinco aos, el funcionario pblico que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por s o por interpuesta persona, una contribucin, un derecho o una ddiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

(Artculo sustituido por art.37 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999. Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) ARTICULO 267. – Si se empleare intimidacin o se invocare orden superior, comisin, mandamiento judicial u otra autorizacin legtima, podr elevarse la prisin hasta cuatro aos y la inhabilitacin hasta seis aos.

  • ARTICULO 268.
  • Ser reprimido con prisin de dos a seis aos e inhabilitacin absoluta perpetua, el funcionario pblico que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artculos anteriores.
  • Captulo IX bis Enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados ARTICULO 268 (1).
  • Ser reprimido con la pena del artculo 256, el funcionario pblico que con fines de lucro utilizare para s o para un tercero informaciones o datos de carcter reservado de los que haya tomado conocimiento en razn de su cargo.

ARTICULO 268 (2) Ser reprimido con reclusin o prisin de dos a seis aos, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitacin absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asuncin de un cargo o empleo pblico y hasta dos aos despus de haber cesado en su desempeo.

Se entender que hubo enriquecimiento no slo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino tambin cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ser reprimida con la misma pena que el autor del hecho.

(Artculo sustituido por art.38 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999. Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) ARTICULO 268 (3) Ser reprimido con prisin de quince das a dos aos e inhabilitacin especial perpetua el que, en razn de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaracin jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.

  1. El delito se configurar cuando mediando notificacin fehaciente de la intimacin respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicacin corresponda.
  2. En la misma pena incurrir el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

(Artculo incorporado por art.39 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999. Vigencia: a los ocho das desde su publicacin.) Captulo X Prevaricato ARTICULO 269. – Sufrir multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitacin absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

  1. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena ser de tres a quince aos de reclusin o prisin e inhabilitacin absoluta perpetua.
  2. Lo dispuesto en el prrafo primero de este artculo, ser aplicable, en su caso, a los rbitros y arbitradores amigables componedores.
  3. Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 270.

– Ser reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil e inhabilitacin absoluta de uno a seis aos, el juez que decretare prisin preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisin preventiva que, computada en la forma establecida en el artculo 24, hubiere agotado la pena mxima que podra corresponder al procesado por el delito imputado.

( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 271. – Ser reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, e inhabilitacin especial de uno a seis aos, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultnea o sucesivamente o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 272. – La disposicin del artculo anterior ser aplicable a los fiscales, asesores y dems funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades. Captulo XI Denegacin y retardo de justicia ARTICULO 273.

– Ser reprimido con inhabilitacin absoluta de uno a cuatro aos, el juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. En la misma pena incurrir el juez que retardare maliciosamente la administracin de justicia despus de requerido por las partes y de vencidos los trminos legales.

ARTICULO 274. – El funcionario pblico que, faltando a la obligacin de su cargo, dejare de promover la persecucin y represin de los delincuentes, ser reprimido con inhabilitacin absoluta de seis meses a dos aos, a menos que pruebe que su omisin provino de un inconveniente insuperable.

Captulo XII Falso testimonio ARTICULO 275. – Ser reprimido con prisin de un mes a cuatro aos, el testigo, perito o intrprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposicin, informe, traduccin o interpretacin, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena ser de uno a diez aos de reclusin o prisin.

En todos los casos se impondr al reo, adems, inhabilitacin absoluta por doble tiempo del de la condena. ARTICULO 276. – La pena del testigo, perito o intrprete falso, cuya declaracin fuere prestada mediante cohecho, se agravar con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.

El sobornante sufrir la pena del simple testigo falso. Captulo XIII Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo ARTICULO 277.- 1.- Ser reprimido con prisin de seis (6) meses a tres (3) aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de sta.

b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partcipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

  1. D) No denunciare la perpetracin de un delito o no individualizare al autor o partcipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecucin penal de un delito de esa ndole.
  2. E) Asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito.2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mnima ser de un (1) mes de prisin, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor poda sospechar que provenan de un delito.3.- La escala penal ser aumentada al doble de su mnimo y mximo, cuando: a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mnima fuera superior a tres (3) aos de prisin.

b) El autor actuare con nimo de lucro. c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisin de hechos de encubrimiento. d) El autor fuere funcionario pblico. La agravacin de la escala penal, prevista en este inciso slo operar una vez, aun cuando concurrieren ms de una de sus circunstancias calificantes.

En este caso, el tribunal podr tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.4.- Estn exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cnyuge, de un pariente cuyo vnculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo ntimo o persona a la que se debiese especial gratitud.

La exencin no rige respecto de los casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c). ( Inciso sustituido por Art.4 de la Ley N 26.087, B.O.24/04/2006.) (Artculo sustituido por art.2 de la Ley N 25.815 B.O.1/12/2003) ARTICULO 277 bis.- Se aplicar prisin de TRES (3) a SEIS (6) aos e inhabilitacin especial de TRES (3) a DIEZ (10) aos al funcionario pblico que, tras la comisin del delito de abigeato en el que no hubiera participado, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, intervenga o facilite el transporte, faena, comercializacin o mantenimiento de ganado, sus despojos o los productos obtenidos, conociendo su origen ilcito.

(Artculo incorporado por art.6 de la Ley N 25.890 B.O.21/572004) ARTICULO 277 ter.- Se impondr prisin de SEIS (6) meses a TRES (3) aos al que reuniendo las condiciones personales descriptas en el artculo 167 quater inciso 4, por imprudencia o negligencia, intervenga en algunas de las acciones prevista en el artculo precedente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legtima del ganado.

(Artculo incorporado por art.7 de la Ley N 25.890 B.O.21/572004) ARTICULO 278.- 1) a) Ser reprimido con prisin de dos a diez aos y multa de dos a diez veces del monto de la operacin el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lcito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteracin de hechos diversos vinculados entre s; b) El mnimo de la escala penal ser de cinco (5) aos de prisin, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociacin o banda formada para la comisin continuada de hechos de esta naturaleza; c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor ser reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artculo 277; 2) (Inciso vetado por Decreto N 370/2000 B.O.10/5/2000) 3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operacin que les d la apariencia posible de un origen lcito, ser reprimido conforme a las reglas del artculo 277; 4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 3 de este artculo podrn ser decomisados 5) La exencin establecida en el inciso 4 del artculo 277 no ser de aplicacin a ninguno de los supuestos contemplados por el presente artculo.

Inciso incorporado por Art.5 de la Ley N 26.087, B.O.24/04/2006.) (Artculo sustituido por art.1 de la Ley N25.246 B.O.10/5/2000. Nota Infoleg: inciso 2) vetado por Decreto N370/2000 B.O.10/5/2000: “2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oracin, ser reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito”) ARTICULO 279.- 1.

Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este Captulo, ser aplicable al caso la escala penal del delito precedente; 2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicar a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si sta fuera menor.

(Frase “No ser punible el encubrimiento de un delito de esa ndole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artculo 278, inciso 2;” vetada por Decreto N370/2000 B.O.10/5/2000) 3 Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artculo 277, incisos 1 3, o en el artculo 278, inciso 1, fuera funcionario pblico que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasin de sus funciones sufrir adems pena de inhabilitacin especial de tres (3) a diez (10) aos.

La misma pena sufrir el que hubiera actuado en ejercicio u ocasin de una profesin u oficio que requirieran habilitacin especial. (Inciso sustituido por art.3 de la Ley N25.815 B.O.1/12/2003) 4. Las disposiciones de este Captulo regirn aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del mbito de aplicacin especial de este Cdigo, en tanto el hecho precedente tambin hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisin.

(Artculo sustituido por art. de la Ley N25.246 B.O.10/5/2000. Vetada parcialmente por Decreto N370/2000 B.O.10/5/2000) Captulo XIV Evasin y quebrantamiento de pena. (Rbrica del captulo sustituida por art.3 de la Ley N 23.487 B.O.26/1/1987) ARTICULO 280. – Ser reprimido con prisin de un mes a un ao, el que hallndose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.

ARTICULO 281. – Ser reprimido con prisin de un mes a cuatro aos, el que favoreciere la evasin de algn detenido o condenado, y si fuere funcionario pblico, sufrir, adems, inhabilitacin absoluta por triple tiempo. Si la evasin se produjere por negligencia de un funcionario pblico, ste ser reprimido con multa de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil.

  • Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 281 bis,
  • El que quebrantare una inhabilitacin judicialmente impuesta ser reprimido con prisin de dos meses a dos aos.
  • Artculo incorporado por art.4 de la Ley N 23.487 B.O.26/1/1987) TITULO XII DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA Captulo I Falsificacin de moneda, billetes de banco, ttulos al portador y documentos de crdito ARTICULO 282.

– Sern reprimidos con reclusin o prisin de tres a quince aos, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la Repblica y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulacin.- ARTICULO 283. – Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a cinco aos, el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulacin moneda cercenada o alterada.

  1. Si la alteracin consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena ser de seis meses a tres aos de prisin.
  2. ARTICULO 284.
  3. Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteracin, la pena ser de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil.

( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 285. – Para los efectos de los artculos anteriores quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los ttulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales y municipales, los billetes de banco, ttulos, cdulas, acciones, valores negociables y tarjetas de compra, crdito o dbito, legalmente emitidos por entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del banco girado.

  1. Artculo sustituido por art.2 de la Ley N 25.930 B.O.21/9/2004) ARTICULO 286.
  2. Artculo derogado por art.3 de la Ley N 25.930 B.O.21/9/2004) ARTICULO 287.
  3. Sern reprimidos con reclusin o prisin de uno a seis aos e inhabilitacin absoluta por doble tiempo, el funcionario pblico y el director o administrador de un banco o de una compaa que fabricare o emitiere o autorizare la fabricacin o emisin de moneda, con ttulo o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera ttulos, cdulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada.

Captulo II Falsificacin de sellos, timbres y marcas ARTICULO 288. – Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a seis aos: 1. El que falsificare sellos oficiales; 2. El que falsificare papel sellado, sellos de correos o telgrafos o cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emisin est reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos.- En estos casos, as como en los de los artculos siguientes, se considerar falsificacin la impresin fraudulenta del sello verdadero.

ARTICULO 289. – Ser reprimido con prisin de seis meses a tres aos: 1. El que falsificare marcas, contraseas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que deban ser aplicados.2.

El que falsificare billetes de empresas pblicas de transporte.3. El que falsificare, alterare o suprimiere la numeracin de un objeto registrada de acuerdo con la ley. (Artculo sustituido por art.1 de la Ley N 24.721 B.O.18/11/1996) ARTICULO 290. – Ser reprimido con prisin de quince das a un ao, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseas, a que se refieren los artculos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedicin.- El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etc., inutilizados, ser reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos.

( Nota Infoleg: multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993) ARTICULO 291. – Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artculos anteriores, fuere funcionario pblico y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrir, adems, inhabilitacin absoluta por doble tiempo del de la condena.- Captulo III Falsificacin de documentos en general ARTICULO 292.- El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ser reprimido con reclusin o prisin de uno a seis aos, si se tratare de un instrumento pblico y con prisin de seis meses a dos aos, si se tratare de un instrumento privado.

Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitacin para circular de vehculos automotores, la pena ser de tres a ocho aos. Para los efectos del prrafo anterior estn equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cdulas de identidad expedidas por autoridad pblica competente, las libretas cvicas o de enrolamiento, y los pasaportes, as como tambin los certificados de parto y de nacimiento.

(Artculo sustituido por art.9 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 293.- Ser reprimido con reclusin o prisin de uno a seis aos, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento pblico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el ltimo prrafo del artculo anterior, la pena ser de 3 a 8 aos. (Prrafo sustituido por art.10 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 293 bis.- Se impondr prisin de UNO (1) a TRES (3) aos al funcionario pblico que, por imprudencia o negligencia, intervenga en la expedicin de guas de trnsito de ganado o en el visado o legalizacin de certificados de adquisicin u otros documentos que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legtima.

Artculo incorporado por art.8 de la Ley N 25.890 B.O.21/5/2004) ARTICULO 294. – El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrir en las penas sealadas en los artculos anteriores, en los casos respectivos. ARTICULO 295. – Sufrir prisin de un mes a un ao, el mdico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesin cuando de ello resulte perjuicio.

La pena ser de uno a cuatro aos, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. ARTICULO 296. – El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, ser reprimido como si fuere autor de la falsedad.

  • ARTICULO 297.- Para los efectos de este Captulo, quedan equiparados a los instrumentos pblicos los testamentos olgrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras de cambio y los ttulos de crdito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artculo 285.
  • Artculo sustituido por art.11 de la Ley N 24.410 B.O.2/1/1995) ARTICULO 298.

– Cuando alguno de los delitos previstos en este Captulo, fuere ejecutado por un funcionario pblico con abuso de sus funciones, el culpable sufrir, adems, inhabilitacin absoluta por doble tiempo del de la condena. ARTICULO 298 bis. – Quienes emitan o acepten facturas de crdito que no correspondan a compraventa, locacin de cosas muebles, locacin de servicios o locacin de obra realmente contratadas, sern sancionados con la pena prevista en el artculo 293 de este Cdigo.

  • Igual pena les corresponder a quienes injustificadamente rechacen o eludan la aceptacin de factura de crdito, cuando el servicio ya hubiese sido prestado en forma debida, o reteniendo la mercadera que se le hubiere entregado.
  • Artculo sustituido por art.3 de la Ley N 24.760 B.O.13/1/1997) Captulo IV Disposiciones comunes a los Captulos precedentes ARTICULO 299.

– Sufrir prisin de un mes a un ao, el que fabricare, introdujere en el pas o conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este Ttulo.- Captulo V De los fraudes al comercio y a la industria ARTICULO 300.

  • Sern reprimidos con prisin de seis meses a dos aos: 1.
  • El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderas, fondos pblicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunin o coalicin entre los principales tenedores de una mercanca o gnero, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado; 2.

El que ofreciere fondos pblicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurdica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas; 3. El fundador, director, administrador, liquidador o sndico de una sociedad annima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y prdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunin de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situacin econmica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propsito perseguido al verificarlo.- ARTICULO 301.

– Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad annima, o cooperativa o de otra persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algn perjuicio.

Si el acto importare emisin de acciones o de cuotas de capital, el mximo de la pena se elevar a tres aos de prisin, siempre que el hecho no importare un delito ms gravemente penado.- ARTICULO 301 bis.- (Artculo derogado por art.10 de la Ley N 24.064 B.O.17/1/1992) Captulo VI Del pago con cheques sin provisin de fondos ARTICULO 302.

– Ser reprimido con prisin de seis meses a cuatro aos e inhabilitacin especial de uno a cinco aos, siempre que no concurran las circunstancias del artculo 172: 1. El que d en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisin de fondos o autorizacin expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habrsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicacin del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelacin; 2.

El que d en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentacin no podr legalmente ser pagado; 3. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago; 4.

El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorizacin. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTICULO 303. – El presente cdigo regir como ley de la Nacin seis meses despus de su promulgacin. ARTICULO 304. – El Poder Ejecutivo dispondr la edicin oficial del cdigo conjuntamente con la exposicin de motivos que lo acompaa.

Los gastos que origine la publicacin se imputarn a esta ley. ARTICULO 305. – Quedan derogadas las leyes nmeros 49, 1920, 3335, 3900, 3972, 4189, 7029, 9077 y 9143, lo mismo que las dems en cuanto se opusieran a este cdigo. Las penas de presidio y penitenciara que establecen las leyes especiales no derogadas por este cdigo, quedan reemplazadas por la de reclusin y las de prisin y arresto por la de prisin.

Antecedentes Normativos – Artculo 41 ter, incorporado por art.2 de la Ley N 25.742 B.O.20/6/2003; – Artculo 24, ltimo prrafo incorporado por art.1 de la Ley N25.742 B.O.20/6/2003; – Artculo 206, prrafos incorporados por art.1 de la Ley N 25.528 B.O.9/1/2002; – Artculo 78 bis, incorporado por art.51 de la Ley N 25.506 B.O.14/12/2001; – Artculo 277, sustituido por art.1 de la Ley N 25.246 10/5/2000; – Artculo 157 bis, incorporado por art.32 de la Ley N 25.326 B.O.2/11/2000; – Artculo 128, sustituido por art.9 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999; – Artculo127 ter, incorporado por art.17 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999; – Artculo 127 bis, sustituido por art.16 de la Ley N 25.087 B.O.14/5/1999; – Artculo 23, sustituido por art.26 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999; – Artculo 258 bis, incorporado por art.36 de la Ley N 25.188 B.O.1/11/1999; – Artculo 189 bis, sustituido por art.2 de la Ley N 25.086 B.O.14/5/1999.

Frase “o de uso civil condicionado” vetada por Decreto N 496/1999 ; – Artculo 189 ter, incorporado por art.3 de la Ley N 25.086 B.O.14/5/1999; – Nota Infoleg: Artculo 155, multa actualizada por art.1 de la Ley N24.286 B.O.29/12/1993; – Nota Infoleg: Artculo 255, multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993; – Artculo 286, multa actualizada por art.1 de la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993; – Artculo 72, inc.3) incorporado por art.4 de la Ley N 24.270 B.O.26/11/1993; – Artculo 298 bis, sustituido por art.9 de la Ley N 24.064 B.O.17/1/1992; – Artculo 163, inciso 1, sustituido por Ley N 23.588 B.O.24/8/1988; – Actualizacin montos de las multas: Ley N 23.479 B.O.26/1/1987, Ley N 23.974 B.O.17/9/1991 y la Ley N 24.286 B.O.29/12/1993; – Artculo 72 sustituido por art.1 de la Ley N 23.487 B.O.26/1/1987; – Rbrica del Captulo III, Ttulo III del Libro Segundo, sustituida por art.2 de la Ley N23.487 B.O.26/1/1987; – Artculo 277, sustituido por art.1 de la Ley N 23.468 26/1/1987; – Artculo 204, monto actualizado por art.1 de la Ley N 23.479, 16/1/1987; – Artculo 279, sustituido por art.1 de la Ley N 23.468 26/1/1987.

¿Cuál es la pena máxima en Estados Unidos?

Desde 1976, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos restableció la pena de muerte, los estados han ejecutado a 1.534 personas (hasta junio de 2021). Desde 1973, ha habido 185 exoneraciones del corredor de la muerte (hasta marzo de 2021).

¿Cuántos años de cárcel por homicidio simple en Argentina?

Los homicidios agravados del Art.80 del CP Los homicidios agravados del artículo 80 del Código Penal Autor: Breglia Arias, Omar Publicado en: LA LEY 30/06/2009, 1 SUMARIO: I. Generalidades. – II. El homicidio simple, figura básica, y lo que ha cambiado en él.

III. Los distintos homicidios agravados del art.80. – IV. El homicidio con ensañamiento. – V. El homicidio con alevosía. – VI. El homicidio por precio. – VII. El homicidio por placer. – VIII. El homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas. – IX. El homicidio conexo o criminis causa. – El homicidio simple es el delito más grave del Código Penal y el más antiguo.

Pero aun más graves son las formas agravadas del homicidio del art.80, que tienen pena de reclusión o prisión perpetua. Mi intención es tratar algunos —sólo algunos— de los problemas que presentan estas formas agravadas; que ahora, muy recientemente, tienen una forma agregada más, el “homicidio en estado militar”, o sea, el homicidio que comete un militar contra su superior, “frente al enemigo o una tropa formada con armas”, el nuevo inciso 10 del art.80, incorporado por la ley 26.394/2008.

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Observemos, primero, que estas formas agravadas tienen más pena, que en todos los otros códigos americanos, donde se encuentran con variantes, desautorizando la idea de que nuestros delitos tienen pena menos grave que las que tenían que tener (1). Y otra observación que podemos hacer es que cada una de estas figuras han presentado a lo largo de estos años algunas cuestiones resueltas de maneras diferentes por los especialistas.

A estas cuestiones, que son el centro de este comentario, voy a referirme. La tercera observación es que una forma de clasificar estas figuras agravadas resulta de distinguirlas en formas objetivas y subjetivas. Son objetivas las que se hallan vinculadas a la antijuridicidad, que tienen que ver con el sujeto pasivo (p.

  • Ej., la indefensión de la víctima en la alevosía; o el dolor, logrado por la crueldad del atacante, en el ensañamiento).
  • Son subjetivas y se manifiestan en el campo de la culpabilidad, las que tienen que ver con la personalidad del sujeto activo y su peligrosidad expresada en el delito (p.
  • Ej., “el odio racial o religioso”, de una de estas agravantes —inc.3°—).

También debe apuntarse que esto no es algo tajante: los homicidios agravados en sus distintas figuras presentan, en forma mixta, elementos preferentemente centrados en la víctima o elementos preferentemente centrados en el victimario, o sea en el primer caso, en la antijuridicidad y en el segundo caso, en la peligrosidad.

Y en los homicidios agravados debe señalarse, como otra cuestión a resolver, al art.52, es decir, a la “accesoria por tiempo indeterminado” que se aplica al fin de una pena en algunos casos. Esto del art.52 está mencionado al iniciar los homicidios agravados. Y aquí la primera dificultad que observamos es ¿cómo puede hablarse de aplicar una accesoria por tiempo indeterminado, si la pena es de reclusión o prisión perpetua? Y por otra parte, cabe señalar que la Corte, en el caso Gramajo (2) ha reputado de inconstitucional la accesoria.

Lo ha hecho en referencia a esa aplicación cuando se trata de reincidencia, como la describe el art.52. Esta inconstitucionalidad, entonces, insistamos, no se refiere a otra cosa que a la reincidencia tenida en cuenta, y no a la aplicación de la accesoria del artículo 80, a los homicidios agravados.

  • En cuanto a su aplicación por el art.52, en el caso del art.80, no hay ninguna declaración de inconstitucionalidad.
  • Sí, existe, como decimos, la dificultad de entender su aplicación con respecto a estos homicidios agravados, porque precisamente por tener pena de reclusión o prisión perpetua no aparece claro cómo se aplicaría esto de la accesoria por tiempo indeterminado del art.52.

II. El homicidio simple, figura básica, y lo que ha cambiado en él 1. Con relación al homicidio simple y antes de pasar a los homicidios agravados hagamos algunas acotaciones acerca de institutos relacionados con el homicidio simple, que han cambiado en su concepto.

Es que mientras el homicidio simple sigue inalterado en su definición del art.79 en el Código básico de 1921, estos conceptos de institutos vinculados a él han variado totalmente, lo que incide, obvio es decirlo, en la regulación actual del homicidio. Estas variantes corresponde interpretarlas, por ejemplo, en el nacimiento, en la muerte, en el cuerpo del delito, en el error por aberratio ictus, y aun en la premeditación; y en la concausa, en este caso, ante el avenimiento de la teoría de la imputación objetiva.

Por otra parte, el homicidio simple sigue definiéndose por exclusión; o sea, se concreta como una figura residual. Dice la letra del art.79, que, se castiga “con pena de reclusión o prisión de ocho a veinticinco años al que matare a otro, siempre que en este Código no se estableciere otra pena”.2.

Al cambiar los institutos sobre el que se construye el homicidio, este delito tiene novedades. Y algunas de estas novedades tienen fundamental importancia porque se asientan o están ubicadas en dos cuestiones esenciales en el homicidio, que refieren, nada menos, que a la vida, que es lo que comienza en el momento del nacimiento y se extingue en la muerte, en el momento del homicidio.

El nacimiento y la muerte son cosas que hoy se definen de distinta manera que lo que ocurría hace cuarenta años. Y esto es muy importante, porque el homicidio se produce entre el inicio de la vida humana hasta el fin de la vida humana, es decir, entre el nacimiento y la muerte.

  • A) Veamos: durante mucho tiempo por vía de Soler y Donna, más cercanamente, y siguiendo un pensamiento de Frank, se ha dicho que el nacimiento comienza con los primeros dolores del parto y las primeras contracciones.
  • Vale decir, ya en ese momento, hay nacimiento.
  • A mí nunca me pareció que esto era lo correcto.

Si sostenemos que las primeras contracciones y los primeros dolores no son un anticipo del nacimiento sino un primer momento de él, esto se traduce como que hay allí ya un nacimiento. Esto significa que al matar al niño en el cuerpo de la madre, tenemos un homicidio del niño.

Si esto lo hace la madre o el padre o el abuelo o la abuela, tenemos un parricidio. Esto es sencillamente contraintuitivo y asistemático. Hoy, en España, este es un concepto que nadie aprueba. Por el contrario, los maestros españoles hablan de respiración pulmonar autónoma (Bajo Fernández), corte del cordón umbilical (Muñoz Conde; después cambiará de opinión), salida parcial del niño al exterior (Stampa Braun), o salida completa del niño al exterior (Gimbernat Ordeig).

El nacimiento para Huerta Tocildo se inicia cuando el feto corona, y está dispuesto para salir al exterior. González Rus pone énfasis en vida humana independiente: “cuando es posible herir al niño sin herir a la madre”. Es de aclarar que Muñoz Conde acepta en la decimotercera edición de su obra, Código Penal, la idea de Gimbernat Ordeig, expulsión completa, es decir separación completa del cuerpo de la madre.

  1. Una postura más compleja es la de Bustos Ramírez, que habla de autonomía funcional.
  2. La postura que tiene más adeptos es la de Gimbernat Ordeig: separación total, que siguen en España, Núñez Paz y Peñaranda Ramos.
  3. Nosotros nos inclinamos por el criterio expuesto por Stampa Braun, salida parcial, que responde a la exigencia de González Rus: que se pueda herir a la criatura y matarla, sin herir a la madre.

b) Otra cosa que ha cambiado en el homicidio simple es el concepto de muerte. La muerte es un proceso progresivo, primera dificultad que surge de esta observación. Frente al pasado, hay dos clases de muerte. Era, antes, la desaparición de la última de las funciones fundamentales del cuerpo humano; en otras palabras, del cese de las funciones nerviosa, circulatoria, respiratoria, cerebral y termorreguladora.

Cuando la última de estas funciones se apagaba, esto era la muerte real. Hoy, a partir de las leyes sobre transplante de órganos, esa muerte se produce con la muerte cerebral. De manera que se puede extraer, por ejemplo, el corazón de una persona para colocarlo en el cuerpo de la otra cuando ese corazón aun late, pues con el concepto de las leyes de transplante el ser humano se encuentra ya muerto.

Son las leyes 21.541, 23.464 y 24.193 (Adla, XXXVII-A, 146; XLVII-A, 97; XLIII-B, 1344): desde el punto de vista clínico, los especialistas señalan que un sujeto en estado de muerte cerebral es “aquél en el que se ha producido el cese irreversible de todas las funciones de los hemisferios cerebrales y del tronco del encéfalo, pero en el que se mantiene el funcionamiento de su sistema cardiovascular y respiratorio con la ayuda de procedimientos especiales”.

No obstante, el criterio de la desaparición de la función cerebral como muerte ha sido rechazado por destacados maestros de la medicina legal, como Do Pico, Achával, y Bonnet, y juristas como Buompadre, Teran Lomas y Herrera. Buompadre señala como inconveniente, lo que también hace Laje Anaya, la existencia de dos momentos pretendidamente reconocidos de muerte, y por último señala que las leyes sobre transplante pueden dar autorización al médico para hacer un transplante, pero de un lado será un homicidio, aunque del otro, el médico tendrá una conducta justificada por un fin mayor.

c) Otras cuestiones, siempre dentro del homicidio básico, el simple, se presentan con soluciones distintas, por ejemplo, el error; pero el error por aberratio ictus, o error en el golpe y no el error en la identidad. El error puede ser error en el golpe o error en la identidad.

  • En el error en el golpe, Juan quiere matar a Pedro y por incapacidad para ejecutar ese homicidio, en lugar de matar a Pedro mata a José.
  • Tiene mala puntería, no domina el arma que usa.
  • Y le dispara a Pedro, pero mata a José.
  • Puede pasar también que Juan confunda a Pedro con una persona parecida y mata a José, con quien confundió a Pedro.

En este caso, no es que falle en el disparo, sino que falla la identificación. Juan dispara, en realidad, sobre José, y lo mata. Este es un error en la identidad, por confusión y no por incapacidad en la ejecución. Las soluciones que se han dado, tradicionalmente, es que en “el error en el golpe”, aberratio ictus, vale lo mismo matar a Pedro que a José: hay siempre un solo homicidio simple.

  1. El “error en el golpe”, se ha dicho, no cambia lo ocurrido legalmente.
  2. Otra solución es la que ve lo siguiente: Juan trata de matar a Pedro, por tanto hay una tentativa de homicidio de Pedro, y hay también un homicidio culposo de José, quien realmente ha muerto.
  3. Es un concurso entre tentativa y homicidio culposo.

La cosa se aprecia distinta en el caso del error en la identidad, porque el disparo se ha dirigido contra José, y es a José que se ha matado. No se puede hablar, entonces, de la tentativa de muerte de una persona, y el resultado de muerte, de otra, como ocurre en el “error en el golpe”.

Se tienta matar a Pedro y por una circunstancia, o por varias relacionadas, con la incapacidad de Juan, termina muerta otra persona, culposamente. d) Otra definición que se ha alterado es la del “cuerpo del delito”. Este no es ya el cuerpo de la persona muerta, o el objeto. Sino el conjunto de circunstancias que hacen a la investigación del crimen.

e) Finalmente, otro instituto que ha cambiado es la “premeditación”. Esta era la madre de todas las agravantes. Hoy se halla en franca decadencia. Cuando se mataba a alguien, incluso la prensa, lo primero que observaba era si el homicidio había sido hecho con premeditación o sin premeditación.

Y hasta los legos discutían: “pero ahí hubo premeditación”, decía uno. Y el otro, decía, “no, no hubo premeditación”. Esta era la primera distinción. La premeditación ha desaparecido como calificante (3). O abandonó su principal importancia. Ello ocurrió por muchas razones, una de las cuales fue que la doctrina no se puso de acuerdo si ella exigía premeditar el modo, el medio o la ocasión, o si estaba ya comprendida por el hecho anticipado de querer matar (4), y cuando alguno de estos delitos la nombra es sólo para acompañarla de otra cosa, no por sí sola.

Entonces hay un homicidio cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. Aun así, ya no es una pura premeditación, sino que, podríamos entender mejor, es una preordenación. III. Los distintos homicidios agravados del artículo 80 1. Precisamente, una de las formas de exclusión de la figura básica del art.79, es la agravación, por distintos motivos, del art.80.

Estos motivos son: el vínculo de sangre o conyugal; (la muerte del “ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo son —inc.1°—); los modos de comisión (“Con ensañamiento, alevosía, veneno, u otro procedimiento insidioso” —inc.2°—); y “Con el concurso premeditado de dos o más personas” —inc.6°—); los móviles que se hayan tenido en cuenta (“por precio o promesa remuneratoria” —inc.3°—) y “por placer, codicia, odio racial o religioso” — 4°—); el medio utilizado (“por un medio idóneo para crear un peligro común” —inc.5°—); la conexidad con otro delito (“para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito” —inc.7°—); la condición de la víctima (“un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición” —inc.8°—); la condición del autor (“abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario” —inc.9—); y, por el estado militar (“frente al enemigo o una tropa formada con armas” —inc.10—).2.

a) En el homicidio vincular (inc.1°) se trata del homicidio del ascendiente, descendiente y cónyuge, sabiendo que lo son. El nombre, parricidio, de paso sea dicho, se refiere tanto al descendiente o ascendiente como al cónyuge, aunque es más propio llamar a este último caso como conyugicidio.

  1. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el uso de la palabra parricidio no tiene originalmente, y según parece por los estudiosos del derecho romano, el significado de matar al padre sino el significado de matar a “un par”; por eso parricidio.
  2. ¿Y porqué “par”? Eso se traduce como matar a un igual, a un par, que no es entonces el esclavo o el hijo, que no eran “pares”, ya que se podía matar al esclavo o al hijo sin tener que responder ante nadie por ello.

Tengamos en cuenta, para ver la gravedad de la muerte inversa, la del hijo que mataba al padre, la pena culleum, que consistía en ser tirado al Tíber el asesino o al mar, en una bolsa de cuero donde había un mono, un gallo, un perro y una serpiente, vivos.

  1. Dicho sea de paso, con el tiempo esta pena se usa simbólicamente.
  2. El culpable es encerrado en una bolsa donde estos animales están dibujados.
  3. Aquí hay dos problemas que han tenido discusión: qué pasa cuando el homicidio es entre adoptante y adoptado.
  4. Y el otro tema en discusión es, la forma omisiva del parricidio.

La pregunta que se han formulado algunos autores es ¿puede cometerse parricidio por omisión? Algunos maestros de la literatura penal chilena han dicho que no se puede cometer parricidio por omisión.a.1) ¿El adoptante y el adoptado están incluidos en las previsiones del inc.1 del art.80?.

La mayoría doctrinaria dice que no. Por el contrario sostienen que si el adoptado mata a su padre biológico, no es parricidio, sino homicidio simple, como lo que mata a su adoptante. Lo mismo le pasa al adoptante que mata a su padre biológico. Varacalli y Santoianni han sostenido, en soledad, según creo, un criterio diferente: si se trata de adopción plena, dicen, esto conforma un nuevo estado de familia.

La muerte del padre biológico es homicidio simple. Pero la muerte del adoptante será un homicidio calificado. En cambio, si la adopción es simple, el lazo con el padre biológico no ha desaparecido, y la muerte de él por el adoptado será parricidio; como no lo será, y será homicidio simple, la muerte del adoptante, y a la inversa.

La objeción que puede hacerse es que esta interpretación sería, gravemente, in malam partem, al llevar a la pena perpetua a los autores.a.2) Con respecto al parricidio por omisión, Bustos Ramírez y Politoff, en Chile, en base a ideas del primero (5), han observado que la razón de encarecer la conducta homicida es el vínculo, y que también el vínculo es lo que fundamenta la posición de garante.

Por esta coincidencia, ante la supuesta violación del principio ne bis in ídem, los autores mencionados, en su obra “Derecho Penal Chileno”, dicen: no puede haber parricidio por omisión. La observación es original e ingeniosa; sólo puede haber homicidio por omisión.

En España, Diez Ripolles y Gracia Martin, han argumentado en contra de los autores chilenos. Dicen que la posibilidad de apreciar parricidio por omisión no es objetable, sin embargo, si se parte de una teoría material de la posición de garante y se entiende que no es la relación vincular lo que fundamenta aquella, sino la relación de dependencia en que se encuentran unas personas con respecto a otras.

Por ejemplo el niño con respecto a sus padres. Ahora bien, si se advierte que esa relación de dependencia puede tener lugar entre personas que no tienen vínculo alguno, como entre el niño y la persona que asume su cuidado, en rigor se patentiza que no es la relación de parentesco, sino la de dependencia, la que crea la posición de garante (6).

B) Las circunstancias extraordinarias de atenuación fueron incluidas en el homicidio vincular o parricidio por la ley 17.567 (Adla, XXVII-C, 2867), por el trío de juristas formado por Soler, Fontán Balestra y Aguirre Obarrio. La idea contemporizó una forma del parricidio que incluía, según era una experiencia que se iba dando —estamos en el año 1968—, por la que se aceptaba que la familia estaba en decadencia cada vez más creciente.

Los lazos afectivos estaban debilitados; se asistía a entuertos familiares graves, el hijo y el padre estaban enfrentados, comenzaba a ser común comprobar delitos entre ellos, el hijo o la hija podía atribuir al padre, abusos sexuales en la infancia; existían diferencias de trato entre el padre y los hermanos, algunos favorecidos en relación a los otros; problemas económicos de desavenencias eran comunes.

  • También malos tratos en la infancia.
  • Por su parte, los padres se quejaban de haber criado hijos que a poco de crecer se emancipaban de sus domicilios, construían una vida independiente y desafectiva, egoísta y desagradecida.
  • Los hijos abandonaban a sus padres, de grandes.
  • Los geriátricos comenzaban en esa época a ser un instituto muy visto.

Los hijos abandonados o no reconocidos también son cosas comunes. En medio de ese estado de cosas, se incluye en el Código Penal por la ley 17.567 y al final del art.80, y en referencia al inciso primero, las circunstancias extraordinarias de atenuación.

Este fue un adelanto de la ley argentina que espeja algo ocurrido en Europa donde en diversos países no se incluye exactamente esto de las circunstancias extraordinarias de atenuación, pero está presente el reconocimiento de la decadencia de la familia, y la desafectividad entre sus miembros; esto lleva a hacer desaparecer del Código Penal, el homicidio llamado parricidio, y en aceptarlo directamente como un homicidio simple.

Singularmente, el resultado al que se llega es el mismo o muy parecido; obsérvese que en nuestro país las circunstancias extraordinarias de atenuación implican a una pena de ocho a veinticinco años. Que es precisamente la del homicidio simple (7). c) El dolo eventual se ha negado en el parricidio partiendo de la expresión “sabiendo que lo son”.

  1. Se ha dicho que si el hijo sabe que quien mata es su padre, no puede haber dolo eventual, sino dolo directo (Buompadre, Borinsky).
  2. Pero en realidad, cumpliéndose el requisito “sabiendo que lo son”, se puede dar, también, el dolo eventual.
  3. El caso a describir es el siguiente: un hombre, desde la terraza de su casa, ve venir, por el camino, a su padre, acompañado de un amigo de éste, que es un enemigo acérrimo del observador.

Este hombre ha arruinado su matrimonio, de una manera irreversible. Decide matarlo. Se encuentran, padre y amigo, a más de cien metros. El observador no tiene buena vista, se sabe mal tirador, su arma no es de precisión a esa distancia, y sin embargo, admitiendo aun la probabilidad de que mate a su padre, el observador dispara, y el padre cae herido de muerte.

  • No hay dudas que este es un caso de dolo eventual.
  • Objetivamente las circunstancias que hemos mencionado estaban mostrando que para el tirador existía probabilidad de matar a su padre.
  • Y sin embargo, disparó.
  • Es un caso de dolo eventual; que nada tiene que ver con el “saber” del tirador, que el hombre que podía morir era realmente su padre.

IV. El homicidio con ensañamiento En el inc.2 del art.80, está la agravante por ensañamiento y su vinculación y distinción con el acometimiento furioso o salvaje del homicida y la paralela problemática que, en forma paradojal, compatibiliza algunos casos de ensañamiento con inimputabilidad.

  • El centro del homicidio por ensañamiento es el dolor.
  • Hacia allí va la intención del victimario.
  • Es una forma deliberada de matar haciendo sentir el dolor; o en el momento de la muerte o en un momento inmediato anterior.
  • Que la persona muera, sufriendo.
  • En el acometimiento salvaje, el autor quiere aniquilar a la víctima.

Se lo ve en homicidios pasionales. Hay muchos disparos, se vacía el cargador del arma o hay muchas puñaladas. El blanco de la conducta, sin embargo, no es el dolor. La conducta está dirigida a asegurar la muerte. Por el otro lado, la conducta de alguien que mata con tantas puñaladas, algunas de las cuales ya han logrado, seguramente, la muerte, debe ser analizada, conforme a los maestros que se han ocupado del tema, como posible estado de inimputabilidad.

Como tantas veces en el derecho penal, los extremos se tocan, pero “por detrás” de la situación que se produce. “Hacer sentir la venida de la muerte”, y “actos innecesarios para matar”, son expresiones que sintetizan la esencia del homicidio ensañado. En la primera el acto es moroso. El autor trata de no herir lo suficiente para que la muerte se produzca inmediatamente.

Todo lo contrario, quiere que la lesividad de las heridas produzca dolor y que la muerte se demore. Se hace sentir al sujeto pasivo que la muerte va a producirse, “pero todavía no”, para que sufra sabiendo de su proximidad; de que su vida, termina. La jurisprudencia ha aceptado mas adelante que en casos en que la muerte se producía por el incendio de la víctima, también había terribles dolores y aceptó esto como conducta agravada por ensañamiento.

  • La expresión “hacer sentir la venida de la muerte” no daba encaje a una conducta así.
  • El dolor era terrible, pero la muerte llegaba enseguida.
  • Se usó entonces esta expresión más abarcadora: “actos innecesarios para matar”.
  • No había necesidad de recurrir a lo que se hizo.
  • Y al no haber necesidad se utilizó un procedimiento sumamente doloroso, que era en definitiva, un ensañamiento.

No debe confundirse el ensañamiento con la conducta de dar muchas puñaladas o efectuar muchos disparos de arma de fuego. Esto se trata de un acometimiento furioso, salvaje. El autor quiere aniquilar a la víctima. Estar seguro de su muerte. No busca el dolor, aunque el mayor dolor puede ser consecuencia del método de muerte que elige.

En cuanto a la inimputabilidad, ese proceder desbocado, sin límites, es de aquellos que hacen decir al lego, ¡qué locura!! (8). Esta expresión del vulgo muestra la compatibilidad de una situación de inimputabilidad, más allá aun de la “emoción violenta”, que roza la enorme, impresionante, gravedad de la conducta.

Son en realidad, extremos que se tocan, pero por detrás de la realidad en que se manifiestan. Lo más grave, y al mismo tiempo, la posibilidad de que eso sea inexistencia de culpabilidad, por no saber el sujeto activo lo que hace, o aun sabiéndolo, no pudiendo dirigir su conducta.V.

  1. El homicidio con alevosía En el mismo inciso 2°, está la alevosía, la más discutida de todas estas circunstancias de agravación, con la problemática alrededor de lo que es realmente matar sobre seguro, y su relación necesaria o no de la alevosía con la premeditación.
  2. Aclaremos desde ahora que lo que debe ser segura es la muerte de la víctima, y no cualquier otra cosa referida con posterioridad a la impunidad del autor.

La alevosía presenta los problemas más serios entre todos estos delitos del art.80; sólo comparables a los problemas existentes entre el criminis causa y su alter ego, el robo con motivo u ocasión del cual, resulta un homicidio, o sea el delito del art.165 del Código Penal.1.

  • El actuar “sobre seguro”.
  • Uno de los problemas más serios que tiene la alevosía es la confusión entre distintas formas de actuar “sobre seguro”.
  • Los españoles han definido que actuar sobre seguro se refiere a tener la seguridad de lograr éxito al matar.
  • Esto puede venir de la indefensión de la víctima, en el caso de lo que se llama acechanza con c, o de lo que se llama asechanza con s.

La acechanza con c es el guet apens francés, que considera la espera de la víctima en un lugar por la que ésta pase y pueda el sujeto activo tomarla de sorpresa, y de esta forma llegar al producido exitoso de su cometido: la muerte. Actuará sobre seguro si ese actuar no podía fallar en la muerte, por las condiciones de su ejecución.

También actuará sobre seguro en el caso de la asechanza el sujeto activo que halla dispuesto de tal manera el engaño, la treta en que deberá caer la víctima por la trácala que se le impone, que no haya posibilidad de que vaya a ser no exitoso el cometido de muerte. Siempre observemos que es el proceso del homicidio, cómo éste se va a desarrollar en su cometido, que para el sujeto activo se experimente como un actuar sobre seguro de llevarse a cabo en la muerte del sujeto pasivo.

Ahora, que otras cosas, pueden significar actuar sobre seguro: y aquí entramos a un camino incierto o incorrecto. El sujeto activo puede estar sobre seguro que no será reconocido; que no será señalado, o que si es señalado no tendrá problemas, porque la policía está de acuerdo ilícito con su gestión, y en esto radicará su seguridad.

O porque lo espera a cien metros del lugar de la muerte un helicóptero que lo pondrá a salvo de la persecución policial; o porque una hora después del homicidio lo está esperando un avión particular que lo llevará a Montevideo en minutos; o en definitiva, estará seguro porque la justicia es cómplice de ese homicidio, y no lo investigará, y de ahí tiene planeado viajar a un lugar remoto, todo lo que se halla preparado eficientemente.

Todas estas formas de seguridad no se refieren al acto homicida, sino a las consecuencias del acto homicida, que se encuentran anuladas, o sea a la impunidad por el mismo. Ahora bien, este no es el verdadero actuar sobre seguro, lo que el Código Tejedor 1885 definía de esta manera: “muerte segura”, que es mucho más claro en el sentido que estamos explicando, que matar “sobre seguro”.

Esta última expresión puede confundirse con la impunidad. En cambio, “muerte segura”, es lo que da la clave del asunto (9).2. Los niños, los incapacitados, los ancianos, como victimas. Otro tema es el siguiente: con respecto al homicidio de niños o incapacitados, ha sobrevenido una larga discusión. En España, Quintano Ripolles ha dicho: “nada hay más alevoso que el homicidio de un párvulo” (10).

Y Muñoz Conde recuerda: “según una copiosa jurisprudencia la muerte de niños, ancianos o impedidos, etc., debe considerarse siempre como alevosa” (11). González Rus, agrega: “Consustancial a la alevosía es que la víctima no pudiera defenderse, por lo que si esa debilidad falta no hay alevosía.

Resulta censurable por ello el criterio jurisprudencial de aceptar la alevosía sólo cuando se adosan a la indefensión natural del niño, otros aspectos, como si se considerasen necesarios. Y negarla, si esos aspectos no se dan” (12). Pese a estas opiniones de los maestros españoles y a muchas otras coincidentes, en Argentina se ha exigido que para que la muerte de un niño sea alevosa se den esos aspectos a que se refiere González Rus (13); es la teoría subjetiva.

Cómo apreciar que se enviara a la madre del niño a hacer unas compras y con esto, distraerla del cuidado del niño, lo que ocurrió en un célebre caso. En esta tesitura, Buompadre, por ejemplo (14), coincidiendo con Núñez y con Fontán Balestra. Es que el desarrollo tanto del ensañamiento como de la alevosía, se han hecho en nuestro país, separadamente de la tradición española acerca de estas circunstancias.

A lo que hay que agregar, que después, en el Código español de 1995, en su art.22, la alevosía aparece definida como “cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, formas y modos que atienda directamente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona proceda de la defensa de la víctima”.

Esta definición es incompatible con aceptar la alevosía en la muerte de niños, personas incapacitadas, etc., si no están los medios, modos o formas que tiendan directa y especialmente a asegurar la ejecución. Pero nosotros, que no contamos con esta definición legal de la alevosía, y que hemos hecho una construcción aparte de ella, debiéramos considerar que aprovecharse de la indefensión natural de un niño es por razonabilidad, aprovecharse de una indefensión suma, y por tanto, es claramente alevosa, para lo que nos vale la opinión de los maestros españoles citados y de muchos otros, antes del Código de 1995.

  • Pensamos que la extrema indefensión de estas personas incapacitadas ni siquiera ha sido negada con exigencia coherente.
  • ¿De dónde sale que la indefensión tiene que ser una circunstancia y no un estado? (15).
  • ¿Quien prohíja esta concepción contraintuitiva, que nadie defiende con verdaderos argumentos, sino con citas de autores argentinos, que a su vez citan a otros, y éstos a su vez a otros más remotos, que lo dijeron antes, sin decir nadie el porqué, lo lógico del requisito? ¿Qué sujeto pervertido y cruel necesita de algo más, de engaño, de artificio, de acechanza o asechanza, de traición o prodición, para tomar una criatura de pocos años, de la mano y llevársela a comprar unos caramelos, para seguidamente matarla a golpes? (16).

Se nos dirá: “allí no hay alevosía”. He aquí otro problema de los homicidios agravados. VI. El homicidio por precio 1. Los principios de la participación. En el inc.3ro, el homicidio es “por precio”. Aquí la discusión puede ser por el precio, qué es precio y qué cosa no es precio.

  • Y por la colaboración amistosa de terceros sin interés económico en el homicidio encargado.
  • Personas que no cobran precio.
  • ¿Qué pasa con estas personas? Y la observación de que en el homicidio por precio se abandonan los principios de la participación.
  • Ya que es necesario que ambas personas, el mandante y el mandatario estén presentes en la investigación, porque de no ser así es posible que el ejecutor tenga él el propósito personal de dar muerte.

Y el dolo eventual en el mandante que encargó, no el homicidio, sino lesiones. ¿Puede ser responsabilizado por homicidio, como ocurrió en el famoso caso “Casielles”, entre los dueños de la desaparecida confitería Jockey Club, de las calles Sarmiento y Cerrito, de Buenos Aires, hace cincuenta años? Cuando la catadura del encargado de la muerte indicaba la posibilidad de que se apartara de producir lesiones y llegara a dar muerte, se dijo en ese caso, el mandante era responsable del homicidio por dolo eventual (el fallo fue por esto muy criticado por Jimenez de Asua).2.

La intervención del amigo, del sirviente, del empleado. En el homicidio por precio, o “por encargo” siempre que esto último sea por precio, la discusión se ha puesto de manifiesto, particularmente, en un tema sobre el que los autores se encuentran desconcertados: ¿qué pasa con el colaborador amistoso del mandatario, que actúa por su amistad, agradecimiento, y por formar parte de la servidumbre del mandante?.

Dice Quintano Ripolles: “La cuestión quizá más interesante y ardua, peculiar del asesinato venal, que es la de si el precio opera cualificando a los partícipes o al amigo que, desinteresadamente, cooperan al asesinato pactado entre el amo y el verdadero sicario.

La solución de este problema de comunicabilidad es sumamente dudosa, no resuelta a mi conocimiento, por la doctrina y la jurisprudencia. En principio, tratándose en el precio de un elemento real y objetivo debiera comunicarse por el mero conocimiento a tenor de las reglas ordinarias del art.60 (art.45 de nuestro Código Penal); ello, no obstante, repugna a la naturaleza de la modificación que debiera ostentar el asesinato, pero que desgraciadamente no ostenta en nuestro derecho.

Conforme a él y a las características objetivas y civiles que le son peculiares, mediando el asesinato surge y persiste erga ommes, como surge la compraventa en el derecho privado, también, frente a quienes no contrataron. La solución, repito, es altamente dudosa y como tal, llegado el caso, es harto probable que en beneficio del reo se procediere a la destipificación del asesinato respecto del partícipe no beneficiado de la merced pactada, aunque la conociere” (17).

  • VII. El homicidio por placer También en el inc.3ro está el “homicidio por placer”.
  • Hay un placer no referido exclusivamente al placer de matar sino el placer de hacer otra cosa distinta que matar.
  • Este es un placer distinto al de matar para gozar con la misma muerte del otro.
  • O al placer de sentir una estimulación sexual, matando.

Que son las dos formas reconocidas de placer en el hecho de matar. Este placer de hacer otra cosa distinta que matar y por el cual se mata, lo he observado en el conocido caso de un hombre que está durmiendo la siesta. Una niña de un año y ocho meses insiste en despertarlo y no lo deja dormir.

  1. Entonces el hombre se levanta, coloca la niña debajo de su colchón, y se acuesta para seguir durmiendo.
  2. La niña muere sofocada.
  3. ¿Tuvo el hombre el placer de matar? No.
  4. Lo que tuvo es el placer de seguir haciendootra cosa distinta: de seguir durmiendo su siesta. VIII.
  5. El homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas El homicidio cometido con el concurso de dos o más personas, es en realidad, asistencia de dos o más personas A OTRA, o sea tres.

Aspecto que no concuerda con la opinión de FONTAN BALESTRA, que dice, son dos en total. Es el único que lo sostiene, pero llama la atención su opinión por ser uno de los tres juristas que incorporaron esta circunstancia. Los otros fueron SOLER Y AGUIRRE OBARRIO.

Y aquí el específico señalamiento es que, si se llega al número mínimo de tres exigido por la ley y uno de ellos es un instigador, la figura no se concreta, porque el instigador no forma parte del número que se requiere, taxativamente (tesis de NÚÑEZ, que CREUS tardó en aceptar, según el mismo lo reconoce).

IX. El homicidio conexo o criminis causa 1. La conexidad como una disposición psicológica Y finalmente, llegamos al criminis causa, inc.7°, y a las cuestiones siempre encendidas respecto a su distinción con el art.165, el homicidio que resultare con motivo u ocasión de un robo.

Una distinción que ha dejado todo en discusión, y por eso el alto número de fallos contradictorios. En este caso del criminis causa las claves están dadas por las palabras “por” y “para”. Hay una conexión ideológica, entre uno y otro delito. Este último puede estar antes, al mismo tiempo o después. La secuencia está dada por “para y “por”.

El agente actúa “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro delito”. Como se observa las expresiones “para” y “por” son las que establecen la relación, llamada “conexión ideológica”, que puede ser hacia delante o hacia atrás.

Ahora bien, los autores han coincidido en que la relación psicológica entre ambos delitos comprende o se refiere a tres situaciones: a) la preordenación anticipada o premeditada; b) la reflexiva; y c) la simplemente resuelta. A estas tres situaciones, LOPEZ BOLADO, agrega la de improviso, que surge como consecuencia del intento de reacción de la víctima, que trata de impedir que el robo se consume (este es un criterio que ha sido seguido por una minoría de autores y jurisprudencia).

López Bolado, da el siguiente ejemplo: “En medio de una violación (“abuso sexual con acceso carnal”, en la expresión actual), aparece en el lugar un familiar de la víctima. El agente intenta defenderse, es desarmado, pero toma un cuchillo de la cocina de la casa de la víctima, y con este hiere de muerte al familiar.

  • El homicidio será criminis causa, y no podrá alegarse legítima defensa porque hubo provocación por parte del heridor.
  • Aquí, la decisión del agente es una reacción “de improviso”, no hay una preordenación anticipada ni premeditada, ni hay reflexión, ni siquiera resuelve él libremente la muerte de otro.

Los hechos se dan de tal manera que el sujeto termina matando. No lo pensaba hacer, pero la comisión de lo que estaba haciendo —muy grave— lo pone separado de una verdadera defensa legítima en sí. Su conducta delictual pone un peligro, y este peligro se da; debe matar para defender su vida, pero la expresión “nadie está obligado a dejarse matar” ha perdido su valor esencial”.

Pero este caso, que para López Bolado es homicidio criminis causa, para la mayoría de autores y jurisprudencia es un latrocinio, que es justamente un nombre que antes se le daba al criminis causa, y que ahora es el nombre del delito del art.165 del Código Penal, homicidio que resultare con motivo u ocasión de un robo.

Hay un ataque de la víctima, y el ladrón para no dejarse matar, mata.2. Distintas posiciones de la doctrina en la distinción entre homicidio “criminis causa” y robo con resultado de muerte. A) Según la tesis de SOLER, que siguió LOPEZ BOLADO, quedan ubicados en la esfera compartimental del 165, “homicidio que resultare en motivo u ocasión de un robo”, los homicidios que tienen forma culposa o preterintencional (“dolo en el inicio y culpa en el remate”).

Los que tienen forma dolosa van a parar al art.80, inc.7°. La objeción que se ha hecho a esta distinción es que si no existe conexión ideológica no se puede incorporar a un homicidio cualquiera con la figura del art.80. El ejemplo que se da es el siguiente: unos ladrones, “A” y “B” enterados que un vecino de “B” tiene una fuerte fortuna en su casa, asaltan su domicilio.

Precisamente “B”, advierte que quien está acostada con el vecino es su propia concubina. La mata. Este homicidio, ni está conectado con el robo, ni es un resultado de éste. No tiene nada que ver con la conducta apropiadora, con alguna complejidad o entuerto de ella.

Se trata de lo que se llama “homicidio in rebus veneris”. Por tanto es un homicidio simple que concursará con el robo o su intento, con encaje legal según las características de éste. B) La tesis de Núñez, que siguió Levene, procuró remediar lo anterior. Coincidió en que dentro del artículo 165 están los homicidios culposos y preterintencionales.

En cuanto a los dolosos distinguió los conectados con el robo, que van a parar al artículo 80, inc.7°, y los dolosos sin conexión que se juntan con los culposos y los preterintencionales, en el ámbito conductual del 165. C) La tesis de Fontan Balestra, que prefirió Buompadre, revoluciona las dos tesis anteriores.

Arranca de considerar que no pueden ser culposos los delitos ubicables en el art.165, por la importante pena de esta figura incompatible con una forma culposa. Dice que una pena tan severa (para más en el momento de decir esto la pena era de prisión o reclusión perpetua) no puede ser la de una figura cometida con negligencia o imprudencia.

Por tanto, culmina diciendo, sólo los delitos dolosos simples van al art.165, y los dolosos preordenados o conectados van al art.80, inc.7. D) CREUS prefiere invertir el sistema de clasificación, y parte de la figura del art.80, cuando los otros autores partían del 165.

Así dice: quedan comprendidos en los homicidios del art.165 los que no caen en las previsiones del 80, inc.7°, y que puedan atribuirse a una responsabilidad culposa o dolosa. Ello, separados naturalmente de los homicidios del caso fortuito. La mujer que asaltada se acerca al balcón desde donde pide auxilio, y en su terror se abalanza de tal manera sobre la barandilla que cae al vacío.

Este es el “caso fortuito”. Para más, Creus ubica en el art.165, la muerte de uno de los ladrones por el otro ladrón, cometida sin querer en medio del tiroteo. Y señala sagazmente otra complicación, que otros autores no habían visto: se trata, no de la violencia, sino de la fuerza en las cosas, del robo.

  • Los ladrones quieren tirar abajo una pesada puerta.
  • Hacen fuerza sobre ella y la puerta cae hacia delante golpeando en la cabeza a uno de los ladrones, matándolo.
  • Esto será cargado al otro ladrón, como un “homicidio resultante con motivo u ocasión del robo”.3.
  • Algo más sobre el latrocinio, art.165: ¿es un delito complejo o un delito calificado por el resultado? Se ha dicho que “el vocablo “resultare” no autoriza a interpretar la norma en términos que significarían tanto como equipararla a un delito calificado por el resultado, pues de ese modo se estaría consagrando una especie de responsabilidad objetiva que la ley no ha querido establecer dentro del marco de sus previsiones”.

Se llega por este camino a aceptar que el delito del art.165 es un delito complejo, y no un delito calificado por el resultado. Nosotros tenemos opinión contraria. En nuestra posición, lo dicho por Manigot: “Si se entendiera que el art.165 del Cód. Penal, por la mera circunstancia de contener dos resultados, consagra una forma de responsabilidad objetiva, lo mismo cabría decir de buena parte de los modos culposos de delinquir.

Mediante el art.165 se advierte que si se asume la conducta de robar y con motivo u ocasión del robo resulta un homicidio, entonces a dicha conducta le corresponderá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, y no se advierte de qué manera podría suponerse que quien roba no está en condiciones de, como mínimo, “haber podido prever” el resultado mortal o no incurre en la violación del deber de cuidado en tal sentido.

Es más que obvio que quien inicia una empresa como la de robar (fuerza en las cosas, violencia física en las personas) incurre como mínimo en la denominada “culpa inconsciente” o “sin representación”, respecto de lo que pudiera derivar (a partir, por ejemplo, de la resistencia a producirse) de tal peligrosa empresa”.

También piensa que es un delito calificado por el resultado, CREUS. La vocal del tribunal Supremo de la provincia de Córdoba, Aída Tarditti, ha desarrollado en calificado voto, y coincidiendo con Creus, la tesis siguiente: “El delito del art.165, robo con homicidio, no es un delito complejo, o por lo menos no lo es siempre y exclusivamente, lo que impide calificarlo en esta categoría, sino un delito pluriofensivo o de ofensa múltiple.

La diferencia radica en esto: en el delito complejo, la estructura de un tipo reúne en una unidad dos o más tipos. Esto no ocurre en el artículo 165, que implica una pluralidad de bienes jurídicos afectados. Esta reunión es más afín con los delitos calificados por el resultado”.

En este sentido sostiene que el delito del art.302, emisión de cheques sin provisión de fondos, que ataca a la fe pública y a la propiedad, es también un delito pluriofensivo, pero no es un delito complejo. En cambio, el robo con lesiones configura un verdadero delito complejo (art.166, inc.2°, Cód. Penal).

Pero a diferencia del robo con lesiones, el robo con homicidio (art.165), no sólo incluye el, o los, resultados mortales provenientes de las violencias en las personas, típicas del robo; incluye también los resultados provenientes del empleo de la fuerza del robo (víctima que fallece de terror a raíz de la fractura de la puerta por los autores del robo) y las vinculadas con las violencias no típicas, tal como ocurre con la muerte de la víctima —ya dominada— porque le reprochaba al autor su conducta, o las que sufre un tercero, muerto por las acciones de defensa de la víctima, de quien la ayuda o de las fuerzas del orden.

El abanico de posibilidades abarca la culpa y el dolo, salvo que se trate de un plus doloso: el que corresponde a la figura del art.80, inc.7°, dónde además de representarse y querer, se incluye una conexión ideológica entre robo y homicidio” (18). Estamos absolutamente de acuerdo. (1) Por ejemplo, en Uruguay, el art.312 del Cód.

Penal, que se refiere a los homicidios agravados, tiene pena de quince a treinta años de penitenciaría; y algunos de los homicidios agravados, art.311, por vínculo, por veneno, tiene aun pena menor, hasta veinticuatro años, de penitenciaría; en el Paraguay, los homicidios agravados tienen hasta veinticinco años, art.125: en Colombia, la pena llega hasta cuarenta años, art.104; en Ecuador hasta veinticinco años, art.450; en Nicaragua, hasta veinticinco años, art.126.

  • 2) CSJN, 5/9/06, “Gramajo, Marcelo E.”, JA, 2007-I-530.
  • 3) Esto no ocurre, por ejemplo, en el Código del Uruguay, donde la premeditación se mantiene por sí sola como agravante del homicidio.
  • El art.311 de dicho Código, expresa: “El hecho previsto en el artículo anterior (310, homicidio simple) será castigado con diez a veinticuatro años de penitenciaría, en los siguientes casos: 1.

Cuando se cometiera en la persona del ascendiente o descendiente legítimo o natural, del cónyuge, del concubino o concubina “more uxorio”, del hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo.2. Con premeditación.3. Por medio de veneno.4. Si el sujeto fuera responsable de un homicidio anterior ejecutado con circunstancias atenuantes”.

4) En el derecho comparado, de manera distinta a nuestro Código, la premeditación aparece sola, calificando la conducta, en los códigos penales de Honduras (art.117, 2); Uruguay (art.311, 2; Chile (art.391, Quinta); Italia (art.577, 3); Panamá (art.132, 2) y Nicaragua (art.134, 4). (5) BUSTOS RAMIREZ, Manual de Derecho Penal, Parte especial, p.29.

(6) DIEZ RIPOLLES – GRACIA MARTIN, “Delitos contra bienes jurídicos fundamentales”, p.150 y ss. (7) El hecho de que no existan en España las llamadas “circunstancias extraordinarias de atenuación” ha planteado en otros términos el problema de determinar cómo actúa la agravante del homicidio.

  1. Por eso dice BACIGALUPO: “Desde un punto de vista, la agravante tiene un efecto automático: dado el vínculo parental debe aplicarse, ya que el parentesco es lo decisivo, pero no una efectiva relación de afecto que pueda existir.
  2. Hay una presunción que puede ser falsa en cuanto a esto último.
  3. Y esto choca con la tesis de la sustantividad que postula una corriente interpretativa”.

El parricidio, conforme a la idea de BACIGALUPO, no puede constituir un delito autónomo sino una forma agravada de homicidio. Sino se cae en la presunción iuris et de iure de la mayor culpabilidad en todos los casos, deducida a su vez de la presunción de una verdadera relación de afecto entre los parientes.

¿Qué razón habría para agravar la pena del que mató al padre o al cónyuge que ha tiranizado vilmente a toda la familia o para tratar plenamente como parricida a la mujer que mató al marido que la ha ultrajado y maltratado durante tantos años? Es evidente que en estos casos, más que una agravación, cabe pensar antes en una atenuación de la pena fijada para el homicidio.

Para fundamentar más lo que dice, recuerda BACIGALUPO, que esta forma específica de calificación no se encuentra ya en los códigos de Alemania Federal, Austria, Holanda o Suiza” (Los delitos de homicidio, p.68 y siguientes). (8) Es lo que sucedió en el recordado caso “Fabián Tablado”, en el que fuimos defensores.

(9) Ver en extensión sobre este punto, el muy inteligente libro de PAGLIERE (h.), “El homicidio insidioso. El remoto origen del obrar sobre seguro”, como lo enseña VALDEAVELLANO es “cuando se había dado muerte a alguien durante una tregua o habiendo asegurado previamente a la víctima mediante una fianza o “fiadora de salvo” o de “seguranza”, que no se le haría ningún daño”, obr.

cit., p.209. (10) QUINTANO RIPOLLES, “Tratado”, t. I, p.272. (11) MUÑOZ CONDE, “Derecho Penal. Parte especial”, p.51. (12) En este sentido, se ha pronunciado siempre la jurisprudencia en España, apreciándolo en un caso de agresión a un niño de dieciséis meses (STE, 20/12/93, RA 9578), o a un menor (STE, 29/3/93, RA, 2568), o en caso de un anciano de setenta y nueve años, enfermo en cama (STE, 25/10/94, RA, 7006).

  1. Siempre que la víctima sea un niño de corta edad, el homicidio es alevoso” (Doctrina penal del Tribunal Supremo de España, t.
  2. II, p.3481 3442, citada por FONTAN BALESTRA, “Tratado”, t.
  3. IV, p.93).
  4. 13) “Se ha tenido por cierto que el imputado se decidió a matar sin riesgo y que para poder obrar de ese modo, buscó un lugar obscuro y solitario, adonde llevó al niño y lo mató, disimulando su propósito homicida ante los ocasionales terceros que encontró en el trayecto, con una actitud engañosamente afectiva y protectora (“como el menor lloraba pidiendo por su madre, él lo palmeaba diciéndole que lo llevaba con ella”); ello satisface el elemento subjetivo de la alevosía” (TS Córdoba, Sala Penal, 19/6/1985, LLC, 1986-425).

Nos parece que está claro que el artificio o engaño no fue para llevarse al niño, y más que engaño puede hablarse de “disimulada”, en lo que refiere a la conducta, que se dice, realizó el autor. Como la operatoria mortal aun no había empezado, tampoco puede decirse que “arteramente se evitó la defensa por terceros”.

  1. Sería hilar demasiado fino sostener que el elemento subjetivo de “obrar sin riesgos” estuvo aquí cumplido porque se eligió un lugar solitario.
  2. Esto es absolutamente natural, ninguna muerte de este tipo, ni un simple homicidio, se realiza deliberadamente en un lugar público.
  3. Por lo tanto, este caso es el de la muerte de un niño indefenso, sin agregados de los que se reclaman desde la teoría subjetiva, para que un hecho como éste se trate no de un homicidio simple sino de un homicidio alevoso.

Demás está decir que estamos absolutamente de acuerdo en lo sustancial del fallo. (14) BUOMPADRE, Derecho Penal, Parte especial, t. I, p.118. Participa del criterio negativo, el prestigioso jurisconsulto correntino, “pues resulta imprescindible que la víctima posea aptitud de defensa pero que se torna totalmente inoperante frente a la acción del autor que la ha colocado en esa situación objetiva de indefensión”.

  1. En otras palabras, si la indefensión es un “estado” y no una “circunstancia”, no hay alevosía.
  2. Por su parte, NÚÑEZ cita con complacencia un fallo que dice que es “doctrina pacífica en la interpretación de la ley penal argentina, que la mera ausencia de riesgo o de peligro para el victimario no constituye alevosía, sino que es menester además que éste haya procurado esa situación, o por lo menos, aprovecha de un ‘estado ocasional de indefensión no permanente’ de la víctima, y de manera tan principal, que su inexistencia excluye de plano la agravante calificativa de que se trata” (CNCriminalCorr, 24/4/51, LA LEY, 62-744).

La comilla simple es nuestra. (15) En el sentido que criticamos, este fallo: “Por la sola condición de la escasa edad de la víctima —dos meses— no resulta posible aplicar la agravante de alevosía prevista en el inc.2°, del art.80, del Código Penal. La alevosía requiere además que el sujeto activo aproveche el estado de indefensión para la obtención del resultado previsto, la muerte” (CNCasPenal, Sala III, 6/8/98, LA LEY, 1999-C, 298).

¿Qué diferencia hay entre la pena de muerte y la cadena perpetua?

La pena de cadena perpetua se aplica para los delitos de mayor gravedad y la encontramos en los casos que se sancionaban con la pena de muerte, por ello Savater la denomina como una pena de muerte disfrazada. Lo cierto es que no podemos hablar de la pena de cadena perpetua sin considerar la pena de muerte.

La pena de cadena perpetua responde a un desarrollo complejo, ya que su aplicación nació como un sustituto de la pena de muerte. En la actualidad, tal como veremos, muchos países no la regulan con esa denominación, pero si como una pena a perpetuidad o, simplemente, de larga duración, que en la práctica, aunque el penado tenga la posibilidad de salir de prisión, haciendo uso de su libertad condicional, a través de un indulto o el perdón, lo que es casi imposible de obtener-, se convierte en una sanción para toda su vida.

La pena de cadena perpetua, es un tema dogmático-filosófico antes que jurídico, por lo que, tenemos que explicar su evolución como parte de la pena de prisión en sí, así como las principales corrientes que justifican su imposición y retomar el debate de si la pena de prisión tiene eficacia o no.

Este debate tiene su fundamento en el inicio de la filosofía política, que tomaremos como punto de partida para el desarrollo de las penas privativas de libertad. La presente tesis está estructurada en dos partes, cada una dividida en dos capítulos. En la primera parte, que tiene por título ¿Acerca del nacimiento de la prisión como pena¿, analizaremos la evolución de la pena de privación de la libertad, para entender de dónde viene y hacia dónde se dirige, sus fuentes históricas, así como el desarrollo del castigo y el suplicio, que nos permitirán, no solo justificar sus fines bajo una justificación moral, sino que sus argumentos, que por no ser de juristas, no han sido tomados en cuenta en la explicación social del delito.

Esta investigación no solo analiza su desarrollo jurídico, sino que tratamos de ir más allá, de darle un valor dentro de la filosofía del derecho y la política criminal. Analizamos el concepto de la pena de prisión como tal, haciendo énfasis en su evolución histórica, en su desarrollo filosófico-dogmático, en conjunto con la descripción de otros elementos o condiciones, que han modelado la imposición de la pena de prisión más allá de un castigo y a su transformación que ha variado dependiendo de cada momento histórico.

Se hace un análisis partiendo de la antigüedad (el concepto del castigo como origen divino), desde el origen pecuniario de la pena, el uso de la venganza, la importancia de la religión, sobre todo en la noción del castigo y su implementación como método de control social, de humillación pública para los delincuentes, etc., hasta la legitimación del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado como un medio para sancionar y eliminar la delincuencia.

Tomamos en consideración las principales obras que versan sobre la materia, analizando el contenido jurídico y filosófico que motivó la evolución del castigo hacia la pena de prisión, incluyendo la pena de muerte y la pena de cadena perpetua. Con el objetivo de dar una fundamentación filosófica, y, al mismo tiempo, brindar una referencia histórica y jurídica que permita delimitar el tema, haciendo uso, por un lado, del contenido de las leyes, la regulación de los delitos, de las penas y de su correspondiente ejecución, haciendo énfasis en las instituciones políticas y leyes de la cada época.

En el sentido de que, toda privación de la libertad, -y más cuando se trata de una limitación permanente, como la pena de cadena perpetua-, conlleva a una justificación de su legitimación como un fin razonable para proteger a la sociedad y una mejor visión del futuro que considera la resocialización de los presidiarios.

Un aspecto que es necesario considerar en toda sanción y que adquiere mayor importancia cuando hablamos de una pena de prisión, es la trascendencia del principio de legalidad, es decir la tipificación exacta del delito y de la sanción, que limiten el grado de discrecionalidad o margen de apreciación del juez para condenar, en el sentido de que dicha aplicación debe cumplir con los requisitos exactamente consagrados en la ley, así como la consideración de las garantías fundamentales del individuo, que orientan con mayor justicia la aplicación del castigo por el delito cometido.

Se pretende eliminar cualquier tipo de vaguedad en la tipificación del delito, con miras a establecer un derecho que sea justo en la regulación de las infracciones y en la ejecución de las penas, así como una garantía en contra de las arbitrariedades que puedan surgir del sistema que impone la sanción, la protección de la dignidad humana, la seguridad en la interpretación de los derechos, tanto del infractor como de la víctima.

Como punto de partida y su importancia en los fines de la pena, sobre todo en la prevención general y en la culpabilidad jurídico-penal, en conjunto con su aplicabilidad en la normativa española (incluyendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional) y, concretamente, en la ejecución de las penas privativas de libertad, como en sus aspectos en el derecho internacional, en la aplicación de los principales instrumentos internacionales dirigidos a la protección del privado de libertad.

Dentro de la segunda parte, que tiene por título ¿La pena de cadena perpetua vista desde el derecho internacional y derecho nacional¿, entramos al debate moderno de la imposición de la pena de cadena perpetua. Sin partir del dilema de si la pena de prisión es necesaria, justificada moralmente o funcional, sino fundamentando su concepto jurídico moderno, describiendo su aplicabilidad en los distintos ordenamientos jurídicos, analizando su desarrollo jurisprudencial, dando diferentes matices, por así decirlo, de lo que constituye su aplicación hoy en día.

La aplicación de la pena de cadena perpetua se encuentra en una línea muy delgada, ya que genera violaciónes de los derechos fundamentales de los reclusos o provocar un trato inhumano o degradante.

¿Qué diferencia hay entre la pena de muerte y la cadena perpetua?

La pena de cadena perpetua se aplica para los delitos de mayor gravedad y la encontramos en los casos que se sancionaban con la pena de muerte, por ello Savater la denomina como una pena de muerte disfrazada. Lo cierto es que no podemos hablar de la pena de cadena perpetua sin considerar la pena de muerte.

La pena de cadena perpetua responde a un desarrollo complejo, ya que su aplicación nació como un sustituto de la pena de muerte. En la actualidad, tal como veremos, muchos países no la regulan con esa denominación, pero si como una pena a perpetuidad o, simplemente, de larga duración, que en la práctica, aunque el penado tenga la posibilidad de salir de prisión, haciendo uso de su libertad condicional, a través de un indulto o el perdón, lo que es casi imposible de obtener-, se convierte en una sanción para toda su vida.

La pena de cadena perpetua, es un tema dogmático-filosófico antes que jurídico, por lo que, tenemos que explicar su evolución como parte de la pena de prisión en sí, así como las principales corrientes que justifican su imposición y retomar el debate de si la pena de prisión tiene eficacia o no.

  1. Este debate tiene su fundamento en el inicio de la filosofía política, que tomaremos como punto de partida para el desarrollo de las penas privativas de libertad.
  2. La presente tesis está estructurada en dos partes, cada una dividida en dos capítulos.
  3. En la primera parte, que tiene por título ¿Acerca del nacimiento de la prisión como pena¿, analizaremos la evolución de la pena de privación de la libertad, para entender de dónde viene y hacia dónde se dirige, sus fuentes históricas, así como el desarrollo del castigo y el suplicio, que nos permitirán, no solo justificar sus fines bajo una justificación moral, sino que sus argumentos, que por no ser de juristas, no han sido tomados en cuenta en la explicación social del delito.

Esta investigación no solo analiza su desarrollo jurídico, sino que tratamos de ir más allá, de darle un valor dentro de la filosofía del derecho y la política criminal. Analizamos el concepto de la pena de prisión como tal, haciendo énfasis en su evolución histórica, en su desarrollo filosófico-dogmático, en conjunto con la descripción de otros elementos o condiciones, que han modelado la imposición de la pena de prisión más allá de un castigo y a su transformación que ha variado dependiendo de cada momento histórico.

Se hace un análisis partiendo de la antigüedad (el concepto del castigo como origen divino), desde el origen pecuniario de la pena, el uso de la venganza, la importancia de la religión, sobre todo en la noción del castigo y su implementación como método de control social, de humillación pública para los delincuentes, etc., hasta la legitimación del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado como un medio para sancionar y eliminar la delincuencia.

Tomamos en consideración las principales obras que versan sobre la materia, analizando el contenido jurídico y filosófico que motivó la evolución del castigo hacia la pena de prisión, incluyendo la pena de muerte y la pena de cadena perpetua. Con el objetivo de dar una fundamentación filosófica, y, al mismo tiempo, brindar una referencia histórica y jurídica que permita delimitar el tema, haciendo uso, por un lado, del contenido de las leyes, la regulación de los delitos, de las penas y de su correspondiente ejecución, haciendo énfasis en las instituciones políticas y leyes de la cada época.

En el sentido de que, toda privación de la libertad, -y más cuando se trata de una limitación permanente, como la pena de cadena perpetua-, conlleva a una justificación de su legitimación como un fin razonable para proteger a la sociedad y una mejor visión del futuro que considera la resocialización de los presidiarios.

Un aspecto que es necesario considerar en toda sanción y que adquiere mayor importancia cuando hablamos de una pena de prisión, es la trascendencia del principio de legalidad, es decir la tipificación exacta del delito y de la sanción, que limiten el grado de discrecionalidad o margen de apreciación del juez para condenar, en el sentido de que dicha aplicación debe cumplir con los requisitos exactamente consagrados en la ley, así como la consideración de las garantías fundamentales del individuo, que orientan con mayor justicia la aplicación del castigo por el delito cometido.

Se pretende eliminar cualquier tipo de vaguedad en la tipificación del delito, con miras a establecer un derecho que sea justo en la regulación de las infracciones y en la ejecución de las penas, así como una garantía en contra de las arbitrariedades que puedan surgir del sistema que impone la sanción, la protección de la dignidad humana, la seguridad en la interpretación de los derechos, tanto del infractor como de la víctima.

Como punto de partida y su importancia en los fines de la pena, sobre todo en la prevención general y en la culpabilidad jurídico-penal, en conjunto con su aplicabilidad en la normativa española (incluyendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional) y, concretamente, en la ejecución de las penas privativas de libertad, como en sus aspectos en el derecho internacional, en la aplicación de los principales instrumentos internacionales dirigidos a la protección del privado de libertad.

  1. Dentro de la segunda parte, que tiene por título ¿La pena de cadena perpetua vista desde el derecho internacional y derecho nacional¿, entramos al debate moderno de la imposición de la pena de cadena perpetua.
  2. Sin partir del dilema de si la pena de prisión es necesaria, justificada moralmente o funcional, sino fundamentando su concepto jurídico moderno, describiendo su aplicabilidad en los distintos ordenamientos jurídicos, analizando su desarrollo jurisprudencial, dando diferentes matices, por así decirlo, de lo que constituye su aplicación hoy en día.

La aplicación de la pena de cadena perpetua se encuentra en una línea muy delgada, ya que genera violaciónes de los derechos fundamentales de los reclusos o provocar un trato inhumano o degradante.

¿Qué significa tener más de una cadena perpetua?

Significa que aún en el supuesto de que un tribunal revise tu caso y se aplique una reducción de la pena o incluso una libertad condicional, sigues teniendo otras condenas por otros delitos por lo que vas a continuar en prisión indefinidamente.

¿Cuál es la cárcel que van los rugbiers?

¿En qué cárcel están los rugbiers y a dónde irán? Actualmente, los ocho se encuentran en el penal de Melchor Romero, mientras sus familias apuestan a que sean trasladados al Complejo Penitenciario de Campana.

¿Qué es la cadena perpetua en México?

De la Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a desechar de manera inmediata las iniciativas para establecer la cadena perpetua en México.

  • SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE SENADORES Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
  • PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DESECHAR DE MANERA INMEDIATA LAS INICIATIVAS PARA ESTABLECER LA CADENA PERPETUA EN MÉXICO La suscrita, Diputada Federal Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a desechar de manera inmediata las iniciativas para establecer la cadena perpetua en México Se presenta dicha proposición con base en las siguientes: CONSIDERACIONES El 7 de agosto pasado, el señor Felipe Calderón Hinojosa anunció que ese mismo día enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para establecer la cadena perpetua en contra de los secuestradores.

Sin embargo, lo que envió ese día fue un oficio solicitando al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores “tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación del Senado de la República para que a la brevedad posible se sirvan dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal” presentada el 9 de marzo de 2007.

Debido a que en diversos medios de comunicación hicieron notar que no se trataba de una iniciativa sino de la misma que ya ha sido criticada en diversas ocasiones por inconstitucional, el señor Calderón envió al día siguiente la misma iniciativa, que ahora fue turnada a la Cámara de Diputados. El motivo de la presente proposición es llamar la atención sobre la irresponsabilidad jurídica y política del señor Calderón.

No es la primera vez, pero lo que estamos viendo destaca la enorme frivolidad con la que aborda la seguridad pública el actual gobierno federal. Señalo la frivolidad, porque la gente que se encuentra dentro del gobierno ha admitido que la cadena perpetua, además de que no resuelve nada, es inconstitucional y contraviene los diversos tratados internacionales que México ha suscrito en la materia, empezando con la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Constitución de 1957 Constitución de 1917 Reformas de 2005
Artículo 22. Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa escesiva (sic), la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas ó (sic) trascendentales. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales./

Respecto del primer párrafo del artículo 22 constitucional vigente es dable hacer las siguientes observaciones:

Desde 1857 no ha sufrido cambios significativos, tan sólo se agregó como pena prohibida la pena de muerte en diciembre de 2005. Se trata de una lista enunciativa, más no limitativa de penas que están prohibidas, por lo que el legislador secundario (federal o local) no debe establecerlas en la leyes, pues contravendrían a la Constitución. Tampoco las autoridades ejecutiva ni judicial podrán imponerlas. Toda vez que se trata de una enumeración enunciativa, las penas que expresamente prohíbe esta disposición constitucional tienen un doble carácter: están prohibidas y a la vez son un ejemplo de penas inusitadas o trascendentales, de aquí se sigue que pueden existir más penas inusitadas o trascendentales además de las ya previstas en este artículo 22, y por lo tanto también serían indisponibles para las autoridades. En efecto, primero se enumeran las penas que están prohibidas, extendiendo posteriormente dicha prohibición a cualquier sanción penal inusitada o trascendental.

De acuerdo con Ignacio Burgoa: Una pena es trascendental cuando no sólo comprende o afecta al autor del hecho delictivo por ella sancionado, sino que su efecto sancionador se extiende a los familiares del delincuente que no participaron en la comisión del delito.8 Por su parte, la autoridad jurisdiccional mexicana ha sostenido en tesis aislada de la Quinta época9, que las penas inusitadas están prohibidas por la Constitución, toda vez que actualizan alguno de los siguientes supuestos: a) Son penas inhumanas, crueles, infamantes y excesivas; b) Se trata de penas cuyos fines no corresponden a aquéllos que persigue la penalidad, que en términos del segundo párrafo del artículo 18 constitucional es la readaptación social10; entre otras.

  • Tanto la prohibición constitucional de establecer penas inusitadas, como esta opinión jurisdiccional se fundamentan en derechos inherentes al ser humano, tales como el derecho a la integridad física, a no ser sometido a torturas, penas crueles o inhumanas, entre otros.
  • Es interesante destacar que la citada opinión judicial alude a también a que se considerarán penas inusitadas aquéllas cuyos fines se alejen de la finalidad esencial de la pena, al cual consiste en la readaptación social de la personada penada, por medio del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, en términos del artículo 18 constitucional.

Así pues, la prisión vitalicia es una pena que se aparta de la readaptación social del delincuente, pues la misma niega tal posibilidad, ya que al establecer que quien delinquió no podrá ser liberado, también reconoce, a priori, que no podrá ser readaptado.

Entonces es dable afirmar que el Estado mexicano, desde el punto de vista constitucional prohíbe esta pena. Por su parte, varios instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano prohíben las penas crueles e inhumanas así como los malos tratos; reconociendo, entre otros el derecho a al integridad física y moral de las personas.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, en su párrafo 3 dispone: El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Por lo que este acuerdo también prohíbe, implícitamente la prisión vitalicia.

  1. JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PRISIÓN VITALICIA Es importante destacar que los criterios que se presentan a continuación corresponden a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, por lo que se trata de jurisprudencia actual que se emitió entre los años 2001 y 2006.
  2. En primera instancia se presentarán tres jurisprudencias que establecen que la pena de prisión perpetua es una pena inusitada y por tanto prohibida, mientras que las últimas dos son jurisprudencias que modifican a las primeras y emiten el criterio contrario, es decir que la pena de cadena perpetua no es inusitada y que por ende no está prohibida.

Por otro lado, es interesante señalar que las primeras tres jurisprudencias se aprobaron el dos de octubre de 2006 por seis votos a favor y dos en contra, ya que los tres Ministros restantes se encontraban ausentes. El primer criterio se establece en la Tesis P/J 125/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por contradicción de tesis y cuyos rubro dispone: a) Extradición.

La pena de prisión vitalicia constituye una pena inusitada prohibida por el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, por lo que para que se tramite aquélla, el estado solicitante debe compro – meterse a no aplicarla o a imponer una menor que fije su legislación. En este criterio se reconoce que la cadena perpetua es una pena inusitada, pues se aparta del objeto que debe poseer toda penalidad en México, es decir la readaptación social y se encuadra dentro de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional.

El segundo criterio (Tesis P/J 126/2001) es el siguiente: b) Pena inusitada. Su acepción constitucional. Según el espíritu del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el término inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podría concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicación, además de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, sería tanto como aceptar que dicha disposición constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos implicaría la aplicación de una pena inusitada.

Así, por “pena inusitada”, en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad. Por otro lado, la interpretación es sistemática, pues armoniza la disposición en comento con la finalidad de la pena, que de acuerdo con la antes revisado es la readaptación social, por lo que simplemente reproduce el mismo argumento que la tesis anterior.

La tercera tesis que se presenta es la Tesis: P./J.127/2001, que a la letra señala: c) Prisión vitalicia. Constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional. Si por pena inusitada, en su acepción constitucional, se entiende aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines punitivos; ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptación social del delincuente.

  1. Se confirma la inconstitucionalidad de la pena de prisión vitalicia, se afirma la contravención a otra norma constitucional, el artículo 18 constitucional que establece como fin de la pena a la readaptación social.
  2. También se corrobora el carácter de pena inusitada y prohibida por el artículo 22 constitucional.

Ahora bien, con motivo de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 19 de septiembre de 2005, en la acción de inconstitucionalidad 20/2003, en la que se analizó la constitucionalidad del artículo 27 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, el Pleno de la Corte consideró que la pena de prisión vitalicia o perpetua no es contraria al artículo 22 de la Constitución General de la República.

En virtud de lo anterior, algunos Ministros de la Suprema Corte solicitaron la modificación de las jurisprudencias que se revisaron, toda vez que existían dos criterios diferentes, pues en el caso de la acción de inconstitucionalidad, ésta no alcanzó la mayoría calificada de 8 Ministros para tener efectos generales.

Las siguientes dos jurisprudencias son producto de esta solicitud de modificación, las cuales se aprobaron el 29 de noviembre de 2005 con el voto a favor de seis Ministros y cinco en contra. No hubo inasistencias. Tesis P/J 2/2006: d) Extradición. La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, por lo que cuando aquélla se solicita es innecesario que el estado requirente se comprometa a no aplicarla o a imponer una menor que fije su legislación.

Y tesis p/j 1/2006 e) Prisión vitalicia. No constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Simple y llanamente, los seis Ministros que aprobaron estas jurisprudencias por contradicción de tesis se acogen a una recalcitrante postura positivista.

Si la pena de prisión vitalicia no se encuentra en el artículo 22 constitucional que establece las penas indisponibles para la autoridad, entonces está permitida. Esta postura además es muy parcial, pues siendo positivista también debió atender al artículo 18 constitucional, así como a los tratados internacionales firmados por México en la materia.

  • Lamentablemente esta jurisprudencia es obligatoria por mayoría de un sólo voto y modificó la tesis primeramente referidas.
  • CONCLUSIONES Cabe una crítica al sistema para crear jurisprudencia por contradicción o modificarla por este mismo método, pues basta el voto de un solo juzgador para que sea obligatoria, pues no se exige, como en los demás casos para formar, interrumpir y modificar jurisprudencia, de una mayoría calificada, que al menos garantice que la solución adoptada no depende de la opinión de una sola persona, como sucedió en el caso de la naturaleza jurídica de la prisión vitalicia que hasta octubre de 2006 era considerada como una pena prohibida, de las previstas en el artículo 22 constitucional.

Por lo anterior, se propone adicionar el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: Artículo 192. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados, siempre y cuando se aprueben por lo menos por ocho ministros.

7 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre, poe el cual el Poder Constituye Permanentemente derogó la posibilidad de que el legislador segundario impusiera la pena de muerte.8 Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantías individuales. México, ed. Porrúa, 2000.p.662.9 Registro IUS: 313147 Quinta Epoca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, p.2398, aislada, Penal.

Rubro: PENAS INSUSITADAS Y TRASCENDENTES, QUE SE ENTIENDE POR 10 Artículo 18 constitucional. Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.

  1. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
  2. De este texto firmado por el Director de Estudio Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se advierte que en el propio Gobierno del señor Calderón existen juristas serios, que partiendo de la obvia inconstitucionalidad de la última jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión vitalicia, propuso cambiar la forma para sentar jurisprudencia por contradicción de tesis.

Ello denota, sin querer, el carácter improvisado y frívolo de las propuestas legislativas de Calderón, en primer lugar, porque se observa que no consulta a los encargados de estudiar la ley; en segundo, porque hace obvio que no le interesa modificar la conducta de las instituciones a su mando, no le interesa corregir desde adentro, con propuestas y medidas profundas, para lo que sólo recicla iniciativas inconstitucionales cada que la ola de crímenes que su gobierno no puede contener arremete contra la sociedad como lo ha hecho últimamente.

  • Podríamos poner 100 cadenas perpetuas y qué, quién va a detener la delincuencia, cómo va a evitarse.
  • No nos llama la atención que Calderón no pueda responder a dos años de gobierno espurio estas preguntas que deberían ser las que debió haber sabido desde su carísima campaña electoral.
  • Por las consideraciones mencionadas, deben desecharse de inmediato las iniciativas de Calderón para establecer la cadena perpetua en México, por oportunistas, frívolas y notoriamente improcedentes.

En consecuencia, someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO ÚNICO.- Se exhorta a las comisiones de Justicia de las Cámaras de Senadores y de Diputados a desechar de inmediato las iniciativas de Felipe Calderón Hinojosa para establecer la cadena perpetua en México, por oportunistas, frívolas y notoriamente improcedentes, ya que contravienen los artículos 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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